A juicio disciplinario exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Un nuevo lío judicial enfrenta Ronald Housni. En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el entonces gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por presuntas irregularidades en contratación.

Al parecer, señala la Procuraduría, “Housni Jaller habría adjudicado la Licitación Pública Nº 06 y celebrado el contrato Nº 822 de 2016 con los socios de la empresa ‘Su Oportuno Servicio Ltda’, quienes también ejercían como miembros de la junta directiva de la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia (SOPESA. S.A. E.S.P.), en la que el exgobernador trabajó durante 16 años”.

Según el órgano de control, el exmandatario departamental habría transgredido el artículo 40 de la Ley 734 de 2002, que hace referencia a que “todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su conyugue o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o socios de hecho o de derecho”.

La Procuraduría calificó provisionalmente “la presunta falta como grave, cometida a titulo de dolo, toda vez que Housni Jaller no habría declarado su conflicto de intereses”.

De igual manera, en este caso el expediente ya fue remitido a la Procuraduría Delegada para el Juzgamiento Disciplinario (reparto), ante la cual el sujeto procesal podrá presentar descargos, versión libre, aportar y solicitar pruebas si así lo desea.

Pero ese no es el único tema judicial. En agosto de 2021, la Procuraduría formuló pliego contra el exmandatario por cometer posibles irregularidades en la celebración de un convenio de asociación por $2.070 millones.

La responsabilidad no solo recae sobre Housni, sino sobre su secretario de Planeación, Sebastián Castellote Mora. La Procuraduría precisó que el objetivo de este tipo de convenios es impulsar programas o actividades de interés público; es decir, no pueden ser utilizados para cumplir una labor propia de la gobernación, como habría ocurrido en este caso.

En otras palabras, Jaller “habría contratado bajo la figura de convenio de asociación la elaboración y el análisis del perfil de demanda social y familiar del departamento, pese a que el objeto del contrato lo obligaba a celebrarlo bajo otra modalidad”, dijo la Procuraduría General de la Nación.

Cabe recordar que no es la primera vez que Ronald Housni Jaller está en el ojo de la Procuraduría. En 2018, el Hospital de San Andrés vivió una de sus crisis más fuertes y el entonces procurador general Alejandro Carrillo decidió a finales de abril, de ese año, suspender por tres meses a Housni por la cantidad de irregularidades que se encontraron en el centro asistencial y que afectaron el derecho a la salud de los isleños.