1,5 millones de usuarios de la EPS Comparta, en el limbo por decisión de un juez que suspendió su traslado

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación forzosa y la toma de bienes y haberes de la EPS Comparta, que opera en 12 departamentos, pero el traslado de sus usuarios, que iba a realizarse este fin de semana, fue suspendido por un juez.

Tres jueces promiscuos profirieron medidas cautelares, después de recibir más de 40 tutelas que detuvieron temporalmente el traslado de los 1.519.449 usuarios a otras EPS que hoy están en el limbo, pues el Ministerio de Salud debía hacer el trámite en las próximas horas. El objetivo con el procedimiento que adelantaría el Gobierno es que las personas, en su gran mayoría del régimen subsidiado, estén afiliados a una entidad que no tenga procesos administrativos ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Por su parte, la Supersalud impugnó las medidas de los jueces de Málaga (Santander) y San José de Pare (Boyacá), por considerar que solo tribunales tendrían la competencia para decidir sobre las decisiones proferidas por el ente de control. De hecho, una fuente de Supersalud asegura que estos no tendrían competencia para frenar el proceso.

Hasta el viernes por la noche, dos de los jueces declararon nulidad y remitieron las tutelas para que, en efecto, un tribunal pueda estudiar la decisión, argumentando “un error involuntario y desconocimiento de la nueva norma atinente al reparto de tutela, como es el Decreto 333 del 6 de abril de 2021”. No obstante, el juez Miguel Roberto Flórez Prada, de Málaga, Santander, decretó una medida provisional de suspensión a la liquidación ordenada por la Supersalud a la EPS Comparta.

Uno de los aspectos llamativos y resaltados por una fuente de la Supersalud es que el presidente de la junta directiva de Comparta EPS, hoy liquidada, es oriundo del municipio de Málaga y la mayoría de los miembros del consejo de administración, incluido su representante legal, son de Boyacá.

Además, las tutelas presentadas tienen exactamente el formato y los argumentos son exactamente los mismos. En el pasado, se han presentado situaciones similares con otras EPS.

Las razones de la liquidación

De acuerdo con el análisis de la Superintendencia Nacional de Salud a los indicadores de prestación de servicios, la EPS Comparta incumplía con 11 de los 18 indicadores de riesgo para sus afiliados.

A pesar de que llevaba cinco años bajo medida de vigilancia especial, en vez de mejorar, empeoraba, y las cifras de este deterioro progresivo evidenciaron, de acuerdo con la Supersalud, la acumulación de 24.500 tutelas en los últimos cuatro años y fue notificada de 10.321 desacatos.

Además, sus indicadores financieros venían en picada y para abril de este año tenía deudas con su red de prestadores por 680 mil millones de pesos. Igualmente, en el último año y medio, el ente de control impuso multas contra su exrepresentante legal, Mónica Hernández, por 666 millones de pesos, como resultado del incumplimiento a las instrucciones impartidas y el no reporte de la información financiera.

Por otra parte, la EPS presentaba casos en donde los pacientes debían esperar más de un año y medio la entrega de medicamentos vitales.

De hecho, el ente de control tiene evidencia de que debido a su deterioro, usuarios murieron esperando la autorización de sus tratamientos o de procedimientos urgentes, a pesar de contar con fallos de tutelas a favor.