Nicolás Maduro: dictador o inepto

En dos ocasiones, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, calificó al gobierno de dictadura en su primer discurso como jefe del Parlamento el pasado 5 de enero. En este anunció, además, que iba a proponer declarar el abandono del cargo de Nicolás Maduro, lo que efectivamente hizo, y que la oposición quiere organizar unas nuevas elecciones.

Borges le dijo a SEMANA que “el punto de inflexión es el voto”. Asegura que el desconocimiento de un Parlamento electo por 14 millones de venezolanos, “el robo” del referéndum revocatorio y la no realización de las elecciones regionales pautadas por ley para diciembre pasado rebasaron el vaso. El propio presidente lo ha asumido sin empacho. “Me van a llamar dictador, no me importa”, dijo en febrero de 2014.

Ahora, el Ejecutivo gobierna amparado por un decreto de emergencia económica dictado hace un año, que ha ido renovando sin aval parlamentario y sobrepasando los límites constitucionales. La situación es dramática, pues el resto de los poderes desconoce la Asamblea, Maduro maneja a su antojo un Tribunal Supremo que se atribuyó las labores legislativas. Además, más de 100 presos políticos se mantienen encarcelados o en persecución judicial, incluyendo funcionarios electos (tres alcaldes, un diputado, un legislador regional y un concejal) y personas con orden de excarcelación que no se hacen efectivas.

El 11 de enero el Tribunal Supremo decidió que todos los actos de la Asamblea Nacional en 2017 son nulos, una más de las casi 40 sentencias en su contra. Entre ellos, la declaración de abandono del cargo del presidente.Ya en septiembre de 2016 el vicepresidente anunció: “Decimos como Allende, vamos a gobernar sin Parlamento”

En paralelo, el parlamentario Gilber Caro cayó preso por supuestamente preparar planes conspirativos y portar armas de guerra. Aunque protegido por inmunidad, está en un calabozo del Sebin, la Policía política, y lo juzgarán los tribunales militares. Al mismo tiempo, dos concejales electos quedaron detenidos, acusados de conspiración.

Y por si fuera poco, la Contraloría acusó a Henrique Capriles, gobernador de Miranda y principal líder de oposición, de malversación de fondos y podría decretar su inhabilitación política, como la que pesa sobre Leopoldo López, el otro dirigente encarcelado desde hace casi tres años. “Ya yo sé cuál es la decisión. En la posición que me toque estar continuaré con la lucha”, dijo Capriles en su defensa.

Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, afirma que el régimen de Maduro es hegemónico, aunque no sea algo nuevo. Asegura que se trata de un objetivo totalitario diseñado desde tiempos de Hugo Chávez, que fue dominando espacios hasta controlar todos los sectores sociales. “Activaron los mecanismos según lo necesitaban, ya no es por elecciones porque no las pueden ganar”, dice. Es difícil rebatir la tesis, pues el Estado se ha convertido en actor y director en materia de alimentos, medicinas, importaciones, comercio, industria, mercado cambiario y demás.

Seijas apunta, además, que “Maduro ya es prescindible para el chavismo, y también tiene que cuidarse de eso”, y de allí la activación de un Comando Antigolpe encabezado por su nuevo vicepresidente, Tareck El Aissami, quien completaría la gestión hasta diciembre de 2018 en caso de que el mandatario saliera.

El connotado politólogo John Magdaleno ha defendido en Caracas la tesis del “autoritarismo competitivo”, aunque afirma que el entorno venezolano aumenta el volumen de lo primero y disminuye el de lo segundo. Se basa en que la oposición no ha sido suprimida del todo. Desde 2016, Venezuela merece el calificativo de “país no libre” de la ONG Freedom House por la falta de independencia institucional y el irrespeto a los derechos humanos.

La más reciente encuesta de Venebarómetro indica que el 61,4 por ciento de los venezolanos considera que vive bajo una dictadura, incluyendo casi el 10 por ciento de quienes se declaran chavistas. Pero eso no cambia la percepción en la calle: lo importante es la economía. “Aquí hay que hacer colas hasta para comprar pan, que escasea. La política es la política, pero el hambre es prioridad”, dice Carmen Centeno, madre de familia de Caracas.

La economía, en cualquier caso, tampoco escapa. En diciembre, se confirmó que el Estado ha ocupado 635 plantas de alimentos e importa el 80 por ciento de los productos de la canasta básica. Sin embargo, algunos aún se aferran a la idea de que la ineptitud se impone.

El economista Víctor Álvarez no habla de dictadura. A juicio de este exministro de Chávez, el gobierno no comprende la naturaleza de la crisis. “En su obsesión estatista y controladora ha cometido graves errores que han generado escasez, acaparamiento, especulación e inflación. En su incomprensión, atribuye estos flagelos a una supuesta guerra económica que podría ganar si corrige las desviaciones y errores de su anacrónica política plagada de controles, que terminan favoreciendo a corruptos, especuladores y mafias de contrabandistas”.