“A migrantes no se les pueden poner muros”: defensor tras declaraciones de Petro en las que aseguró que EE. UU. pidió un muro en el Darién

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, realizó una nueva visita al municipio de Necoclí, Antioquia, con el fin de evaluar la situación de la población migrante, en particular, las familias que se encuentran viviendo en condiciones precarias en los municipios de Apartadó, Chigorodó, Carepa, Turbo y Necoclí. Durante su visita, el defensor del Pueblo destacó la importancia de abordar la migración de manera “segura, ordenada y regular”, en condiciones de “dignidad humana”.

“A los migrantes no se les pueden poner muros, no se les puede imponer barreras. La migración debe cumplir con tres principios fundamentales: que sea segura, que sea ordenada y que sea regular, todo ello en condiciones de dignidad humana. Además, debe ser financiada y acompañada para que sea sostenible”, dijo Camargo Assis tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que aseguró que Estados Unidos había pedido que se construya un muro en el Darién.

Al respecto, el asesor de seguridad nacional del Gobierno estadounidense, John Kirby, desmintió tal afirmación.

El defensor del Pueblo señaló que imponer restricciones adicionales a las difíciles condiciones de la travesía por la selva del Darién “no tiene sentido” y podría llevar a los migrantes a buscar rutas más peligrosas. Subrayó que la migración no se detendrá hasta que se mejoren las condiciones en sus países de origen.

“No tiene sentido imponer restricciones adicionales a las ya difíciles condiciones de la travesía por la selva del Darién. Esto generaría incentivos para que los migrantes busquen rutas más peligrosas. Esta migración no se va a detener hasta tanto no se mejoren las condiciones socioeconómicas en los países de origen de la migración”, recalcó el funcionario.

Durante su recorrido, Carlos Camargo Assis constató las condiciones precarias en las que viven los migrantes, principalmente venezolanos, que carecen de recursos económicos para cruzar la frontera. Esta situación ha llevado a un aumento de la población migrante en habitabilidad de calle en los mencionados municipios.

“En el recorrido que hicimos, pudimos verificar las condiciones en que viven estas personas, sin atención en salud, alimentación adecuada, acceso al agua potable y viviendo a la intemperie, por eso hago un llamado a la Gobernación de Antioquia y a las alcaldías para que establezcan planes de acción inmediata que permitan atender a los migrantes, se adecúen albergues y se realicen jornadas de atención en salud”, indicó el defensor del Pueblo.

Además, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) priorizar e intensificar la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes, en particular a aquellos que viajan no acompañados.

Carlos Camargo Assis también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que implemente un sistema de caracterización de la población migrante y agilice la apertura del Centro de Atención Fronterizo (CAF) en el municipio de Necoclí. Este centro permitirá articular la respuesta institucional y humanitaria en la atención y garantía de los derechos de la población migrante.

La visita del defensor del pueblo se produjo después de que el gobierno panameño anunciara medidas migratorias, como deportaciones de personas con antecedentes penales y cambios en los lugares de atención a los migrantes.

Desde el 1 de enero hasta la fecha, más de 380,000 migrantes han cruzado desde Colombia hasta Panamá a través de la frontera selvática del Darién. De ellos, el 59 % son venezolanos, el 13 % son ecuatorianos, el 11 % son haitianos, el 3 % son colombianos y el resto proviene de diversas naciones.

La Defensoría del Pueblo, en conjunto con su homóloga de Panamá, emitió en abril una alerta temprana binacional con el objetivo de advertir sobre los riesgos que enfrentan diferentes grupos de población en la región, incluyendo migrantes. Carlos Camargo Assis reiteró la importancia de la presencia institucional en los lugares de frontera para evitar la agudización de una crisis humanitaria y garantizar la protección de los derechos de los migrantes.