Inpec trasladó a los “patrones” de la extorsión carcelaria en Barranquilla
Un equipo del Gaula capturó a la pareja de extorsionadores. | Foto: Inpec

NACIÓN

A la cárcel pareja que se hizo pasar por disidencias de las Farc para extorsionar

Un hombre y una mujer exigieron a la víctima $100.000.000 para no quemarle los buses de su empresa en Boyacá, según informó la Fiscalía.

27 de abril de 2022

En un hecho sorprendente, una pareja que se hizo pasar por supuestos miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) fue capturada porque realizaban extorsiones a comerciantes.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Rocío Carvajal Villamizar y Óscar Villamizar Vera, como presuntos responsables de exigir dinero al representante legal de una empresa de transporte intermunicipal, ubicada en Sogamoso (Boyacá).

El ente acusador informó en un comunicado de prensa que de acuerdo con la investigación, la pareja habría llamado al empresario y, haciéndose pasar como integrantes de una estructura disidente del Frente 28 de las Farc, le pedían distintas sumas de dinero con la amenaza de que si no lo hacía les quemaban los buses y otros bienes.

Según el reporte de la Fiscalía, las intimidaciones contra el empresario iniciaron en junio de 2021 y fueron en aumento. Detallan que el 24 de marzo de 2022, dos personas que se movilizaban en una motocicleta interceptaron uno de los vehículos que cubría una ruta hacia Norte de Santander, obligaron a los pasajeros a descender y ubicaron una caja de cartón bajo el automotor, con el supuesto de que era un explosivo.

Luego de este evento, la víctima recibió otra comunicación telefónica en la que le exigieron $100.000.000. Finalmente, se pactó el pago de $70.000.000 para poner fin a la extorsión. La cita se cumplió en Belén (Boyacá). Un empleado de la empresa transportadora llevó el dinero y, en una tienda, se lo entregó a Rocío Carvajal Villamizar.

Integrantes del grupo Gaula de la Policía Nacional intervinieron y capturaron a la mujer en situación de flagrancia. De igual manera, detuvieron a Óscar Villamizar Vera, quien esperaba en una motocicleta.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá presentó a la pareja ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de extorsión agravada en grado de tentativa. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Por otra parte, por solicitud de una Fiscalía especializada, el pasado 21 de abril un juez impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad contra seis presuntos integrantes de la organización delincuencial Los Contratistas, quienes serían responsables de incurrir en extorsiones en Meta, Antioquia y Santander.

Según la investigación, los procesados recurrirían a engaños para que sus víctimas acudieran a determinados lugares donde supuestamente serían contratados, según sus profesiones. Al parecer, una vez las personas llegaban a los sitios acordados, eran presionados a entregar distintas cantidades de dinero para poder regresar a sus casas.

Las autoridades policiales denunciaron el pasado fin de semana que las disidencias de las Farc que operan en el suroccidente del país continúan con sus acciones delictivas como extorsión, secuestro y retención de vehículos, entre otros, que afecta a diferentes sectores de la sociedad.

Lo que llamó la atención es que esta organización expide recibos, citaciones y paz y salvos con sellos, membretes y firmas, en los que se notifica a las personas que han sido víctimas de extorsión.

La denuncia fue hecha por el director Antisecuestro del Gaula de la Policía, coronel Juan Miguel Thiriat, quien dijo que esta situación se presenta, especialmente, en departamentos como Huila y Cauca.

Precisamente, uniformados de esa institución lograron el pasado sábado 23 de abril la captura de tres presuntos integrantes de la columna móvil Dagoberto Ramos, entre ellos a uno de sus cabecillas de comisión: alias Cristian o Camilo, en un operativo adelantado en el municipio de La Plata, Huila.

“Se estima que (alias Cristian) cobraba entre $50 y $100 millones anuales a diferentes empresas, para permitirles el transporte de carga sin ser objeto de atentados contra vehículos y conductores. La evidencia recaudada también lo vincula con varios ataques a la Fuerza Pública”, señaló el oficial.