41.600 muertos en diciembre: proyección de Presidencia para defender emergencia

Hace unos días la secretaria jurídica de Presidencia, Clara María González, envió una petición a la Corte Constitucional para que le permita al gobierno de Iván Duque alargar la emergencia sanitaria por más tiempo. 

De acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, cuando se presenten hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por períodos hasta de 30 días, que sumados no podrán exceder los tres meses. 

Sin embargo, después de varias evaluaciones, el Gobierno consideró que se debía extender la emergencia sanitaria hasta el 15 de junio y probablemente lo haga por más tiempo. Entre los argumentos más poderosos que da son las cifras de muertos que podría haber en el país. Según las estimaciones del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, luego del relajamiento de medidas de la cuarentena que se dieron partir del pasado 27 de abril de 2020, la estimación es que para finales de diciembre 3,6 millones de colombianos se habrán contagiado, el pico se alcanzará cerca del 25 de agosto, para lo cual se requerirán 14.577 Unidades de Cuidados Intensivos. Pero para diciembre habrán ingresado a Ucis casi 170.000 personas y las muertes totales serían de 41.622. 

Otra de las razones es que el tiempo de cuarentena no ha sido suficiente para tomar precauciones ni atender los hechos agravantes de la pandemia “para todos los sectores y agentes de la economía, ni mucho menos para calibrar la dimensión de todas las afectaciones futuras”, se lee en el documento. Agregan que: "es claro que la agravación repentina e imparable de la pandemia del nuevo Coronavirus y las medidas necesarias de aislamiento perturban de manera grave y repentina el orden económico y social, y tales circunstancias no podían haberse atendido adecuadamente durante el período de la primera Emergencia Económica, Social y Ecológica, dada la naturaleza cambiante e imprevisible del virus y de su propagación”. 

El Ejecutivo expuso ante la Corte otros elementos por los que considera necesaria la declaratoria de emergencia. Entre ellos están las tasas de contagio, el desempleo, que a corte de mes de mayo, afectó a 5,3 millones de personas. También se presentó un desplome abrupto del precio del petróleo, al punto de que en la semana del 20 de abril la referencia WTI alcanzó precios negativos por primera vez en la historia y la referencia BRENT se situó por debajo de 16 dólares por barril. También se prevé un crecimiento de -17.2 por ciento en el segundo trimestre del año.

Así mismo, el gobierno proyecta que para el año 2020 el porcentaje de población en condición de pobreza extrema llegue 8,3 por ciento, lo cual implicaría retroceder a los niveles de pobreza extrema de 2013. Como si fuera poco, un el informe de la Superintendencia de Sociedades señaló que entre un 17,8  y un 37 por ciento de las empresas en el país podrían estar en riesgo de insolvencia. “Con estos elementos en perspectiva, es claro que los hechos que sustentan el presupuesto fáctico de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 superan el juicio de sobreviniencia”. 

Con estos y otros argumentos el presidente Duque espera que la corte declare la exequibilidad del Decreto 637 del de mayo de 2020, según el cual es posible extender la emergencia por el mes de junio. Esto, sin embargo, no implica el cierre de los sectores que ya han vuelto a las calles como lo son construcción, manufactura y comercio.