“A mi hermana le pusieron un fusil oxidado y un uniforme”: el crudo relato de la hermana de una víctima de falsos positivos

Esta semana se llevó a cabo el cara a cara entre militares y familiares de víctimas de falsos positivos perpetrados por el Batallón La Popa.

Uno de los testimonios más duros fue el de María Faustina Martínez, hermana de Noemí, una menor de la comunidad Wiwa de tan solo 13 años que murió junto a otro joven, Hermes Carrillo.

“Mi hermana no fue ninguna guerrillera, tenía dos meses de embarazo y eso es lo que más duele a nosotros. Mi hermana clamó desde el día que la sacaron hasta que la asesinaron para que no la mataran y ellos no entendieron eso”, contó Martínez con lágrimas. “A mi hermana le pusieron un fusil oxidado y un uniforme que ni le quedaba”, relató.

“Nos causaron un daño grandísimo, mi mamá debajo de tierra, mi padrastro inválido, enfermo, no habla. ¿Por qué acabar con la vida de una menor de edad?”, se preguntó ante la presencia de magistrados y víctimas.

Como ella, varios familiares de víctimas lo único que piden es que se sepa toda la verdad. Todos tuvieron un común denominador: pedirles a los militares que confiesen los nombres de los verdaderos responsables de lo ocurrido.

Una caja de arroz chino y 100 mil pesos por falsos positivos

Según el crudo relato de Yeris Andrés Gómez Coronel, soldado de ese entonces que militaba en ese batallón, un guerrillero quedó herido en medio de un enfrentamiento contra el llamado Frente 6 de diciembre del ELN. Gómez contó que recibió la orden del mayor José Pastor Ruiz Mahecha de asesinarlo. “No le prestamos los primeros auxilios que se merece un excombatiente, violando el derecho a la vida y violando el derecho a la seguridad ciudadana”, dijo el ahora exsoldado.

Pero lo que más sorprendió en su testimonio fue el premio que recibió de sus superiores por haber cometido ese asesinato. “El comandante del batallón La Popa, en el rancho de tropa, me dio 100 mil pesos y también le compró un arroz chino a todo el grupo especial. No nos merecíamos eso porque violamos los derechos de las personas”, dijo arrepentido.

Gómez Coronel también sorprendió a los magistrados por otras duras declaraciones. “Los soles de los generales Mario Montoya Uribe, el general Justo Eliseo Peña, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, el general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el coronel Monsalve Hernández están manchados de sangre, así como mis manos”. Según Gómez, estos altos mandos eran quienes daban los premios y permisos por estas operaciones y agregó que “hasta el presidente de entonces, Uribe Vélez, pedía resultados. Tropa que no daba resultados no tenía permisos. Esa era la seguridad democrática, matar inocentes”.

¿Viajes a Cartagena?

Según Gómez, estos altos mandos eran quienes daban los premios y permisos por estas operaciones. Agregó que “hasta el presidente de entonces, Uribe Vélez, pedía resultados. Tropa que no daba resultados no tenía permisos. Esa era la seguridad democrática, matar inocentes”.

Al contrastar la información que forma parte del acervo probatorio, la JEP determinó que cada uno de los imputados, de los 15 militares, “tuvo un rol esencial en la configuración de los patrones criminales y participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetrado el plan criminal”, señaló la JEP.

“Daban viajes para Cartagena, San Andrés, daban pistolas como premio, fiestas y daban reuniones con trabajadoras sexuales”, contó.

Una competencia para lograr el mayor número de muertos

“El personal que integraba el Batallón La Popa, bajo el mando del coronel (r) (Publio Hernán) Mejía sabía lo que estaba pasando. Traíamos personas incluso vivas que finalmente eran asesinadas como si fueran guerrilleros, pero eran inocentes”, contundente, fría y dolorosa, así fue la declaración del sargento primero (r) Efraín Andrade Perea, quien reveló detalles escalofriantes de lo que ocurrió cerca del año 2002, en el Batallón La Popa, donde se ha demostrado cómo, por órdenes de superiores, los militares de esta guarnición se convirtieron en una máquina de asesinar civiles para presentarlos como bajas en combate, lo que se conoce como falsos positivos.

Andrade era la cabeza de inteligencia del batallón, uno de los más grandes del país. Allí, ante familiares de víctimas reconoció su responsabilidad por participar en lo que denominó “toda una logística para encubrir muertes de inocentes, falsamente presentados como subversivos”.

“Acepto hoy frente a ustedes a título de coautor de homicidio, conductas que también constituyeron crímenes de lesa humanidad, de asesinato y desaparición forzada de personas”, dijo ante los magistrados de la JEP.