Nación

A juicio policías del caso Javier Ordóñez

La Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harby Rodríguez por el asesinato del estudiante de derecho.

13 de enero de 2021
Javier Ordoñez tenía 43 años y había nacido en Girardot. | Foto: Cortesía

El caso de Javier Ordóñez, el estudiante de derecho que fue asesinado, según la Fiscalía, por dos patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá (Juan Camilo Lloreda y Harby Rodríguez) arranca un nuevo capítulo judicial, el último para determinar si los dos uniformados son responsables del crimen.

Ordóñez fue asesinado luego de recibir múltiples golpes, además de repetidas descargas eléctricas que provenían de los dos patrulleros ahora judicializados. El caso ocurrió el pasado 9 de septiembre en inmediaciones del CAI Villa Luz en noroccidente de Bogotá y cuando el estudiante de derecho, al parecer, se enfrentó a los uniformados.

El crimen derivó en una revuelta ciudadana contra la Policía y los CAI en Bogotá. Incluso cuando la juez de control de garantías definió que los dos patrulleros: Lloreda y Rodríguez, debían permanecer en una cárcel mientras avanza el proceso en su contra, aseguró que la actuación de los uniformados fue desproporcionada y estimuló los desórdenes que a su vez provocaron el asesinato de otras siete personas.

La Fiscalía presentó el material probatorio para demostrar que los dos policías fueron responsables de los golpes en contra de la humanidad de Javier Ordóñez, cuando fue trasladado al CAI. El fiscal del caso llevó a las audiencias de imputación de cargos los videos de seguridad del mismo CAI cuando se ve con vida a Ordóñez y luego ubicado en un pasillo que no tiene cámaras. Sin embargo, un amigo del estudiante de derecho también fue trasladado y se convirtió en el testigo estrella de la Fiscalía en este caso.

Se trata de Wilder Salazar, amigo de Javier Ordóñez, que estaba en el momento que los dos policías redujeron al estudiante de derecho y también fue detenido, incluso intentaron judicializarlo por violencia contra servidor público. Fue Salazar quien le reveló a la Fiscalía cómo fue el procedimiento, cómo los trasladaron al CAI Villa Luz, cómo golpearon a su amigo y cómo exigió llevarlo a un hospital, donde finalmente fue declarado muerto.

Ese testimonio fue presentado en las audiencias preliminares que la Fiscalía usó para señalar a Juan Camilo Lloreda y Harby Rodríguez de ser responsables de los delitos de homicidio agravado y tortura, con Javier Ordoñez como víctima. Los dos uniformados no aceptaron cargos y se fueron por un conflicto de competencia, al asegurar que los hechos investigados ocurrieron en el marco de sus funciones como policías.

La Justicia Penal Militar aseguró que estos hechos, que ahora tiene a las puertas de un juicio a los dos policías, no pueden ser investigados o juzgados por esa jurisdicción y le respondieron a los abogados de los patrulleros que debían permanecer en la Fiscalía y defenderse en esa instancia de la justicia.

Con las evidencias claras y la jurisdicción definida, la Fiscalía no perdió tiempo y presentó ante los jueces del circuito el escrito de acusación en contra de los dos policías. Así las cosas y ante el arranque de los juzgados, después de la vacancia judicial, se espera que este mes se programe la audiencia preparatoria, quizá el inicio de la última etapa judicial para los dos patrulleros.

En la Procuraduría los dos uniformados, Lloreda y Rodríguez, fueron sancionados e inhabilitados para ejercer cargos públicos por 20 años, al considerar, de acuerdo con el Ministerio Público, que son responsables de los hechos que se investigan aún en la Fiscalía.

Recientemente la Fiscalía también citó a otros dos patrulleros a imputación de cargos por compartir la responsabilidad que recae sobre los dos primeros: las agresiones, omisiones y posterior muerte de Javier Ordóñez. El próximo 9 de febrero los otros dos policías del CAI Villa Luz tendrá que asistir a una diligencia de imputación en los juzgados de Paloquemao.

También y como resultado del crimen contra Javier Ordóñez, la Fiscalía citó a imputación de cargos a tres policías que estarían involucrados o serían responsables de la muerte de al menos cuatro personas que participaban de las revueltas derivadas de este caso, particularmente en el CAI Verbenal en el norte de Bogotá.