40 alcaldes de la cuenca del río Bogotá piden apoyo para salvarlo

El acelerado crecimiento de la población de la sabana de Bogotá causó la hecatombe ambiental que convirtió a la serpiente ancestral en un afluente que, solo a su paso por la capital del país, recibe más de 690 toneladas diarias de carga contaminante.

Cuarenta de los 47 alcaldes de la cuenca participaron en un encuentro del Grupo Río Bogotá, con el apoyo de Colombia Líder, para hablar de cómo sacar adelante el río, además de las megaobras que actualmente avanzan en algunos de los municipios y en la cuenca media, donde está Bogotá.

El común denominador en las intervenciones de los alcaldes fue la falta de recursos del Gobierno nacional para construir plantas de tratamiento y para los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, obras indispensables para el renacer del alma de la sabana.

Varios mandatarios dijeron que por tratarse de municipios de sexta categoría, con una población igual o inferior a 10.000 habitantes, son escasos los recursos que entrega el Gobierno para cumplir con los planes de desarrollo municipales: un panorama que pone en riesgo el cumplimiento de la sentencia de descontaminación del río Bogotá emitida por el Consejo de Estado en 2014.

La sentencia, un hito en la historia de las decisiones jurídicas ambientales, conmina a 72 entidades a cumplir con cerca de 150 obligaciones para salvar el río de una vez por todas.

Hablan los alcaldes

Néstor Guitarrero, alcalde de Cota, dice que ya se adelanta la construcción de la planta del sector Pueblo Viejo, que funcionará desde febrero de 2021. Para él, los municipios en vías de desarrollo no deberían otorgar licencias de construcción si no cumplen con las normas de vertimientos.

Facatativá, por su parte, adelanta el plan de saneamiento y manejo de vertimientos y construye dos plantas de tratamiento. La primera planta empezó obras este año y la segunda requiere 106 millones de pesos. El alcalde Guillermo Aldana está pendiente de si los recursos le llegan por presupuesto de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) o por la nación.

Luis Martínez, alcalde de Anolaima, dice que requiere varias plantas, pero no cuenta con los recursos. Son varias debido a la geografía del municipio. Y por lo pronto trabaja en la siembra de más de 70.000 árboles nativos y compra de terrenos junto con Zipacón y Cachipay para consolidar un parque natural.

Chocontá defiende el río Bogotá mediante la educación ambiental a niños y jóvenes, operativos de control a las curtiembres y la siembra de 10.300 plantas nativas para proyectos de reforestación. En cuanto a las obras para mermar los vertimientos, los pocos recursos son la mayor limitante de acuerdo con el alcalde Rodrigo Chicuasuque.

Luis Carlos Vargas, alcalde de Tena, se sumó al SOS por el poco apoyo del Gobierno, dijo que trabaja por un municipio verde y que le urge echar a andar el programa integral de saneamiento básico para optimizar las plantas de la Gran Vía y la del casco urbano, pero tiene recursos limitados. Denuncia, además, impactos por la minería ilegal en la cuenca.

Por su parte, Efraín Moncada, alcalde de Cachipay, indicó que para poner en marcha los planes de saneamiento de vertimientos y de acueducto y alcantarillado requiere ayuda, dado que es municipio de sexta categoría y que sin recursos le queda difícil cumplir con las obligaciones de la sentencia. Dijo que ya tiene una planta y que le urge también salvar los nacimientos de agua en la región.

Descontaminación en riesgo

Suesca, municipio de la cuenca alta, tiene un convenio con la CAR para hacer la planta. Pero se demoró por la pandemia. La alcaldesa Zully Quilaguy dice que como es uno de los cuatro municipios que no hacen parte del plan departamental de aguas, los recursos son limitados y aún no cuenta con un plan maestro de alcantarillado para la separación de aguas lluvias y negras, que le cuesta 16.000 millones de pesos. Dijo que el municipio no cuenta con plata suficiente para cumplir con las 13 órdenes de la sentencia que incluyen la planta, planes maestros de alcantarillado, compra de predios y saneamiento de vertimientos.

El alcalde de El Colegio, Andrés Guerrero, está en una situación similar. Aunque el plan maestro de acueducto y alcantarillado está al 80 por ciento, no ha podido avanzar en tres inspecciones por falta de recursos. La planta, que cuesta igual que la de Suesca, está en estudios y diseños. Sin embargo, logró comprar más de 300 hectáreas para proteger el Distrito de Manejo Integrado Peñas Blancas.

Aunque el municipio de Cogua avanza en estudios del plan maestro de alcantarillado y en una planta regional, no tiene plata para el manejo de vertimientos. Ricardo Vargas, subgerente de recursos públicos, pide mayor acompañamiento de entidades nacionales. Jorge Sierra, alcalde de Granada, también planteó que los recursos no alcanzan para cumplir con todas las órdenes impuestas por la sentencia. Y debe cuidar el medioambiente e incentivar las actividades agrícolas. Este municipio de sexta categoría por lo pronto tiene lista una reforestación de 40 hectáreas en la cuenca.

Para Crist Indira Ramos, alcaldesa de Zipacón, una de las mayores limitantes en el municipio es la desactualización catastral: eso impide recaudar recursos para obras que mejoren la calidad del agua. En su municipio nacen los ríos Apulo y Bahamón, tributarios del Bogotá, y necesita dos plantas. La mandataria propuso hacer convenios con los otros municipios más grandes para recuperar el cerro de Manjui y gestionar inversiones.

Por su parte, uno de los retos del municipio de Tabio, de acuerdo con Pablo Camacho, su alcalde, es concretar el plan maestro de alcantarillado para solucionar los vertimientos, obra que bordea los 34.000 millones de pesos.

Avances en obras

Algunos mandatarios presentaron un balance de las obras y actividades que buscan darle un respiro al lastimado río Bogotá.

Wilson García, alcalde de Zipaquirá, informó que el municipio construye una de las plantas más grandes del departamento: una obra de 70.000 millones de pesos que ya casi está lista. Adicional, el plan maestro de alcantarillado para evitar vertimientos al río Negro está al 30 por ciento. Y el páramo de Guerrero será protegido con la compra de predios y la siembra de especies nativas.

En Soacha, donde el río Bogotá fluye contaminado por más de 26 kilómetros, la Alcaldía gestionó con la CAR 8.000 millones de pesos para obras en el río Soacha y dos plantas urbanas. El alcalde Juan Carlos Saldarriaga dijo que trabajan para frenar la minería y que están próximos a comprar 600 hectáreas del páramo Cruz Verde para protegerlo.

Girardot, donde el río Bogotá le entrega sus aguas contaminadas al Magdalena, avanza en un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que impulse la recuperación del afluente. El alcalde José Francisco Lozano propuso pedirles una compensación económica a los municipios que más contaminan para poder construir una gran planta de tratamiento que le entregue una mejor descarga al río Magdalena.

El alcalde de Facatativá, Guillermo Aldana, por su parte, anunció que el plan maestro de acueducto cuenta con una inversión de 50.000 millones de pesos por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca. Planea construir un nuevo embalse y sembrar más de 30.000 árboles para reforestar los ecosistemas. Gian Carlo Gerometta, alcalde de Mosquera, dijo que avanza con el funcionamiento de la planta de la zona 100, con un costo de 28.000 millones de pesos, y espera ampliar su segunda fase con 13.000 millones más. Su municipio hará un inventario de áreas ecosistémicas estratégicas y le dará prioridad a la recuperación del humedal Gualí y la laguna de La Herrera.

Gustavo Campos, alcalde de El Rosal, informó que su planta de tratamiento de aguas residuales funciona al 100 por ciento. Ahora va a construir un canal para evitar descargas al río Subachoque, comprará hectáreas en la parte alta para reforestar y educará a los jóvenes de los colegios para que cuiden los recursos naturales.

La Mesa, uno de los municipios de la cuenca baja donde han sobrevivido las huellas del pasado de los panches, los caminos reales de la época de la conquista y que cuenta con varias joyas ambientales como el Salto de las Monjas, avanza en la recuperación del río Apulo, el mayor tributario al río Bogotá en su último tramo.

El alcalde Humberto Segura dijo que el actual plan de desarrollo incluye 27 metas relacionadas con el río Bogotá y el agua que le permitirán avanzar en el cumplimiento de las 17 órdenes de la sentencia. La falta de recursos también ha impedido que Nemocón cumpla a cabalidad la sentencia del río Bogotá. Julián Rodríguez, alcalde de este municipio, explicó que tienen una planta en funcionamiento, pero es importante hacerle una actualización y optimización para que pueda seguir funcionando correctamente. Sin embargo, tanto esto como la ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado, del que ya se tienen estudios, requieren de una inversión muy alta.

Sopó está próximo a concretar la planta municipal con la CAR, lo que pondrá fin a una laguna de oxidación deficiente que ha funcionado durante décadas. El municipio ya casi firma un convenio por 16.000 millones de pesos, proyecto que será ejecutado y contratado por la CAR. Con la Empresa de Servicios Públicos de Sopó construirá plantas de tratamiento pequeñas para solucionar los vertimientos del río Teusacá y limpiar la quebrada La Chucua, dijo el alcalde Miguel Rico.

Sesquilé, uno de los territorios donde la cultura de los muiscas sigue viva, avanza en la construcción de dos plantas y varios colectores para las aguas lluvias y en los estudios y diseños del plan maestro de acueducto, de acuerdo con el alcalde Héctor Díaz.

Reverdecer y agro

Anapoima le apunta a la compra de predios y la reforestación para consolidar una región sostenible. Ha comprado 262 hectáreas y van a adquirir muchas más en las zonas altas como Peñas Blancas y la quebrada la Honda. Va a sembrar más de 50.000 árboles nativos, para lo cual construye un vivero que tiene listas 9.000 plántulas, según el alcalde Alexánder Bermúdez.

Por su parte, Villapinzón, en la cuenca alta, todavía no cuenta con una planta para las aguas residuales domésticas y las curtiembres que disparan la contaminación. Según el alcalde Nelson Torres, actualmente el municipio trabaja de manera articulada con la CAR y Empresas Públicas de Cundinamarca para construir la planta. Sin embargo, precisó que uno de los mayores retos es la protección del páramo de Guacheneque, donde nace el río y donde solo se han adquirido 2.500 de las 8.500 hectáreas que lo conforman.

José Martínez, alcalde de Cucunubá, aseguró que los vertimientos del municipio al río Bogotá son mínimos, pero acatan la sentencia, por eso trabajan en los diseños y estudios para construir la planta, también en el plan de vertimientos, además de reforestación en las zonas hídricas y de páramos y control a las áreas industriales y mineras. Bojacá le apuesta a la reforestación y al plan maestro de alcantarillado, que cuesta 59.000 millones de pesos y cuya primera fase financiará la Gobernación de Cundinamarca. El alcalde John Alberto Molina dijo que si bien la planta de tratamiento de aguas residuales funciona bien, debe ser ampliada por el incremento de la población.

Viotá, municipio de la cuenca baja conocido por el cultivo de café, también reverdecerá su territorio mediante la siembra de más de 5.000 árboles nativos con el apoyo del Ejército Nacional. Este municipio controla la densidad de la urbanización y fortalece el tema agropecuario para que los campesinos no vendan sus lotes, de acuerdo con el alcalde Wilder Gómez.

Chipaque es uno de los mayores productores de agua en la cuenca. Sus terrenos hacen parte de páramos como Boquerón y Cruz Verde, y limita con Chingaza. Por eso, una de las mayores apuestas de la Alcaldía es velar y reverdecer por esas fábricas del líquido vital. El alcalde Camilo Pardo anunció que construye el vivero más grande de toda la cuenca y de Colombia junto con la CAR, la Gobernación de Cundinamarca y Corporinoquia, que producirá plantas nativas para reforestar. Ya compraron 550 hectáreas de reserva forestal y cuentan con 20 proyectos para adquirir predios y sembrar 250.000 plantas del vivero.

El 80 por ciento del municipio de Une está cobijado por el páramo más grande del mundo: Sumapaz. Y alrededor de este ecosistema giran las acciones del alcalde Fredy Cubillos. Por eso trabajan en la delimitación del páramo con el Ministerio de Ambiente y con el Ejército siembran especies nativas y realizan jornadas de descontaminación de fuentes hídricas.

El verde también es protagonista en Subachoque. Según el alcalde Jairo Martínez, 12 hectáreas fueron adquiridas para conservar y sembrarán más de 5.000 árboles nativos en los nacederos de las quebradas. Sin embargo, el mandatario le suma a la falta de recursos, la desactualización catastral y la falta de cultura ciudadana con los recursos naturales como las limitantes para avanzar con la descontaminación del río Bogotá.

Consolidación del turismo

Tocaima, municipio que cuenta con una sobredosis histórica y donde se han encontrado fósiles de mastodontes, pretende reactivar el turismo por medio de actividades culturales y ambientales en torno al río Bogotá. El alcalde Julián Mora cuenta que además de cumplir con las obligaciones de la sentencia del río Bogotá, realizan actividades culturales con plantas acuáticas del río como el estero, al que le celebran el día y hacen productos con este material, que son presentados en Expoartesanías.

El alcalde de Tena, Daniel Felipe Bernal, dice que 17 mandatarios de la región del Tequendama y Magdalena le apuntarán a la reactivación del turismo con la ruta navideña del río Bogotá: una apuesta para que todo el país empiece a mirar de otra manera a la cuenca baja, que a pesar de recibir todas las desgracias de la capital es una joya biodiversa e histórica.

Por su parte, Maribel Hernández, alcaldesa de Apulo, le apuesta a proteger los ecosistemas del municipio para poder incentivar el turismo en sitios como la cuenca de los ríos Apulo y Calandaima. También precisó que el plan maestro de acueducto y alcantarillado requiere 16.200 millones de pesos y que la futura planta está pendiente de la firma de un convenio con la CAR y la empresa de acueducto, obra que cuesta 4.060 millones de pesos.