2020: el año de las reformas

La economía colombiana ha empezado a recuperarse. Se estima que el año pasado cerró con un crecimiento por encima del 3 por ciento, superando así el 2,6 por ciento registrado en 2018. Esta es una muestra de relativa estabilidad si se compara, además, con el panorama complicado de la región, que tuvo un crecimiento casi nulo del 0,1 por ciento.

Se espera que ese desempeño positivo continúe en 2020. La mayoría de proyecciones sitúan el crecimiento potencial del país por encima del 3,5 por ciento. Sin embargo, los retos siguen siendo grandes, especialmente en temas como la productividad, el desempleo y la desigualdad, áreas en las que los resultados no son los mejores. Son, precisamente, algunas de las principales causas del descontento social que ha sacado a miles de colombianos a las calles para manifestar su indignación.

De acuerdo con Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, el empleo ha sido el lunar económico del último año y medio, pues las tasas de desocupación, después de cinco años, han superado los dos dígitos en los últimos meses. “No solo se debe aumentar la tasa de crecimiento, sino también la de generación de empleo”, dijo el directivo de este centro de pensamiento.

En esto se mostró de acuerdo Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Para él, los esfuerzos destinados a generar empleo deben tener un enfoque especial para los jóvenes y las mujeres, que se ven más afectados por las tasas de desocupación. Por eso resaltó las medidas que se incluyeron en la recién aprobada reforma tributaria, conocida como Ley de Crecimiento, para darles incentivos a las empresas que contraten trabajadores jóvenes.

Mac Master asegura que la Ley de Crecimiento, además, crea las bases para producir nuevas oportunidades de inversión, generar empleo y fortalecer el consumo. Dice que la norma ofrece la base para incrementar el consumo en la economía al reducir la tasa de renta durante los próximos años; eliminar el impuesto a la inversión y a la generación de empleo, relacionado con el IVA a los bienes de capital; y en su componente social al reducir el aporte de salud para pensionados de menos de dos salarios mínimos, al devolver el IVA pagado por los más pobres y al crear incentivos en función de nuevos empleos para los jóvenes.

No obstante las bondades que pueda tener esta ley, sigue latente la preocupación del déficit fiscal. En Fedesarrollo han insistido en que con esta reforma hay un riesgo de disminuir el recaudo. Mejía asegura que caerá en medio punto del PIB en 2020 y más del 1 por ciento a partir de 2022 como consecuencia de la reducción de impuestos a las empresas. “Si bien esta es una medida importante porque impulsa la actividad empresarial, falta ver cuál es el resultado de otras normas como las de antievasión y antielusión por parte de la Dian, pues de otra manera va a permanecer la incertidumbre fiscal”, dice.

Este es un tema especialmente importante no solo para cumplir la regla fiscal, mantener una buena calificación y consolidar la confianza inversionista. También para contar con los recursos que permitan atender el componente social. Como dice Mac Master, “El aumento del recaudo, el incremento en la actividad económica y la disciplina fiscal del Gobierno nacional serán ejes fundamentales para el cumplimiento de este objetivo”.

Según Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, el país tiene otro gran reto en este año: sacar adelante las grandes reformas como la pensional y la laboral. A pesar del ruido provocado y el rechazo de algunos de los promotores del paro nacional, entre los expertos hay un consenso sobre su necesidad.

Para esto, la pedagogía será más que necesaria. El Gobierno debe comprender que ante la desconfianza que producen en un sector de la sociedad estas dos reformas, la mejor respuesta será comunicar más asertivamente sus beneficios. “Algunos han hablado de manera equivocada de flexibilización laboral, que muchos ven como precarización. Lo que realmente se requiere es una agenda de formalización laboral, pues la informalidad supera el 60 por ciento a nivel nacional”, dice Luis Fernando Mejía.

Con respecto a la pensional, hoy en día Colombia tiene un sistema de protección a la vejez que apenas le llega al 25 por ciento de los adultos mayores, es decir, su sistema no está cumpliendo con el principal y primordial objetivo de garantizar que ellos tengan, al menos, un ingreso que les permita vivir de manera digna. Además, de acuerdo con estudios de Fedesarrollo, el 74 por ciento de los subsidios en las pensiones son recibidos por el 40 por ciento con mayores ingresos. Modificar este sistema para corregir las regresividades es una tarea que no se puede aplazar más.

La buena noticia para el Gobierno es que 2020 es un año con cierta estabilidad política, pues no tendrá campañas ni jornadas electorales, como sí sucedió en los últimos años desde el plebiscito de 2016. Al respecto, Cárdenas aseguró que el Gobierno debe liderar la agenda y no dejarse imponer las pretensiones contra las reformas necesarias.

Hoy, grandes generadores de empleo como la agricultura y la industria no están dando los resultados esperados. Por eso, este año el país debe apostar por aumentar las exportaciones y la productividad, especialmente en el campo, que por años ha estado llamado a jalonar la economía del país.

En ese contexto, debe recibir mayor impulso la implementación de la reforma rural integral, contemplada por el acuerdo de paz. La política agropecuaria debe pasar de brindar subsidios para la producción o la estabilización de precios hacia la provisión de bienes públicos, como vías terciarias, distritos de riego, seguridad jurídica de las tierras y acceso a crédito.

Estas acciones, sin duda, contribuirán a cerrar las brechas entre las zonas urbanas y rurales, una de las deudas históricas. Con esto, en últimas, el país estaría respondiendo a una de las peticiones que hacen los manifestantes en las calles. Porque la economía debe seguir creciendo, pero de una manera más incluyente y equitativa.

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