A la cárcel, policías vinculados con secuestro de dos personas en un CAI de Bogotá, a quienes habrían exigido $30 millones para liberarlos

Un juez de Control de Garantías envió a la cárcel a los patrulleros José Ever Lagos Ordóñez, José Arley Torres y Arturo Castañeda Silva, y al subintendente John Gabriel Arciniegas Rivera, como posibles responsables de secuestrar y extorsionar a una pareja el pasado 25 de septiembre en Bogotá.

Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó el delito de secuestro extorsivo, el cual no fue aceptado por los policías, luego de las pruebas que presentó el ente investigador dentro del proceso que se les adelanta por la denuncia de secuestro y extorsión.

Entre los elementos materiales probatorios se encuentra que los integrantes de la institución interceptaron a las víctimas en un sector del barrio Pasadena, en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

Allí, inicialmente les pidieron los documentos de identidad para verificar antecedentes judiciales. Al revisar le indicaron a uno de los requeridos que tenía una orden de captura vigente, por concierto para delinquir y otros delitos y, al parecer, le pidieron 30 millones de pesos para no hacerla efectiva.

Los uniformados habrían trasladado a las personas a un parque para inducirlas a hacer una transacción por la suma solicitada; sin embargo, ante la negativa las llevaron a un CAI para obligarlas a firmar un papel en blanco, petición que también fue rechazada.

SEMANA reveló este sábado el expediente del escandaloso caso que enreda a los cuatro uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, en un hecho que arrancó como un procedimiento de rutina para dos patrullas de la institución y que terminó en el secuestro de una pareja de esposos.

Los uniformados, señala la denuncia, exigían 30 millones de pesos por dejarlos en libertad y, de paso, evitar una captura. La historia de este escándalo en la Policía tiene fecha: 25 de septiembre de 2023.

En el expediente que conoció SEMANA se advierte que requirieron a dos de los detenidos, una pareja de esposos, porque en su contra, según los policías, había órdenes de captura. Los uniformados convirtieron un procedimiento de identificación en un operativo contra dos estafadores buscados por la Fiscalía y que debían ser capturados de manera inmediata, a menos que pagaran.

Pero no fue solo la exigencia de dinero, la Fiscalía aseguró que los uniformados les hicieron seguimiento y perfilamiento a las víctimas. Tenían fotografías de sus recorridos, direcciones de la residencia y datos familiares que por momentos convencían en la veracidad de las supuestas órdenes de captura. Incluso, un policía simulaba hablar con una fiscal.

Las órdenes de captura, según los uniformados, eran por los delitos de estafa, concierto para delinquir, hurto y lavado de activos. Las víctimas señalaron a la Fiscalía que un policía advirtió la necesidad de alejarse del supermercado porque “estaban dando boleta”. Fue cuando un patrullero se subió al vehículo de los afectados y entregó indicaciones.

Los demás policías, junto con la pareja de esposos, hicieron el recorrido a pie hasta un parque cercano. El desplazamiento quedó en los videos de seguridad de los edificios aledaños y fueron recuperados por los investigadores para argumentar la hipótesis de un secuestro.

En el parque, y justo al frente al CAI donde debían sentirse seguros, señala la denuncia, continuaron las exigencias de dinero. Advertían que los procesos judiciales y la orden de la Fiscalía era llevarlos hasta el búnker, por cuenta de las investigaciones. Pasó más de una hora y el procedimiento se convirtió en un tire y afloje.

Como el acuerdo por la libertad de los detenidos no se concretó, según la denuncia, llevaron la discusión hasta el CAI Alhambra, donde insistieron en el problema legal que tenían los esposos y cómo, de continuar con las diligencias, serían llevados a la cárcel. Nuevamente, saltó la oferta a cambio de su libertad.

Fueron los propios secuestrados los que grabaron con un reloj inteligente los momentos posteriores a las exigencias de dinero que, como no dieron resultado y tras tampoco terminar capturados, los uniformados quisieron darle un barniz de legalidad al pedirle a la pareja firmar un documento en blanco.

La directora seccional de fiscalías en Bogotá, Leonor Merchán, explicó cómo se adelantó la investigación y de qué forma se recuperaron los elementos de prueba que permitieron la captura. La defensa no la tuvo fácil y el juez fue contundente. Los defensores alegaron un conflicto de competencias tras advertir que no hubo secuestro, en el peor de los casos, una privación ilegal de la libertad, competencia de la Justicia Militar.

El juez rechazó la solicitud y por más que los abogados insistían en la inocencia de los policías, incluso señalando que las supuestas víctimas tenían antecedentes por estafa y hurto, ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario. El enredo judicial que dejó sin uniforme a los cuatro policías apenas comienza.

Mientras los investigadores están convencidos de las evidencias, de la palabra de las víctimas y de la decisión del juez, la defensa de los uniformados mantendrá su estrategia para demostrar que un procedimiento policial no puede confundirse con un secuestro. Por ahora, el round lo ganó la Fiscalía.