Fiscalía peruana investiga al ministro de trabajo y a una asesora de la presidenta Dina Boluarte por corrupción

La Fiscalía de Perú ha abierto una investigación preliminar contra el ministro de Trabajo, Alfonso Ojeda, por un supuesto caso de corrupción relacionado con un uso indebido de su cargo y conflicto de intereses, así como también a una asesora de la presidenta, Dina Boluarte.

La fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, ha incluido en la investigación al presidente del Seguro Social de Salud (EsSalud), Aurelio Orellana Vicuña, por los mismos supuestos delitos y a Grika Asayag, asesora de la presidenta Boluarte por tráfico de influencias.

La investigación corresponde al presunto interés indebido en el pago de 41 millones de soles (cerca de 10,2 millones de euros) por parte de EsSalud a la empresa Aiona Technology Corporation SAC, que obtuvo en 2020 la adquisición para realizar un millón de pruebas rápidas, en el marco de la crisis de la pandemia.

No es la primera vez que Benavides abre una investigación contra Ojeda, que ya fue incluido junto al primer ministro, Alberto Otárola, en otra causa por un supuesto delito de colusión agravada, después de que la prensa peruana publicara que Carola Rodríguez Bringas -excuñada de Otárola- fue contratada como asesora en el Ministerio de Trabajo a cambio de 15.500 soles mensuales (3.800 euros).

El primer ministro de Perú designó a Ojeda como su secretario general, hasta que le nombró encargado del Ministerio de Trabajo tras la dimisión del exministro Eduardo García, que presentó su renuncia en protesta por las muertes registradas durante las movilizaciones sociales a nivel nacional contra el gobierno de Dina Boluarte.

Tras la apertura de la investigación, Otárola ha negado que haya intervenido en alguna designación dentro del Ministerio de Trabajo y ha rechazado haber tenido comunicación reciente con Carola Rodríguez, según ha informado la emisora RPP.

“En relación con la denuncia, aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada”, ha indicado en un mensaje en sus redes sociales.

Por su parte, el ministro Ojeda ha asegurado que la contratación de su asesora “ya fue explicado”, pero que no tiene problemas en responder ante la Fiscalía.

“El domingo explicamos cómo se dio la contratación de mi asesora. Si la Fiscalía considera relevante aclararlo más, así lo haré. Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del primer ministro para designarla”, ha afirmado en un comunicado recogido por la citada emisora.

Cabe recordar que la Fiscalía de Perú había registrado la sede del Ministerio de Trabajo en el marco del caso de presunta corrupción del primer ministro, Alberto Otárola, a quien se le acusa de facilitar la contratación de su excuñada en el propio Ministerio.

A su llegada al edificio del Ministerio de Trabajo, el fiscal Alain Flores y su equipo han sido recibidos por el asesor Marcos Augusto Manco para que pudieran dar comienzo las diligencias.

Fiscalía peruana pide ampliar detención de Pedro Castillo en investigación por corrupción

La Fiscalía peruana informó esta semana que solicitó 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, detenido acusado de rebelión en otro caso, en la investigación penal que se le sigue por presunta corrupción durante su gobierno.

“Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López”, indicó el Ministerio Público en un tuit.

La fiscalía explicó que “el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses corresponde al proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias”.

El exmandatario, de ideología izquierdista, se encuentra detenido en una cárcel de Lima desde el 7 de diciembre acusado de rebelión. Por ese caso ya tiene impuesta una medida de prisión preventiva de 18 meses, que corre en paralelo con la planteada por la fiscalía y que si se aprueba implicaría al menos tres años de detención para el expresidente.

La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

Con información de Europa Press.