A interrogatorio juez que dejó en libertad a integrantes de la primera línea en Bogotá

La diligencia de interrogatorio que está programada para este jueves 16 de marzo tiene como protagonista a la juez Lilyan Jhoana Bastidas, coordinadora del centro de servicio judiciales de Paloquemao en Bogotá. Ella tendrá que asistir con su abogado y ante un fiscal de la dirección anticorrupción.

La Fiscalía aseguró que en el marco de una investigación que se adelanta tras una denuncia de la Procuraduría, por presuntos hechos irregulares en la decisión de dejar en libertad a tres integrantes de la llamada primera línea, nombrados voceros de paz por el Gobierno nacional.

El meollo del asunto está en las competencias que tenía la juez para ordenar la libertad de los procesados; ella, como coordinadora del centro de servicio judiciales, debió asignar la competencia de la solicitud que elevó el Gobierno nacional y no tomar la decisión, pues no era ella la encargada del proceso.

“La Fiscalía General de la Nación recibió de la Procuraduría General de la Nación una denuncia sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de la libertad de dos personas judicializadas por el proceso denominado primera línea. Atendiendo lo anterior, se dispuso los actos investigativos para la recolección de material probatorio. Esta labor se adelanta articuladamente por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción”, señaló el ente acusador.

Con esta diligencia de interrogatorio, la juez quedó formalmente vinculada a la investigación y queda a las puertas de una imputación de cargos por el delito de prevaricato, por tomarse atribuciones que no le correspondían. La investigación generó una respuesta de la judicatura y algunos sindicatos de la rama judicial.

“Los imputados que por disposición del juez de control de garantías quedan privados de la libertad, quedarán a disposición del juez coordinador del centro de servicios judiciales situación que ocurre con los señores… luego de la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta por un juez de garantías”, explicó el Centro de Servicios Judiciales de Bogotá.

Los jueces, en respaldo a la coordinadora del centro de servicios judiciales, señalaron que la decisión se encuentra soportada en los decretos firmados por el Gobierno nacional donde deja a disposición de la judicatura la libertad de los integrantes de la llamada primera línea, procesados por hechos criminales en el marco de la protesta.

“No existen irregularidades en la suspensión de las medidas de aseguramiento y por ende en las libertades otorgadas a los ciudadanos… integrantes de la primera línea, por cuanto la decisión obedeció al cumplimiento de la orden presidencial plasmada en el Decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022″, advierten desde la judicatura.

Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción citó a la funcionaria para escucharla y que explique las condiciones, detalles y pormenores legales de la decisión que motivó la denuncia de la Procuraduría y que ahora se convierte en una diligencia de interrogatorio.

“La acción de la Fiscalía se adelanta por la denuncia instaurada por la Procuraduría en contra de la funcionaria judicial. La Fiscalía adelanta acciones investigativas y escuchará a la señora juez para que pueda expresar las razones por las que dejó en libertad a los procesados, sin que haya mediado una audiencia para tal caso”, señaló la Fiscalía tras la citación a la juez.

Para la judicatura no existen irregularidades en la suspensión de “las medidas de aseguramiento y por ende en las libertades otorgadas a los ciudadanos…”, señalaron los jueces tras anticipar que la decisión obedeció al cumplimiento de la orden presidencial incluída en el Decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022.