El jefe máximo del Ejército de Brasil culpa a Bolsonaro de querer “interferir” en las tropas

El general Tomás Paiva, comandante del Ejército de Brasil, negó que se produjera irregularidades durante las pasadas elecciones que dieron como ganador a Luis Ignacio Lula da Silva, después de que los propios militares supervisaran el proceso tal y como les pidió un Jair Bolsonaro, al que ha reprochado haber intentado “interferir” en las tropas.

“Nosotros participamos en la fiscalización, hicimos informes, hicimos de todo. ¿Se constató el fraude? No”, ha zanjado Paiva durante una reunión que mantuvo con otros mandos militares el 18 de enero, pero cuyo contenido se ha podido en las últimas horas a través de unos audios de los que se han hecho eco varios medios.

En ese sentido, el general Paiva ha señalado que Bolsonaro lanzó acusaciones sobre fraude electoral, porque estaría molesto por su derrota “mínima” en las elecciones frente al ahora presidente, Luiz Ignacio Lula da Silva.

“Él tuvo más votos en estas elecciones que en las otras. La diferencia fue muy pequeña, fue mínima, entonces dice eso, ‘eh, general, hubo fraude’”, ha relatado Paiva, quien también ha contado cómo Bolsonaro intentó influir en el Ejército en los meses previos a las elecciones.

Para Paiva, esa “sensación” de fraude se extendió porque el resultado de las elecciones fue “apretado”. Sin embargo, “desde el punto de vista del trabajo realizado por el Ejército no pasó nada, no hubo nada”, una versión que fue transmitida en un informe final al Ministerio de Defensa.

En ese sentido, relata que se produjeron “ciertas injerencias directas del Gobierno en el área militar”, como una concentración motera en la Academia Militar de las Agujas Negras, que fue suspendida por altos mandos del Ejército, y trasladar el desfile por el día de la independencia del 7 septiembre desde Brasilia a Río de Janeiro, donde ese día había una concentración en apoyo a Bolsonaro.

El anuncio se realizó después de que el Tribunal Supremo de Brasil se declarara competente para investigar a los militares que presuntamente participaron en 8 de enero en el asalto a las instituciones democráticas en la capital del país, Brasilia.

“Establezco la competencia del Tribunal Supremo Federal para perseguir y juzgar los delitos ocurridos el 8 de enero de 2023, independientemente de que los investigados sean civiles o militares”, ha explicado el juez Alexandre de Moraes, según ha recogido el periódico ‘O Globo’.

De esta manera no será la justicia militar quien juzgue los delitos presuntamente cometidos por los miembros del Ejército --incluidas amenazas, incitación al delito, golpe de Estado--, ya que los soldados habrían violado tipos penales y tipificados en el Código Penal, en referencia a los atentados contra el régimen democrático, ha señalado De Moraes.

El magistrado ha abierto, tras ello, una investigación sobre la participación de miembros de la Policía Militar del Distrito Federal y del Ejército en el asalto a los tres poderes, con el fin de “determinar la autoría y materialidad de posibles delitos”.

Por su parte el nuevo líder del grupo evangélico en la Cámara de Diputados de Brasil, Eli Borges, ha asegurado que hay “mucha gente buena” detenida por el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero protagonizado por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.

Borges ha atribuido así a una “minoría infiltrada” ajena a la “inmensa mayoría” de personas que “de buena fe se concentraron frente a los cuarteles cantando el himno nacional”. Los acampados en los cuarteles pedían al Ejército una intervención para evitar la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil.

La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) de Brasil ha remitido un informe al Congreso en el que expone que al nuevo Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se le notificó la posibilidad de ataques violentos dos días antes del asalto a las sedes de los tres poderes en la Explanada de los Ministerios del 8 de enero.

En el informe, ABIN detallaba que se habían registrado varias convocatorias en diversos estados con el fin de concurrir todas ellas en Brasilia y en las que participarían “manifestantes con acceso a armas” y cuya “intención manifiesta” sería la de invadir el Congreso, detalla ‘O Globo’.

“Otros edificios en la Explanada de los Ministerios podrían ser objetivo de acciones violentas”, ahonda un informe con la firma del general en la reserva Marco Gonçalves Dias, entonces jefe del Gabinete de Seguridad (GSI), del que depende la ABIN, y enviado el pasado 20 de enero a la comisión de Inteligencia del Congreso.

Con información de Europa Press*