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Veteranos LGBTI demandaron al Pentágono por discriminación; aseguran que fueron despedidos del ejército de EE. UU. por su condición
Rechazan la política ‘No preguntes, no digas’, instaurada durante la Administración Clinton.
Un grupo de veteranos LGBT que fueron expulsados del Ejército de Estados Unidos por su orientación sexual ha presentado este martes una demanda federal de derechos civiles contra el Departamento de Defensa estadounidense.
La demanda colectiva, en nombre de cinco veteranos, se ha presentado ante el Tribunal del Distrito Norte de California, donde han denunciado que el Pentágono eliminó la especificación de su sexualidad de los registros, sin que se haya corregido “esta discriminación continua” que representa una violación de los derechos constitucionales, informa CBS.
“Exigir a los veteranos LGBTQ+ que soporten primero el estigma y los efectos discriminatorios de llevar indicadores de orientación sexual en sus (documentos de baja) y luego navegar por un proceso de corrección de récord roto para buscar una solución viola sus derechos constitucionales a la igualdad de protección, a la privacidad informativa, a la propiedad y al debido proceso protegidos por (...) la Constitución de EEUU”, dice la demanda.
Los demandantes hacen referencia a la política ‘No preguntes, no digas’ (Don’t ask, don’t tell) que se instauró durante la Administración Clinton, en 1993, y que estuvo vigente hasta 2011. Esta medida prohibía a cualquier persona de este colectivo revelar su orientación sexual mientras estuviesen en el Ejército, mientras que también prohibía cualquier manifestación de “su tendencia o intentara mantener prácticas homosexuales” acceder al servicio militar.
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Aunque ha pasado más de una década desde que las Fuerzas Armadas levantaron este veto, miles de personas despedidas durante estas políticas tienen pensiones menores, privándoles de la totalidad de los beneficios. El Pentágono ha remarcado que existe un proceso para solicitar el cambio en la baja, pero los demandantes exponen que están “obligados a revivir el trauma”.
“El proceso impone a los veteranos individuales la carga de pasar meses o años obteniendo registros de personal antiguos antes de que puedan presentar las solicitudes que luego tardarán meses o años en procesarse, además de los años transcurridos desde sus despidos discriminatorios”, alega la denuncia.
Asimismo, indican que el proceso de solicitud es “opaco”, por lo que “muchos veteranos deben contratar abogados para que los ayuden”: “Se ven obligados a revivir el trauma de su baja, y llevan la carga de probar la discriminación a la misma institución que los discriminó”, señalan.
Ampliación de restricciones hacia la comunidad LGTB+ en Hungría
La cadena de tiendas Lira recibió la semana pasada la orden de las autoridades de pagar 12 millones de florines (32.000 euros, 36.000 dólares) por haber vendido “rompiendo las reglas” la novela gráfica Heartstopper que cuenta el amor entre dos estudiantes de secundaria, popularizado por una serie de Netflix.
“La investigación determinó que los libros” de la autora británica Alice Oseman, “aunque representan la homosexualidad, se ofrecían en la sección juvenil, sin estar protegidos por un embalaje hermético”, explicó el gobierno. Una “acción severa” justificada por el deseo de “proteger a los niños”, en virtud de una ley de 2021, objeto de un procedimiento de infracción en Bruselas.
Según este texto, ya no es posible evocar con menores “el cambio de sexo y la homosexualidad”. Esta legislación ya se aplica a las comedias románticas o a las películas clasificadas X, pero hasta ahora había llegado a pocas librerías.
“Ahora, el estado está comenzando a aplicarla de manera aleatoria”, explica a la AFP Krisztian Nyary, director creativo de la compañía Lira. La multa tiene un monto sin precedentes, señala, deplorando “reglas oscuras” y difíciles de respetar.
La situación también es tensa dentro de otra editorial, Libri, que recibió una importante sanción en mayo y luego pasó bajo control de la Fundación Mathias Corvinus Collegium (MCC), cercana al gobierno. El director en Budapest de Amnistía Internacional, David Vig, denunció restricciones “escandalosas” a los derechos.
“El gobierno está utilizando este tema en el período previo a las elecciones locales y europeas de 2024 para movilizar a su base y desviar la atención”, dijo a la AFP, en un contexto de miles de millones de euros en fondos congelados por la Unión Europea y con los precios disparados.