Delincuentes sin castigo

Para nadie es un secreto que la Justicia en Colombia atraviesa una profunda crisis de credibilidad. Y no es para menos. Más allá de graves escándalos como el llamado cartel de la toga que sacudió los cimientos de la propia Corte Suprema de Justicia, la ciudadanía en general desconfía del sistema judicial.

Y lo hace, principalmente, porque los delincuentes aprovechan todas las falencias de los estrados judiciales y casi nunca pagan por sus delitos ni pasan una temporada tras las rejas. Un ejemplo simple de esto ocurrió hace pocos días.

Entre el 20 y el 24 de noviembre pasado la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron una ofensiva en todo el país para capturar la mayor cantidad de reincidentes posibles. Solo en esos 4 días detuvieron 207 antisociales que habían cometido748 delitos. El 50 por ciento de estos corresponden a una de las modalidades que más afectan a los ciudadanos: el hurto.

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Las autoridades han capturado a 6 de estos en cerca de 80 oportunidades en flagrancia, es decir, justo con las manos en la masa, por delitos relacionados con el robo a personas y a establecimientos públicos. “Con el doctor Luis González y su equipo de la Fiscalía, conformamos un grupo especializado en buscar a los delincuentes reincidentes y prolíficos que son los que más perjudican e impactan en la seguridad ciudadana”, explicó a SEMANA el director de la Dijín, general Jorge Luis Vargas.

Los capturados han cometido delitos en 88 municipios de 24 departamentos. El 51 por ciento participó en hurtos, seguido del tráfico de estupefacientes, porte de armas, violencia intrafamiliar, lesiones, fuga de presos, receptación, daño en bien ajeno, concierto para delinquir y violación de habitación ajena, entre otros. El 70 por ciento de esos 207 capturados quedó finalmente tras las rejas.

Las cifras más recientes muestran la dimensión de ese panorama. En Bogotá, en los últimos 4 años contados hasta julio pasado, 26.865 bandidos cayeron en manos de la Policía en flagrancia. Lo increíble es que de ese número 25.333 habían sido detenidos al menos en 5 oportunidades. Jamás pasaron más de un año tras las rejas. De ellos, 215 tenían 13 arrestos y un promedio de permanencia en prisión de 94 días. Otros 14 de estos fueron capturados 34 veces y permanecieron en custodia solo 37 días antes de que un juez ordenara su libertad. Cuatro de los más peligrosos y buscados tienen el insólito récord de 52 arrestos en un periodo de 48 meses. Nunca duraron más de 20 días en la cárcel. La lista de casos es larga e indignante y no es un fenómeno exclusivo de la capital. Pasa en todo el país.

En Barranquilla, por ejemplo, las autoridades capturaron en los primeros 8 meses de este año a 4.907 personas. Pero solo 397 quedaron con medida de aseguramiento en centro carcelario, 646 recibieron detención domiciliaria y 3.864 fueron liberados: el 79 por ciento de los capturados ni siquiera pisó la cárcel. Del total de la cifra de detenidos que quedaron libres, 339 eran reincidentes capturados en al menos 5 oportunidades por delitos como homicidio, hurto y porte ilegal de armas. Frente a esto muchos se preguntan por qué los jueces dejan libres a estos delincuentes.

“Parte de lo que está ocurriendo se debe a las modificaciones hechas al Código Penal y al Código Penitenciario debido a la grave situación de hacinamiento”, explicó a SEMANA un directivo de Asonal Judicial, la asociación de empleados y funcionarios de la rama judicial.

La nueva reglamentación contempla que los jueces deben aplicar penas sustitutivas que no impliquen detención carcelaria o domiciliaria, a personas que cometieron delitos cuya condena no supere los 8 años. Antes de la reforma, un juez tenía la posibilidad de considerar los factores objetivos y subjetivos. Esto último le permitía, por ejemplo, enviar a un delincuente a la cárcel si era reincidente, así la pena no superara el mínimo. Ya no. “Ahora solo puede guiarse por causas objetivas fijadas por la ley”, dijo el funcionario. “Las penas de muchos delitos subieron sustancialmente, pero eso solo fue populismo punitivo.

Generó una falsa sensación de justicia”, concluye. Todo apunta a la necesidad de repensar a fondo la política criminal porque evidentemente algo no está funcionando como debe.