Estos son los 694 candidatos inhabilitados para las elecciones regionales

La Procuraduría General de la Nación publicó este martes la lista de candidatos inhabilitados para ser elegidos en cargos de alcaldes, concejales, diputados y ediles en los 32 departamentos. En total se identificaron 694 nombres de la información que envió el Consejo Nacional Electoral para que fueran evaluadas las posibles sanciones y/o revocatorias de inscripciones.

¿Cuáles son los candidatos inhabilitados para las elecciones de alcaldes y gobernadores?

Después de analizar los 117.822 registros de candidatos inscritos para las elecciones de autoridades territoriales, el Ministerio Público encontró que 27 aspirantes repitieron la inscripción de sus cédulas en los listados para postularse a corporaciones y partidos políticos.

Los cinco partidos políticos y movimientos representativos con más candidatos inhabilitados son el Partido Conservador Colombiano (113), Partido Colombia Renaciente (66), Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia - AICO (64), Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U (64) y Partido Cambio Radical (59).

Los departamentos en los que se registraron mayor número de aspirantes impedidos fueron Antioquia (10.8%), Cundinamarca (10.4%), Valle del Cauca (8.2%), Boyacá (7.5%) y Tolima (6.9%).

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La Procuraduría señaló que de los candidatos impedidos, 11 son aspirantes a asambleas departamentales, 20 a alcaldías, 602 a concejos municipales y distritales, 15 a ediles en Bogotá, y 46 a ediles y juntas de administración local fuera de la capital. 

Así mismo, explicó que se encontraron 235 personas que tienen anotaciones incompletas en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad - SIRI, por lo que no pueden ser incluidas en el registro de inhabilitados, existiendo un riesgo de que el beneficiario con la falta de información pueda estar incurso en una inhabilidad.

Dichos reportes corresponden al registro de las sanciones penales, disciplinarias, fiscales, pérdidas de investidura y condenas proferidas contra servidores, exservidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas.