Ojo: 40 millones de colombianos podrían perder el servicio de WhatsApp, ¿por qué?

A través del artículo 125 aprobado en el Plan de Desarrollo, el Gobierno podría tener acceso a los mensajes de WhatsApp. Y si la empresa, por esa decisión, determina salir del país, 40 millones de colombianos se quedarían sin el servicio. La advertencia la hizo el exfiscal Néstor Humberto Martínez, en su columna del diario El Tiempo.

Señaló que el artículo dispone “extrañamente” que, en adelante, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) podrá requerir toda clase de informaciones “amplias y veraces”, a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones y a los que ofrezcan servicios a través de internet, de video bajo demanda, de intercambio de videos generados por usuarios provistos a través de plataformas y de servicios de intercambio interpersonal, directo o interactivo de voz, video o mensajería en línea.

Martínez explicó que lo haría esa entidad y no la Autoridad de Ciberseguridad, “en cuya creación insiste el director del Departamento Nacional de Planeación”.

“Los expertos consultados me confirman que, con esta competencia, la CRC quedaría habilitada para exigirles a las aplicaciones de mensajería, tales como WhatsApp, Telegram o Signal, que le entreguen información reservada sobre el contenido de los textos escritos, las videollamadas y los mensajes verbales, bajo multas de 50.000 dólares diarios”, dijo en la columna el exfiscal.

Calificó la situación como “algo muy exótico”, que técnicamente solo sería posible si los proveedores de estos servicios crearan un canal espejo para ofrecer esta información, dado que estas plataformas operan con una tecnología denominada de “encriptación asimétrica”, gracias a la cual las claves de acceso solo están en poder del emisor y del receptor.

Por si fuera poco, agregó, el artículo propuesto también le permitiría a la CRC acceder a los denominados datos de tráfico, como los números de los teléfonos, los nombres de los abonados y la etiqueta de localización o identificador de la celda desde la cual se activa el servicio.

“Esta información, si bien no se refiere al contenido de las comunicaciones, es igualmente sensible, pues permitiría llevar a cabo vigilancias y seguimientos, precisamente a través del “Sistema de Información Georreferenciada” que se dispone en el numeral 31 del artículo, sin que exista una sola razón para que el Gobierno pueda hacerse con esta información”, agregó.

Confío en que los congresistas, “que tanto cuidan el sigilo de sus conversaciones, no avalarán este engendro, ni con ‘mermelada’”. Pero, de aprobarse, es improbable que se haga realidad.

Recordó que los representantes de WhatsApp y Signal han advertido que saldrán del Reino Unido si se aprueba la reforma legislativa en curso en este sentido, “en lugar de socavar la confianza que la gente deposita en nosotros para proporcionar un medio de comunicación verdaderamente privado”, citó a las empresas en su columna.

Agregó que en Colombia no pasaría nada distinto, “con lo cual 40 millones de colombianos perderían este servicio, por la arbitrariedad de una autoridad que quiere meter sus narices en la confidencialidad de las comunicaciones ciudadanas”.

Martínez, en su columna, recordó lo que pasó en el Reino Unido. Este fue el primer país de Occidente en pretender el acceso a los mensajes encriptados, con ocasión del “ataque de Westminster” de 2017. “Fue un intento fallido.

Aun así, en 2019 logró la compañía de Estados Unidos y Australia para pedirle a Facebook que facilitara deshacer la encriptación de extremo a extremo de los mensajes de WhatsApp. La Interpol también ha solicitado una “puerta trasera” que dé acceso a dichos mensajes, en su lucha contra el delito”, añadió.

WhatsApp, iMessage, FaceTime, Telegram o Signal se han opuesto radicalmente a esta posibilidad, por lo que el Gobierno inglés acaba de presentar un proyecto de ley que permitiría –por primera vez– obtener dicha información, por razones de seguridad del Estado.

“La discusión, dice Martínez, ha girado alrededor de la tensión que surge entre el derecho a la intimidad de la ciudadanía y su defensa frente al terrorismo, lo que implica que los jueces puedan ordenar desencriptar los mensajes que circulan a través de tales aplicativos”.