56 masacres, 35 militares y policías asesinados, más de 6.000 homicidios, 161 víctimas de secuestro y lucha contra las drogas por el piso; el balance del primer año del presidente Gustavo Petro

La frase de batalla del gobierno nacional en el mandato del presidente Gustavo Petro, que cumple un año, ha sido, ‘Colombia potencia mundial de la vida’, la repiten una y otra vez. De la mano de ese eslogan ha llegado la apuesta por “la paz total”, que busca alcanzar acuerdos con todo tipo de organizaciones criminales, pero el resultado ha sido no ha sido el esperado. Así lo dejan claro las mismas estadísticas del Ministerio de Defensa, que en materia de orden público arrojan preocupaciones e inquietudes.

En materia de secuestros, un delito que hasta hace poco parecía un capítulo cerrado de las épocas más crudas del conflicto, el panorama es aterrador. En el 2022 se presentaron 60 casos, frente a 119 en lo que va de 2023, lo que se traduce en un incremento del 98%. El secuestro dejó en el 2022, 77 víctimas y en 2023, 161, creció el 109%.

Lo que pasa con las masacres no es diferente, en 2022 se registraron 41, pero ya van 48 en este año, con un incremento del 17%, faltando aún cuatro meses. Estos casos dejaron en el 2022, 138 víctimas y en el 2023 van 163, para un incremento del 18% sin que el año haya terminado. El observatorio de temas de conflicto armado de Indepaz reportó una cifra más preocupante: este año se han presentado 56 masacres.

Un “Paz total” refundida

Eso en cuanto a las frías cifras que rajan la gestión del presidente Gustavo Petro y de su ministro de Defensa, Iván Velásquez, en este primer año de gobierno. Pero los hechos resultan más crudos, el país ha sido espectador de violentísimos episodios como el asesinato de nueve soldados, siete de ellos apenas bachilleres, que fueron acribillados mientras dormían, en el Catatumbo, en marzo, a manos del ELN.

Ni que decir del secuestro de 79 policías y el asesinato de otro más, degollado al frente de sus compañeros, en Los Pozos, San Vicente del Caguán, Caquetá, a manos de la “Guardia Campesina” del criminal disidente Iván Mordisco, calificado entonces por el exministro Alfonso Prada como un “cerco humanitario”.

La paz total ha dado para todo. El jueves empezó el cese al fuego con el ELN, luego de un año de atacar de forma violenta, secuestrar soldados y policías, e incluso afirmar en la misma mesa de México, donde acordaron el cese, que seguirían con sus “prácticas de financiación” como secuestros y extorsiones.

El criminal Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, conocidas como el Estado Mayor, hizo un gran evento de inicio de negociación con luces, cámaras, camionetas de alta gama y hombres armados hasta los dientes, e incluso se atrevió a anunciar vetos contra candidatos en las elecciones regionales y siguen delinquiendo.

No ha sido diferente con la Segunda Marquetalia, de la que se supo que su máximo jefe, Iván Márquez, sigue con vida. El Gobierno busca afanosamente el camino para renegociar con ellos pese a haber traicionado el acuerdo de paz y volver a empuñar las armas, así como los negocios criminales de narcotráfico, extorsión y secuestro.

Lo mismo ocurre con el Clan del Golfo que mantiene su poder criminal y narcotraficante, y se han extendido por todo el país con 9 mil hombres y presencia en cerca de 400 municipios. Tal es su poderío de decretan paros armados y se parapetan detrás de movilizaciones violentas como el paro minero en el Bajo Cauca Antioqueño.

Lucha contra las drogas

Aunque el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, ha querido presentar como exitoso el cambio de estrategia para enfocarse en los gigantescos envíos de droga y no en la erradicación, las cifras no lo respaldan. Justamente esa decisión hizo que se fueran a pique las cifras de erradicación manual. Mientras que en el 2022 fueron erradicadas 40.276 hectáreas de cultivos ilícitos, este año la cifra es de tan solo 6.310, para una caída de 84%.

La promesa era entonces la interceptación de cargamentos de droga, pero ahí las cifras también muestran una compleja realidad. El decomiso de cocaína también se desplomó, en 2022 se incautaron 362 toneladas, mientras que en el 2023 la cifra es de 317, es decir, un 12% menos.

La incautación de heroína también dista mucho de lo que ha mencionado el Ministro Velásquez. En el 2022 se decomisaron 292 kilogramos, frente a 159 en el 2023, una reducción del 46%.

El único repunte que se ha dado tiene que ver con la inmovilización de aeronaves destinadas al narcotráfico. En 2022, 23 aeronaves fueron objeto de las acciones de las autoridades, frente a 88 del 2023, para un aumento del 283%.

Y aunque el Ministro de la Defensa ha señalado que están golpeando los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico como son los materiales con los que los producen, las cifras de su gestión están por verse. En el 2022 se decomisaron 35.380 toneladas de insumos sólidos, frente a 21.734, de lo que va del 2023.

Ciudadanos atemorizados

Pero el caos no está solo en la ruralidad, en donde operan los grupos criminales que se financian con el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal; en las ciudades las personas tiene miedo hasta de sacar el celular en las calles, los atracos son continuos y de formas violentísimas. Robo de vehículos, asaltos a residencias y locales.

El hurto a vehículos tuvo un incremento del 4%. Mientras que el 2022 se presentaron 23.958 casos, en el 2023, el registro fue de 24.957. El hurto a motos tuvo también un aumento del 6%, en el 2022 fueron 18.490 casos, y en el 2023, 19.658.

Pero uno de los indicadores más preocupantes fue el de hurto a personas, el de los ciudadanos que ven impotentes como el hampa se tomó las ciudades. El año pasado se presentaron 154.386 casos, mientras que este año el registro es 188.976, para un incremento del 22%.

Ni en la casa los ciudadanos están tranquilos, el hurto a residencias también tuvo un incremento del 13%. Pasó de 15.560 casos en el año pasado, a 17.529 en 2023. En donde tuvo un alivio la estrategia de seguridad del Ministro de Defensa fue en el hurto a comercios al pasar de 23.323 en el 2022 a 20.642 en el 2023, para una caída de -11%

Otros hechos relevantes son los ataques a la infraestructura crítica del país. Este año se han presentado 28 casos de voladuras contra oleoductos, generando graves daños ambientales, frente a 18 del año anterior, es decir, se incrementó en un 56%.

Frente a la cifra de los miembros de la fuerza pública asesinados en actos del servicio, la estadística señala que hay una reducción del 55% en los casos. En el 2022 se presentaron 78 muertes de militares y policías, frente a 35 de lo que va corrido de este 2023.

También se evidencia una notable reducción en heridos de la fuerza pública. En el 2022 se presentaron 420 heridos, frente a 175 de este año, para una reducción del 58%.

Más allá de las cifras

El panorama no es para nada halagüeño, por el contrario es crítico. La inconformidad dentro de las filas es grande y no es reciente, inició con la barrida de cerca de 60 generales y almirantes de las Fuerzas Militares. Los objetivos de alto valor, cabecillas de las organizaciones criminales con las que ahora se busca la paz en medio una guerra abierta, desaparecieron de un plumazo y bajo el amparo de las negociaciones ahora resultan intocables.

De la mano de la renuncia a la persecución de esos cabecillas se ha venido desmantelando el aparato de inteligencia del país, reconocido en todo el mundo por su efectividad y profesionalismo.

En cifras y con hechos, lo que ocurre en el sector defensa y seguridad es preocupante, la “potencia mundial de la vida” no ha pasado de un eslogan y la promesa de paz total, por ahora, solo muestra lo contrario, violencia total.