Unión Europea sanciona a vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez

La decisión, adoptada por los cancilleres europeos, eleva así a 18 el número de personas sancionadas por la UE por menoscabar, a su juicio, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en este país sumido en una profunda crisis política y económica.

Los europeos imputan a Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro desde el 14 de junio, sus acciones al frente de la Asamblea Constituyente: "Usurpación de las competencias" del parlamento venezolano y "su utilización para atacar a la oposición".

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El actual ministro venezolano de Educación, Elías José Jaua Milano, también está sancionado por sus acciones como presidente de la Comisión Presidencial de la oficialista Asamblea Constituyente, que la UE no reconoce, por "socavar la democracia y el Estado de Derecho".

Los europeos imponen medidas a tres responsables del Consejo Nacional Electoral (CNE) por "facilitar la institución de la Asamblea Constituyente ilegítima y manipular el proceso electoral" en Venezuela.

Los sancionados con la prohibición de viajar y la congelación de activos en el bloque son su vicepresidenta, Sandra Oblitas, su secretario general, Xavier Antonio Moreno Reyes, y una de sus miembros, Socorro Elizabeth Hernández.

A Fredy Alirio Bernal Rosales le acusan de la "manipulación, con fines electorales, de la distribución de alimentos" al frente del centro nacional de abastecimiento CLAP y de "violaciones de derechos humanos" como comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

En el apartado de "violaciones de los derechos humanos", la UE sanciona al actual vicepresidente de Economía y ministro para Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami, en su anterior cargo como supervisor de la dirección del SEBIN.

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Por el "excesivo uso de la fuerza, detenciones arbitrarias y abusos contra miembros de la sociedad civil y de la oposición", los 28 sancionan al ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Sergio José Rivero Marcano, actual inspector de la Fuerza Armada Nacional bolivariana.

La undécima persona sancionada este lunes es la vicefiscal general, Katherine Harrington, a quien responsabilizan de incoar procesos penales "motivados políticamente" y omitir la "investigación de denuncias de violaciones de los derechos humanos".

Ocho días después de la reelección de Maduro con el 68 por ciento de los sufragios en una elección presidencial anticipada, que boicotearon los principales partidos de la oposición, los cancilleres se comprometieron a adoptar nuevas sanciones y pidieron nuevas elecciones.

Un alto funcionario europeo explicó entonces que el objetivo era sancionar a "los actores vinculados a la organización de esas elecciones poco representativas". Los europeos reprochan también el uso de la fuerza y "malos tratos a los detenidos" al comandante general del Ejército Bolivariano, Jesús Rafael Suárez Chourio. Al jefe de la dirección general de la Contrainteligencia Militar (DGCIM), Iván Hernández Dala, también se le acusa de reprimir a la sociedad civil.

Al contrario que Canadá, Estados Unidos y Panamá, los europeos se resisten a imponer sanciones al presidente venezolano, ya que abogan por no romper los puentes del diálogo y poder trabajar en pos de una solución negociada a la crisis.

En noviembre, los 28 países europeos aprobaron su primer paquete de sanciones, consistentes en un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la "represión interna", preocupada por la situación en el país tras la manifestaciones opositoras que dejaron 125 muertos en cuatro meses en 2017.

La semana pasada, un informe del alto comisionado, Zeid Ra‘ad Al Hussein, denunció una política de represión de los opositores venezolanos que incluye ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y la tortura con violencia sexual, simulacros de ejecución y descargas eléctricas.

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Previamente, Zeid había calificado de "lamentable" la situación de los derechos humanos en Venezuela, pidió abrir una investigación internacional sobre abusos de las autoridades y abogó por una mayor "implicación" de la Corte Penal Internacional (CPI).

El país vecino, rechazó como una "grotesca farsa" el informe del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. En un comunicado, el gobierno venezolano denunció que toda la información que ha enviado a la agencia de Naciones Unidas "ha sido intencionalmente descartada (...) con el objetivo de construir una grotesca farsa mediática".

"Venezuela rechaza categóricamente el informe (...), resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y el rigor técnico exigido a una oficina de esa naturaleza", agrega el documento, difundido por el canciller Jorge Arreaza.

Con información de AFP...