Ya van 11 venezolanos expulsados del país

En Bogotá  hay actualmente unos 238 mil migrantes con nacionalidad venezolana. De ellos, 400 accedieron de manera voluntaria a resguardarse en el primer campamento humanitario transitorio, una medida ejecutada por la administración de la capital.

Durante los últimos días, dos eventos fueron protagonizados por un muy reducido número de migrantes provenientes del vecino país: un presunto robo a una camioneta y una serie de desmanes en el mencionado campamento.

A raíz de ello, las autoridades bogotanas fueron claras: por sus actos serían expulsados con destino a su país de origen, Venezuela. Y, en dos viajes, las entidades colombianas han cumplido con su palabra.

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Primera expulsión: noviembre 20

El pasado fin de semana 3 venezolanos protagonizaron el hurto de una camioneta en Bogotá. Los implicados fueron Dayri del Carmen Gotera Villalobos, Gioseppe Daniel Paniccia Amaro y Robert Alexander Villalobos Gutiérrez.

Por el hecho, la Policía los dejó a disposición de Migración Colombia porque no fue posible adelantar el proceso de judicialización en su contra; la razón es que los documentos de identificación que portaban eran falsos, lo que hizo imposible el establecimiento de su plena identidad.

“Nos preocupa bastante la falta de canales oficiales que no sólo nos permitan establecer la plena identidad de un nacional de un venezolano, sino incluso, velar por sus derechos”, afirmó Christian Krüger Sarmiento, director general de Migración Colombia este miércoles.

“Quienes se encuentran ocupando el poder en Venezuela han dejado a sus nacionales a la deriva, sin representación alguna por parte de su país. Su actual documento de identificación no sólo no tiene ningún tipo de medida de seguridad, lo que la hace fácil de falsificar, sino que además, se encuentran vencidas o totalmente deterioradas, lo que imposibilita el trabajo de nuestros documentólogos”, agregó.

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Las 3 personas, además, ingresaron de forma irregular al territorio colombiano. “La falta de control por parte de sus autoridades (las autoridades venezolanas), no sólo pone en riesgo la seguridad de nuestro país, sino que genera brotes de discriminación y xenofobia como los que se están presentando actualmente por culpa de unos pocos, cuando sabemos que en realidad la gran mayoría de los venezolanos que están llegando al país, lo hacen por hambre, por miedo, por necesidad”, afirmó Krüger Sarmiento.

El miércoles, dado el delito en que incurrieron, fueron llevados vía aérea hasta la ciudad de Cúcuta, en donde se transportaron hasta el Puente Internacional Simón Bolívar para, posteriormente, ser entregados a las autoridades migratorias venezolanas.

Además de ellos 3, hubo un cuarto venezolano que los acompañó en el viaje de regreso: uno de los capturados por lo sucedido en el campamento humanitario.

Este es el momento en que son entregados en Venezuela:

Fuga, recaptura y segunda expulsión: noviembre 21

Al día siguiente, otro grupo estaba planillado para cumplir con un itinerario similar con el fin de regresar a tierra venezolana. Pero en medio de la operación, 3 personas se fugaron.

Quien dio a conocer la noticia fue Henry Corredor, director de la regional andina de Migración Colombia quien, según comunicado, “afirmó que los extranjeros aprovecharon un incidente en la vía, a la altura del municipio de Pamplona, para amotinarse, agredir a los oficiales que los escoltaban y darse a la fuga”.

Luego de cerca de 3 horas de búsqueda, en un trabajo conjunto entre oficiales de Migración Colombia y de la Policía Nacional, los prófugos fueron recapturados. "Queremos dejar claro, como institución, que los hechos que protagonizan unos cuantos desadaptados no nos van a hacer cambiar la imagen que tenemos del pueblo venezolano”, expresó Krüger Sarmiento.

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“Sabemos que son más los venezolanos que quieren estar dentro de la legalidad y respetar nuestras instituciones”, agregó señalando que si bien el Estado seguirá brindando apoyo también aplicará todo el rigor de la ley, cuando sea necesario.

En video quedó registrado el instante en que 7 de los venezolanos que causaron revuelo en el campamento fueron entregados al país vecino. Los restantes fueron judicializados por el delito de violencia contra servidor público y, en caso de ser declarados culpables, podrían llegar a pagar una condena de 4 a 8 años de prisión.