14 años después, siguen las imputaciones por el “carrusel de la contratación” de Bogotá

Mientras la Fiscalía sigue buscando a la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, quien la sucedió en el cargo, Néstor Eugenio Ramírez, ahora enfrenta a la justicia. Así lo informó el ente acusador al anticipar que el exfuncionario fue objeto de imputación de cargos por las irregularidades en la sesión de un contrato, que estaba en manos del Grupo Nule: la tercera fase del sistema Transmilenio, por la calle 26 de Bogotá.

En otras palabras, cuando el Distrito buscó salir del fango de la corrupción que dejó el Carrusel de Contratos, terminó metido en otro, auspiciado, al parecer, por el entonces director del IDU. “Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó por el delito de interés indebido en la celebración de contratos a Néstor Eugenio Ramírez Cardona, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para el período 2007-2010″, señaló la Fiscalía.

Han pasado más de 14 años desde el escándalo de corrupción en Bogotá y la Fiscalía continúa con las indagaciones, la recuperación de evidencias y la imputación de cargos en contra de exfuncionarios y particulares. Eugenio Ramírez no aceptó los delitos que fueron endilgados por el ente acusador y ante un juez de control de garantías.

De acuerdo con la investigación, el exfuncionario, aparentemente, facilitó las condiciones contractuales para favorecer a una empresa, la misma que finalmente se ganó la sesión del contrato y que luego terminó en más líos jurídicos, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad.

“Se trató del contrato 137 del 2007, cuyo objeto era la construcción de la tercera troncal de Transmilenio, inicialmente otorgado al Grupo Nule, pero que, a raíz de su incumplimiento, fue entregado a una nueva compañía mediante una cesión, en febrero de 2010. Para tal fin, a través de un otrosí supuestamente se amplió el valor contractual en $219.000 millones”, dijo el director especializado contra la corrupción, Eduar Alirio Calderón.

La lista de irregularidades incluye: la suscripción de al menos cuatro otrosíes; modificó los precios globales a unitarios, lo que aumentó el costo total del contrato; aumentó el valor del pago anticipado; aprobó la eliminación de obras no priorizadas por valor de $63.000 millones.

“Además, se evidenció que se habrían suscrito actas de adición presupuestal por $30.000 millones y prórrogas para ejecutar la obra. Con estas inconsistencias, el proyecto quedó sin recursos, al punto que el contratante requirió presupuesto adicional para culminarlo”, explicó la Fiscalía luego de cumplir con la imputación de cargos en contra del exfuncionario.

Es claro, para el fiscal de la unidad anticorrupción, que el exdirector del Idu conocía de la ilegalidad de sus actuaciones y aún así las cometió en beneficio de una empresa que terminó por llevarse la sesión de ese millonario contrato.

“En criterio de la Fiscalía, Ramírez Cardona tendría pleno conocimiento de las acciones que debía realizar para concretar el supuesto favorecimiento del cesionario; pues se cree que sabía de antemano de las referidas modificaciones contractuales, de las adiciones presupuestales y de las prórrogas”, señaló la Fiscalía.

La Fiscalía avanza con la investigación y espera radicar un escrito de acusación en su contra por el mismo delito de cara a llevarlo a un juicio y pedir una condena en su contra.