600 colombianos destacados firman un manifiesto por el Estado de Derecho y la Democracia ante excesos del gobierno Petro

La preocupación por la manera en que el Presidente viene avanzando en el desconocimiento de la Constitución y las instituciones democráticas crece entre los más respetados juristas y personalidades del país.

Un grupo de más de 600 colombianos se reunió para expresar ese malestar y trazar unas líneas que no deben sobrepasarse. Consideran que lo que ha pasado en los últimos años ha minado la majestad y la independencia de la rama judicial.

Y también creen importante dejar un mensaje de defensa a la rama judicial, que es el último bastión de defensa institucional. La carta la firman más de 30 exministros y más de 50 personas que han desempeñado altos cargos en el Estado, expresidentes y magistrados de las altas Cortes, empresarios y líderes del sector privado, destacados economistas y más de 80 abogados vinculados a 30 de las grandes firmas del país.

Esto dice el escrito:

MANIFIESTO POR EL ESTADO DE DERECHO Y LA DEMOCRACIA

Los suscritos ciudadanos, movidos por una profunda preocupación por el irrespeto que observamos frente a las instituciones y a quienes las integran, solicitamos al Presidente de la República honrar su juramento ante el pueblo colombiano de respetar la Constitución y las leyes y, en consecuencia, cumplir con el mandato constitucional de simbolizar la unidad de la Nación, garantizar los derechos y libertades de todos y cesar sus expresiones agresivas que podrían desencadenar actos de violencia política.

Es esencial reconocer la independencia de las ramas del poder público que son autónomas y no apéndices del Gobierno. La Constitución impone la colaboración respetuosa y armónica entre las distintas ramas del poder público. Estos principios cardinales se materializan en una serie de paradigmas tales como estos:

(a) Respetar la Constitución y las leyes y gobernar dentro del marco jurídico e institucional que estas imponen y que constituyen, por definición, el gran acuerdo nacional y el elemento unificador de la Nación, que debería permitir la convivencia pacífica y armoniosa de los colombianos.

(b) Reconocer que todo ciudadano debe ser tratado de manera respetuosa y sin discriminación alguna, independientemente de las posturas que tenga frente al Gobierno.

(c) Aceptar que el pueblo de Colombia somos todos, independientemente de las diferencias derivadas de las opiniones políticas y de las condiciones sociales, económicas, raciales, religiosas o sexuales. Ese concepto no es monopolio de nadie y los funcionarios del Estado solo pueden actuar para promover políticas inspiradas en el bien común de todos los colombianos.

(e) La obligación del presidente de la República de unir a la Nación alrededor de propósitos superiores, le obliga a abstenerse de una retórica encaminada a dividirnos y a enfrentarnos. Es deber de todos los funcionarios usar un lenguaje ponderado y respetuoso, en especial cuando se refieren a otras instituciones, a los integrantes de órganos judiciales o de control, o a quienes ejercen el derecho a disentir.

(f) Respetar y defender los derechos humanos, desplegando esfuerzos reales, efectivos y eficientes para proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Hacer efectivo el derecho de los colombianos al desplazamiento en todo el territorio nacional, sin temor a ser víctimas de atracos, secuestros o asesinatos. Para ello, es necesario garantizar que el monopolio de la fuerza esté radicado exclusivamente en cabeza del Estado y combatir su ejercicio por parte de grupos armados ilegales.

(g) La Constitución consagra que “la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común”. El Estado, y en particular el Gobierno, tienen la obligación de establecer un clima adecuado para la inversión privada y para la promoción del desarrollo económico en el contexto del Estado social de derecho. La situación económica actual y su prospectiva futura imponen drásticas correcciones en la acción gubernamental.

(h) Es imperativo respetar el derecho que tenemos todos a escoger, en un contexto de sana competencia entre entidades estatales y privadas, aquellas que nos suministran los servicios públicos domiciliarios y los de salud, educación y pensiones, entre otros.

(h) Garantizar la realización de elecciones libres en 2026 en cada uno de los municipios del país y, en especial, en aquellas zonas sometidas al asedio de grupos violentos.

(i) Es perentorio que el Gobierno se abstenga de formular amenazas contra la Constitución. Si considera necesaria su reforma, debe plantear su contenido ante el Congreso y la manera de realizarla dentro de las alternativas institucionales. En síntesis: los regímenes democráticos son los que promueven políticas incluyentes, el respeto por los órganos judiciales y las opiniones ajenas, la seguridad ciudadana, la protección de la vida, la gestión económica responsable, la libertad de empresa y el acceso al trabajo formal.

Los firmantes de este manifiesto solicitamos un firme compromiso con la estabilidad institucional, un cambio en el lenguaje, para que éste sea ecuánime, respaldado por hechos verificables y sólidos argumentos. Reclamamos un gobierno que logre convertir el discurso de paz en realidades concretas en tantas zonas devastadas por la violencia. Colombia enfrenta retos muy grandes que requieren cambios estructurales.

Pero todos ellos se pueden lograr dentro del marco de la Constitución, que es, en últimas, el gran acuerdo nacional construido por consenso entre los colombianos.