Perú
Avanza proceso de extradición de Alejandro Toledo a Perú: Fiscalía de EE. UU. pide capturarlo
El expresidente de Perú sigue gozando del beneficio de libertad condicional; no obstante, las autoridades han reconocido que tras la luz verde a su extradición, el riesgo de fuga ha aumentado.
Luego de que el pasado martes se conociera que las autoridades de Estados Unidos dieron vía libre para la extradición del expresidente peruano, Alejandro Toledo a su país de origen, se han conocido nuevas acciones por parte de las autoridades de ese país, encaminadas a avanzar con dicho proceso.
Precisamente, el pasado 22 de febrero, medios internacionales reportaron que la Fiscalía de Estados Unidos elevó una solicitud formal ante un juez de California para que fuera revocada la medida de libertad bajo fianza de la que actualmente goza el expresidente Alejandro Toledo.
Según recogen medios internacionales, la Fiscalía afirmó que “dado que Toledo ha fallado en su intento de suspender el pedido de extradición, y su entrega fue autorizada, Toledo debe ser detenido para que el gobierno pueda entregarlo a las autoridades peruanas”.
Dicha afirmación fue presentada en un escrito radicado ante las instancias judiciales el pasado miércoles por parte de la fiscalía de Estados Unidos.
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En ese sentido, medios internacionales también revelaron que el documento de la Fiscalía fue presentado puntualmente ante el tribunal del distrito norte de California.
De igual modo, en el marco del trámite que se adelanta para la extradición de Toledo, dicho trámite o solicitud radicada por la Fiscalía tendrá que conocer respuesta máximo el próximo 9 de marzo en el marco de una audiencia.
¿Por qué es requerido Toledo en Perú?
El expresidente Alejandro Toledo, quien se desempeñó como máximo dirigente del Estado peruano entre 2001 y 2006, es requerido por las autoridades de ese país en el marco de una investigación que se adelanta en su contra por las acusaciones de corrupción y lavado de activos relacionada con el escándalo Odebrecht, en cuya trama, el exdirigente es señalado de haberse visto beneficiado con una serie de coimas.
Toledo, de 76 años, quien actualmente se encuentra residenciado en Estados Unidos, había sido detenido en 2019 en el estado de California; no obstante, en el marco de la pandemia, y tras el pago de una fianza, desde 2020 fue cobijado con el beneficio de prisión domiciliaria.
Actualmente, Toledo habita en la ciudad de San Francisco, en un sector próximo a la Universidad de Stanford, donde estudió y trabajó; según detallan medios internacionales.
En medio de su prisión domiciliaria, Toledo tiene retenido su pasaporte por parte de las autoridades de Estados Unidos; razón por la que no puede salir de ese país, y además es vigilado a través de un sistema de grillete electrónico.
En medio del escrito con el que la Fiscalía solicita a las autoridades judiciales que Toledo sea arrestado nuevamente, el órgano advierte que, después de que se conoció la luz verde por parte del gobierno de Washington para su envío a Perú, se ha incrementado el ‘riesgo de fuga’, por lo que se advierte que este no debe seguir en libertad condicional.
Cuando Toledo sea enviado a Perú, el exmandatario tendrá que enfrentarse a un proceso en el que la fiscalía local ha solicitado una pena de al menos 20 años de prisión, al encontrarse culpable de algunos de los cargos que se asocian en el caso Odebrecht; escándalo que ha salpicado a varios expresidentes de Perú; y que incluso llevaron al suicidio del expresiente Alan García, quien se disparó cuando iba a ser capturado.
En el caso de Toledo, el exmandatario es señalado de haberse beneficiado de millones de dólares entregados por Odebrecht como coimas, a cambio de la adjudicación de proyectos para el desarrollo de obras públicas en Perú.
El anuncio de Washington el pasado martes, pone fin a una serie de recursos que ha intentado interponer Toledo para frenar un pedido de extradición que fue presentado desde 2018.
Sobre este particular, medios internacionales recuerdan que el juez Thomas Hixson, representante del tribunal del distrito norte de California, ya había dado luz verde a la extradición en el mes de septiembre de 2022, por lo que la decisión había escalado a manos del Departamento de Estado.