A juicio la exrepresentante a la Cámara Sara Piedrahita, por presunta financiación de campaña a través del Cartel de la Hemofilia

La Corte Suprema de Justicia llevará a juicio a la exrepresentante a la Cámara del Partido de la U, Sara Elena Piedrahita Lyons, por la presunta financiación que habría tenido su campaña al Congreso a través del denominado Cartel de la Hemofilia.

En marzo de 2023, el alto tribunal escuchó en indagatoria a la congresista cordobesa para que explicara la financiación de su campaña a la Cámara para el año 2014.

Esto después de varios señalamientos que indicaban que se habría aprovechado de este escándalo de corrupción, liderado por el entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, para recibir mil millones de pesos.

“Habría recibido cuantiosas sumas dinerarias, provenientes no solo de las ilícitas apropiaciones de recursos del Sistema General de Regalías, propiciadas por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus (su primo), sino también de aquellas procedentes del denominado Cartel de la Hemofilia”, señaló en la citación el alto tribunal.

El llamado Cartel de la Hemofilia se creó en el año 2013 y se extendió hasta 2017. En la Gobernación de Córdoba se celebraron millonarios contratos para supuestamente tratar esta rara enfermedad en los habitantes.

El modus operandi de este desfalco, según se pudo establecer, consistía en que las IPS en Córdoba hacían pasar a sus pacientes como hemofílicos e incluso creaban pacientes “fantasma” con esta condición. Lo anterior era posible gracias a la falsificación de firmas, historias clínicas y pruebas de laboratorio. Dos de las IPS involucradas eran la IPS San José de la Sabana y la IPS Unidos por su Bienestar, encargadas de la supuesta atención de 196 enfermos de hemofilia entre 2013 y 2015.

La Gobernación de Córdoba cobraba por tratamientos y medicamentos que, por la naturaleza rara de la hemofilia, no cubría el Plan Obligatorio de Salud (POS) del MinSalud, pero sí en la llamada Cuenta de Alto Costo (CAC) encargada de este tipo de enfermedades. Para justificar estos gastos, se crearon actas falsas de pacientes y documentos que reseñaban la entrega de medicamentos y la realización de tratamientos.

En noviembre de 2022, la Corte Suprema la acusó por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por presuntamente recibir en su campaña de 2014 cuantiosas sumas de dinero del Cartel de la Hemofilia y del desfalco a las regalías, propiciado por el exgobernador Alejandro Lyons.

Por estos gravísimos hechos de corrupción, en 2023, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos. Con su actuar, advirtió el fallo, se generaron afectaciones al patrimonio de la Gobernación por siete mil millones de pesos.

“Omitió vigilar las facultades delegadas en quienes fungieron como secretarios de Salud, que ocasionaron el pago de $ 7.886.574.000 por la prestación de servicios para terapias de neurodesarrollo a la población de bajos recursos no cubierta por el POS sin contar con los acuerdos de voluntades entre el ente territorial y las IPS: Crecer y Sonreír S.A.S., Semillas de Amor S.A.S. y Girasoles S.A.S.”, indicó el organismo de control disciplinario.

Para la Procuraduría, el entonces gobernador junto a un grupo de funcionarios vulneraron gravemente los principios de economía y de responsabilidad en el ejercicio de las funciones de contratación y ordenación del gasto. Según el ente de control, la falta se dio por “disponer del presupuesto departamental, sin cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad social en salud”.

En esa oportunidad, se compulsaron copias a la Fiscalía General para que adelantara las investigaciones de tipo penal correspondientes.