Nación
2.094 personas fueron desaparecidas en área de influencia de Hidroituango: JEP
Este tipo de crimen fue cometido a partir de 1996 en su mayoría por las AUC, siendo 2001 y 2002 los años más críticos.
Un nuevo hallazgo hay alrededor de Hidroituango y de las medidas cautelares que dictó la Justicia Especial para la Paz (JEP) para proteger lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada. Se trata de 2.094 personas que fueron desaparecidas en el área de influencia del proyecto, donde por años se libró una guerra entre las FARC, el ELN y las AUC.
A través de una comunicado, la JEP anunció: “La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ha determinado que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia”.
En el Auto AT-195-20 se concluyó que la desaparición forzada en la región fue un “gravísimo crimen masivo, generalizado y persistente, al mismo tiempo que, sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades”.
Desde hace varios meses, la JEP viene investigando los casos de desaparición en el norte de Antioquia, donde se construye la hidroeléctrica del país y donde se han levantado varias denuncias sobre la inundación de lugares donde fueron enterrados los cuerpos de víctimas de los grupos armados.
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La JEP llegó a este hallazgo tras consolidar la información de seis fuentes: Centro Nacional de Memoria Histórica; Fiscalía General de la Nación y sus respectivos sistemas de información SIJUF, SIJYP y SPOA; la Unidad de Atención a Víctimas, UARIV, y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD).
“Las desapariciones forzadas habrían sido ejecutadas principalmente por grupos paramilitares, Bloque Mineros y Bloque Metro, los frentes 18, 36 y 5 de las FARC, y por unidades de la fuerza pública”, dice la JEP.
Justo la investigación documental permite establecer que el incremento de las desapariciones empezó en el primer semestre de 1996 con la irrupción de las AUC en Antioquia, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50 % de las víctimas). En este punto hay que recordar que para estos años se cometieron hechos gravísimos como la masacre de El Aro.
Dice la JEP que la “máxima expresión” de este crimen “se dio durante los años 2001 y 2002, periodo en el que fueron desaparecidos 358 ciudadanos –un número elevadísimo– y que el número de desapariciones se reduce de manera consistente a partir del año 2010”.
La JEP encontró ocho cuerpos con signos de muerte violenta de personas no identificadas, posibles víctimas de desaparición forzada, provenientes del Cementerio de Orobajo, municipio de Sabanalarga, zona inundada por la represa, que se encontraban en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia. La JEP investiga posibles irregularidades en su traslado y manejo.
“Las víctimas presentan heridas con arma de fuego como posible causa de muerte, disparos en el cráneo compatibles con ejecución sumaria y en estado de indefensión. Estos ocho cuerpos se suman a los 176 exhumados a lo largo de los últimos años por la Fiscalía General de la Nación en los municipios del área de influencia del proyecto de Hidroituango”.
