A Carlos Carrillo, director de la UNGRD, le tocó atender inspección de Procuraduría tras información inconclusa de contratación

Al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, le tocó atender de manera personal la inspección que adelanta la Procuraduría para revisar la legalidad de 200 contratos que se firmaron por más de un billón de pesos para atender la situación de desastre que decretó el Gobierno en 2022.

Carrillo está al frente de la comisión de la UNGRD para responderle a la Procuraduría en esa visita, horas después de que la comisión del ente de control se llevara la sorpresa de que la entidad no tenía completa la información sobre convenios que se firmaron para atender las emergencias provocadas por el fenómeno de La Niña de esa época.

El miércoles 8 de mayo, la diligencia avanzó por varias horas en una sala de juntas de la UNGRD, en la que se explicaron los procesos de contratación y el funcionamiento de la entidad, pero la gran conclusión de lo que requería la Procuraduría fue que “no hay información consolidada”.

“Salimos con la preocupación de no tener la información completa, debido a que la misma entidad, la UNGRD, no tiene una información consolidada sobre todo lo que tiene que ver con el escándalo de la contratación que se da dentro del Decreto 2113 de 2022, que es la emergencia nacional”, explicó el procurador delegado para la Función Pública, Marcio Melgosa.

Lo inusual es que en medio de esa inspección que adelantó la Procuraduría a la Unidad, en el occidente de Bogotá, llegaron dos investigadores de la Corte Suprema de Justicia para recoger toda la información necesaria para la indagación que se adelanta contra los salpicados en este escándalo como el presidente del Senado, Iván Name, y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Los investigadores estuvieron visitando las oficinas jurídicas y la dirección general de la entidad, para recoger información alrededor de los contratos para comprar carrotanques que se habrían utilizado para supuestamente pagar cuatro mil millones de pesos a los congresistas, a cambio de impulsar las reformas del Gobierno Petro, según denunció el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, en SEMANA.

Pero esas diligencias de la Corte Suprema de Justicia también llegaron a un puñado de altos funcionarios del Gobierno que deben rendir testimonio en este escándalo como el ministro del Interior; el director del DNI, Carlos Ramón Gonzáles; el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y la exconsejera de la Presidencia para las Regiones, Sandra Ortiz.

Esta última funcionaria salió del Gobierno en medio del escándalo, después de que Pinilla la señalara de ser la “mensajera” para llevarle supuestamente tres mil millones de pesos al presidente del Senado. Plata que habría salido del polémico contrato para comprar carrotanques que suministraran agua en las poblaciones más vulnerables en La Guajira.

Mientras Pinilla y Olmedo López, el exdirector de la UNGRD, solicitaron un principio de oportunidad con la Fiscalía para destapar la olla de corrupción que se armó alrededor de la contratación de la entidad, apareció Luis Eduardo López, el contratista que, según la investigación, logró amarrar los contratos en la UNGRD y, en particular, la compra de 40 carrotanques, también pidiendo pista ante las autoridades judiciales.

SEMANA conoció que Luis Eduardo López buscará un principio de oportunidad con la Fiscalía. Al igual que Olmedo y Sneyder, espera convertirse en testigo de este escándalo de corrupción que incluso llegó al Congreso cuando se habló de la supuesta entrega de dinero a los presidentes de Senado y Cámara de Representantes.