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EE. UU. advierte que nueva campaña antiespionaje de China podría ser usada para reprimir a disidencias y extranjeros
El país acaba de ampliar su ley antioespionaje y el Ministerio de Seguridad recomendó establecer canales para que las personas sean recompensadas por denunciar actividades sospechosas.
Una reciente exhortación del Ministerio de Seguridad del Estado chino ha suscitado la preocupación del Gobierno de Estados Unidos.
Este martes, esa cartera expresó que el Gobierno debería estimular a los ciudadanos a tomar parte en actividades de contraespionaje.
Ello incluiría el establecimiento de canales para que las personas hagan sus denuncias sobre actividades sospechosas, por lo cual se darían recompensas.
El ministerio afirmó que, en últimas, se hace necesaria la implementación de un sistema que normalice el involucramiento de los civiles en el contraespionaje.
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Esta recomendación surge tras la entrada en vigor de la ampliación de la ley de espionaje en julio. Entre sus medidas, la disposición restringe la transferencia de información que se considere ligada a la seguridad nacional.
En un panorama de permanente sospecha sobre las actividades de China en materia de seguridad, inteligencia y ciberataques, el portavoz del Departamento de Estados, Matt Miller, expresó casi que de inmediato los resquemores que produce la declaración del Ministerio de Seguridad del Estado chino.
En su rueda de prensa diaria, el funcionario aseguró: “Nos preocupa, desde luego, que se anime a los ciudadanos a espiarse unos a otros. Es algo muy preocupante (...). Seguimos inquietos, además, por el riesgo de arrestos y detenciones arbitrarias en China”.
Al respecto, los antecedentes hablan por sí solos. En años recientes, China ha puesto tras las rejas a decenas de chinos y extranjeros bajo sospecha de espionaje.
Entre los casos sonados se recuerdan los del periodista australiano Cheg Lei, a quien se le señala de vender secretos de China a otra nación, y el de un ejecutivo de la firma japonesa Astellas Pharma.
Una muestra de la creciente desconfianza estadounidense hacia el gigante asiático se vio en julio pasado, cuando el Departamento de Estado emitió una advertencia en la que recomendaba a sus nacionales pensar si seguir adelante con traslados proyectados a ese país, dado el peligro de que fueran víctimas de detenciones injustas.
En la advertencia, el departamento señalaba que “hay un mayor escrutinio oficial de las empresas estadounidenses y de terceros países, como empresas de servicios profesionales y de diligencia debida, que operan en la República Popular China”.
El comunicado especificó lo que podría pasarles a los viajeros una vez en suelo chino: “El personal de seguridad podría detener a ciudadanos estadounidenses o someterlos a enjuiciamiento por realizar investigaciones o acceder a material de acceso público dentro de China”.
Las preocupaciones del Gobierno estadounidense también se basan en el hecho de que la ampliación de la ley antiespionaje consagra que las instituciones deben emprender una “educación antiespionaje”, como parte de sus responsabilidades para contrarrestar esas prácticas.
El ensanche de la ley igualmente amplía las categorías de objetos cuyo robo se clasificará como “robo de secretos” e incluye datos, documentos y materiales y artículos que tengan que ver con la seguridad nacional.
En Occidente ha dejado inquietos a los observadores el lenguaje ambiguo de la ley, que se podría prestar para una interpretación según cada caso.
Ello supone una amenaza para las actividades de representantes de prensa y empresarios extranjeros, pues no hay claridad sobre qué datos o materiales se enmarcan dentro del concepto de seguridad nacional.
Así lo manifestó Cedric Alviani, de la organización Reporteros sin Fronteras, para quien la ley se extiende a “básicamente cualquier tipo de información”.
