A Aníbal Gaviria no le aceptaron nuevas pruebas ¿Cómo va su situación ante la Corte Suprema?

Este lunes, se llevó a cabo la primera audiencia, en este caso preparatoria, ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en la que se negó la nulidad del proceso penal que avanza en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Pero, además, se ordenó la práctica de pruebas.

Cabe recordar que Gaviria, suspendido desde el pasado mes de marzo, es investigado por supuestas irregularidades en materia de contratación para obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la troncal de la Paz, específicamente entre 2004 y 2007.

El gobernador emitió un comunicado señalando: “en esta primera audiencia, la Sala de Primera Instancia decidirá cuáles pruebas nuevas practicar entre las pedidas y debidamente sustentadas por las partes. Mi equipo defensor espera que se reciban y escuchen los informes y conceptos de connotados expertos”.

La respuesta se dio, justamente, al finalizar la audiencia ayer, negando la petición. En días pasados, SEMANA había revelado, en primicia, que la Corte Suprema tampoco accedió a la solicitud que hizo su defensa para que se pudiera defender en libertad.

Precisamente, el fiscal del caso encontró que, en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, en el tramo La Cruzada-Caucasia, suscrito en el año 2005 por $41.663′432.778, “se pactó inicialmente un anticipo del 25 % y luego se amplió al 29 %, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista”.

“Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia. Además, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual”, una omisión que llevó a que el contratista invirtiera más de 10.000 millones de pesos en maquinaria y equipos, indica el ente investigador.

Además, la Fiscalía señala que al contrato inicial se le hicieron dos adiciones sin los principios esenciales de contratación pública: “Una representó cerca de 4.000 millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otrosí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre”.

Según la Fiscalía, “las verificaciones evidenciaron que dicha adición no contaba con soportes técnicos. Se identificó también la suscripción del otrosí 2, cuatro días antes de que el entonces gobernador de Antioquia dejará el cargo y luego de haber terminado el empalme con su sucesor. Como objeto se incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz”. El ente acusador asegura que en el 2 otrosí se contempló una obra que no era complementaria y que aún cuando el gobernador hubiera delegado la contratación, él seguía siendo el representante legal del departamento.

A finales de 2005, el gobernador suscribió el contrato en cuestión con el Consorcio Troncal de la Paz. Para la Fiscalía son inexplicables los cambios a los pliegos licitatorios del contrato principal. Allí quedó establecido un anticipo del 25 por ciento del valor del contrato y “sin que mediara fundamento alguno” el porcentaje se elevó al 29 por ciento. La Fiscalía cuestiona, en primer lugar, por qué, si la Contraloría alertó sobre los hechos en 2011, no hubo actuación alguna antes de 2018.

Gaviria se defiende e insiste en su inocencia. En junio, explicó que junto con su equipo legal continuaría apelando “a todos los instrumentos que nos brinda nuestro ordenamiento jurídico para buscar que me sea permitida la defensa en libertad y el regreso a la inmensa responsabilidad que los antioqueños depositaron en mí con su voto”, dijo en ese momento.