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¿Venezuela podría cumplir orden de detención solicitada por Rusia contra el fiscal de la CPI?
La visita de Karim Khan se produce menos de dos meses después que el funcionario señalará que en ese país existe una “base razonable” para creer que hubo violaciones “sistemáticas” de derechos humanos.
Venezuela es uno de los principales aliados del régimen del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que recientemente incluyó al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en la lista de personas “buscadas” por la justicia.
Esta decisión ha generado suspicacia sobre si el gobierno de Nicolás Maduro hará efectiva esa orden, en momentos que el fiscal de la CPI adelanta una nueva visita al vecino país.
Pese a la cercanía entre los dos gobiernos, según expertos, no será posible ejecutarla porque se trata de un funcionario de un organismo internacional y por ello tiene inmunidad diplomática.
Por el contrario, de acuerdo con el Estatuto de Roma, que es el reglamento de la corte, las órdenes de captura que emita ese tribunal sí se pueden aplicar a los mandatarios, ya que en estos casos no opera la inmunidad diplomática.
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La visita de Khan se cumple luego de su presencia en Colombia, donde se reunió con el presidente Gustavo Petro, magistrados de la JEP y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.
El fiscal de la CPI destacó que el país cuenta con una administración de la justicia que tiene la capacidad de garantizar que no habrá impunidad en sus investigaciones.
Indicó que Colombia no se constituye en un Estado fallido, por lo que descartó que el tribunal internacional que representa haya considerado la posibilidad de reabrir un examen preliminar al país.
En el caso de la visita a Venezuela, esta se produce menos de dos meses después de que Khan señalara que en ese país existe una “base razonable” para creer que hubo violaciones “sistemáticas” de derechos humanos.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha acusado a Khan de tener una “visión claramente prejuiciada” y el sistema de justicia asegura que responde ante excesos de las fuerzas del orden. El fiscal general venezolano Tarek William Saab sostiene que su despacho ha hecho desde 2017 unas 1.500 imputaciones por abusos contra los derechos humanos.
Sin embargo, familiares de víctimas entrevistados ven en la justicia internacional “la única forma de tener un poco de paz”.
La orden de captura contra el fiscal de la CPI
La orden de captura contra el fiscal de la CPI por parte de Rusia fue expedida dos meses después de que ese tribunal emitiera una decisión similar contra el presidente ruso, Vladimir Putin.
“Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1970. Lugar de nacimiento: Edimburgo, Escocia (...) Buscado en virtud de un artículo del Código Penal”, según el anuncio publicado en el sitio del Ministerio del Interior, sin precisar la índole del delito que se le imputa.
Entretanto, el tribunal, con sede en La Haya, emitió en marzo una orden de captura contra Putin por la “deportación ilegal” de miles de niños de zonas de Ucrania bajo control ruso en el marco del conflicto con esta exrepública soviética.
Esa acusación, asimilable a crímenes de guerra, fue rechazada por el Gobierno ruso, que denunció una decisión jurídicamente “nula”.
Apenas unos días después de la emisión de la orden de captura, a mediados de marzo, la justicia rusa abrió una investigación penal contra Karim Khan y tres otros jueces de la CPI.
Según la investigación, Khan es acusado de haber “presentado cargos penales contra una persona notoriamente inocente” y de “preparar un ataque contra un representante de un Estado extranjero”.
Rechazo a la orden
Entretanto, la Corte Penal Internacional condenó la inclusión de su fiscal en esa lista, tras calificarlas de “inaceptables”.
“La corte continuará con el desempeño de su mandato legal de asegurar la rendición de cuentas por los crímenes más graves”, indicó el tribunal con sede en La Haya en un comunicado.
La CPI añadió que era “consciente y estaba profundamente preocupado por las medidas coercitivas injustificadas de las autoridades de la Federación de Rusia”.
La declaración del organismo instó a los 123 estados miembro de la corte a “intensificar sus esfuerzos para proteger a la corte, sus funcionarios y su personal”.
La foto de Khan fue hecha visible en la base de datos del Ministerio del Interior ruso.
En una declaración separada, el órgano legislativo que representa a los países miembro dijo que estaba “profundamente preocupado” por las medidas contra Khan y los jueces de la corte.
*Con información de la AFP.
