Tribunal Supremo de Estados Unidos anula el programa de Joe Biden para aliviar la deuda a los estudiantes universitarios

Este viernes 30 de junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha revocado el programa impulsado por el presidente Joe Biden, que tenía como propósito aliviar la deuda contraída por los estudiantes universitarios. La Corte Suprema considera que se trata de un abuso de sus poderes sin el permiso del Congreso.

El dictamen tuvo seis votos a favor frente a tres en contra. Esta decisión representa un duro golpe para una de las principales iniciativas educativas de la Casa Blanca; una de la que se habrían aprovechado unos 43 millones de estadounidenses.

Biden ha indicado en un comunicado publicado por la Casa Blanca que la decisión del Supremo es “decepcionante” y “errónea”, si bien no se detendrá hasta encontrar “otras formas de brindar cierto alivio económico a las familias trabajadoras de clase media”.

“La hipocresía de los funcionarios republicanos es asombrosa. No tuvieron ningún problema con los miles de millones en préstamos a empresas durante la pandemia, pero cuando se trata de brindar cierto alivio a millones de trabajadores estadounidenses, hacen todo lo posible para detener el proceso”, aseguró el jefe de Estado.

El mandatario del país norteamericano ha resaltado que el 90 por ciento de los beneficiados por el programa de la deuda ganan menos de 75.000 dólares al año. “Daré más detalles sobre todo lo que mi Administración ha hecho para ayudar a los estudiantes y los próximos pasos que tomará mi Administración al respecto”, manifestó Biden.

Una de estas medidas podría ser la planteada este viernes por la congresista progresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien ha avisado tras conocer el dictamen que el veredicto “no incapacita a Biden para seguir con nuevas iniciativas para aliviar la deuda” y ha recomendado al presidente que recurra a la llamada Ley de Educación Superior, un marco legal que podría facilitar estas exenciones a los estudiantes.

El plan, que capacitaba a los afectados para cancelar hasta 20.000 dólares de deuda por estudios y que habría costado más de 400.000 millones de dólares a las arcas del estado, llevaba bloqueado temporalmente desde octubre del año pasado por orden de un tribunal de apelaciones.

“Estamos hablando de una subvención de 400.000 millones de dólares que contraviene a la autoridad de apropiaciones del Congreso”, señaló en febrero el juez del Supremo Clarence Thomas en una opinión al respecto de la mayoría conservadora del tribunal.

En la opinión minoritaria, la magistrada Elena Kagan recuerda que el Congreso concedió al Departamento de Educación amplios poderes para actuar en el caso de emergencia —como la Casa Blanca entiende la crisis de deuda de los estudiantes— y asegura que el Supremo ha realizado una interpretación “antinatural” de la realidad.

Todo ello, ha añadido Kagan, con el objetivo de “hacerse pasar por el Congreso y por el Ejecutivo para dictar una política nacional con un dictamen basado en sus propias políticas y preferencias”.

Asimismo, Kagan también pone en entredicho la invocación que ha hecho la mayoría conservadora del Supremo de la llamada “doctrina sobre cuestiones de envergadura”; un “invento” al que están recurriendo los jueces conservadores para oponerse a cualquier iniciativa que el Congreso de Estados Unidos no haya apoyado explícitamente.

“Están pidiendo al Congreso”, ha aducido Kagan a este respecto, “que no solo actúe con claridad, sino que lo haga de manera micro específica”.

Cabe mencionar que el pasado jueves, el Tribual Supremo falló en contra de la discriminación positiva por razones de raza en los ingresos a la universidad. Históricamente, esta práctica ha favorecido la incorporación de estudiantes negros y latinos en estudios superiores, especialmente en aquellos centros universitarios con una alta demanda.

Los jueces han examinado en concreto las prácticas de la Universidad de Carolina del Norte y de la Universidad de Harvard y, en ambos casos, han entendido que no cumplían con la ley, con seis votos a tres. El tribunal, controlado por los conservadores, considera que viola la cláusula de igualdad contemplada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución del país norteamericano.

*Con información de Europa Press.