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Fuertes negociaciones en el Senado de Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario
Muchos progresistas temen que el derecho al matrimonio gay esté en peligro.
Intensas negociaciones acerca del matrimonio homosexual se llevaron a cabo el lunes en el Congreso de Estados Unidos, donde un grupo de senadores intenta obtener el respaldo de sus colegas republicanos necesario para proteger este derecho.
En Estados Unidos, las uniones entre personas del mismo sexo fueron garantizadas por la Suprema Corte de Justicia en 2015. Pero luego del histórico cambio de rumbo del máximo tribunal sobre el aborto, muchos progresistas temen que ese derecho ahora esté amenazado.
A mediados de julio, la Cámara de Representantes votó una ley para proteger los matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el país. Todos los demócratas y 47 republicanos respaldaron el texto. Pero casi 160 republicanos se le opusieron.
Y ahora, en el Senado se requiere el aval de diez republicanos para su aprobación debido a las reglas de la mayoría calificada. Desde hace varias semanas, la senadora republicana Susan Collins trabaja con los demócratas para tratar de convencer a sus colegas conservadores de sumarse a su causa.
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El jefe de los demócratas del Senado, Chuck Schumer, estimó el lunes que las negociaciones sobre este texto fueron “fructíferas”. “Su trabajo aún no está terminado, pero los animo a continuar con sus esfuerzos”, dijo desde el hemiciclo.
Una votación sobre un proyecto de ley de respeto al matrimonio (Respect for Marriage Act) podría darse a partir de la semana próxima.
El influyente senador republicano Mitch McConnell, susceptible de pesar en la decisión de muchos de sus pares, aún no ha indicado si votará o no a favor del texto.
En una carta publicada el lunes, más de 400 republicanos (un gobernador, exlegisladores y varios candidatos al Congreso) exhortaron a los senadores de su bando a respaldar la medida.
Congreso de Estados Unidos le pone la lupa a denuncias de violación de DD. HH. en El Salvador
De otro lado, el Congreso de Estados Unidos le puso la lupa a las denuncias sobre presuntos casos de violación de Derechos Humanos por el gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Para analizar la situación, se realizó este lunes una audiencia convocada por la Cámara de Representantes, en la que se analizó el estado de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo pasado y que ha sido prorrogada en varias oportunidades por solicitud del mandatario de ese país centroamericano.
La solicitud fue elevada tras un pico de violencia que provocó 87 homicidios en 72 horas y que llevó al gobierno de Bukele a pedir esta medida extraordinaria, que se ha ampliado en cinco oportunidades por el legislativo de mayoría oficialista.
Según algunas organizaciones, durante los casi seis meses de régimen excepcional, 52.000 salvadoreños han sido detenidos, la mayoría sin una investigación previa, y 76 personas han muerto mientras estaban en prisión o bajo custodia de agentes del Estado.
Noah Bullock, miembro de la organización no gubernamental Cristosal, quien hizo la denuncia, fue una de las personas que participó en la audiencia del Congreso de Estados Unidos.
La reunión congresional fue citada por los representantes James McGovern, demócrata de Massachusetts, y Christopher Smith, republicano de Nueva Jersey, copresidentes de la comisión Lantos.
En la audiencia participó la subsecretaria de Estado asistente para el Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, quien explicó que la administración Biden ha hecho uso de herramientas como la llamada Ley Magnitsky para imponer sanciones a funcionarios de Bukele señalados de negociar con las padillas MS13 y Barrio 18 y la llamada Lista Engel, que nombra a actores antidemocráticos y corruptos en Centroamérica y en la cual aparecen varios allegados del mandatario salvadoreño.
En representación del gobierno del presidente Joe Biden también asistió el subsecretario asistente para Derechos Humanos, Scott Busby, quien junto con la subsecretaria de Estado coincidió en señalar que compartían la preocupación de la comisión por los abusos atribuidos la administración de Bukele durante el régimen de excepción.
*Con información de AFP.
