A pesar de la campaña electoral, Gobierno podrá seguir celebrando contratos interadministrativos

Una decisión tomada este lunes por el Consejo de Estado le permitirá, por ahora, al Gobierno celebrar contratos interadministrativos en plena época electoral, algo que estaba prohibido por la ley de garantías.

El alto tribunal confirmó la nulidad de una tutela que pretendía suspender la entrada en vigencia de un artículo, incluido en la ley de presupuesto aprobada el año pasado, que pretende que para el presente proceso electoral no se aplique la Ley de garantías.

El Consejo de Estado determinó que la norma está en vigencia –es decir se suspende una parte de la Ley de garantías– hasta que haya un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional.

La ley de garantías es una norma que se aplica cuatro meses antes de las elecciones presidenciales y que prohíbe que en este período el Estado celebre contratos interadministrativos y también recurra a la contratación directa.

Con la decisión del Consejo de Estado sí se podrá seguir recurriendo a los contratos interadministrativos, pero la contratación directa sí se mantiene prohibida hasta después de que pasen las elecciones.

En todo caso, este año, como ocurre cada vez que hay elecciones, nuevamente se dio un aumento en la contratación previo al proceso electoral.

La disyuntiva está en que los administradores públicos condenan la aplicación de la Ley de garantías como un freno a las posibilidades de seguir el curso de ejecución de los recursos para que el Estado continúe funcionando.

Como lo reportó SEMANA, desde el 11 de enero empezó el repunte. Ese día se suscribieron 10.821 contratos, según las estadísticas registradas en el Secop (II), la herramienta que se maneja en Colombia, en que está la obligatoriedad de mostrar toda la contratación que se haga.

A partir de allí los números empezaron cuesta arriba. El 12 del primer mes del año la cifra subió a 11.315 contratos, para el 13 ya estaba el marcado diario en 12.982, mientras que el 14 se había incrementado a 15.448.

El pico más alto se presentó el 26 de enero, con 32.846 contratos, día en el cual solo faltaban unas horas para que empezara la restricción.

Lo cierto es que las estadísticas de la Agencia Colombia Compra Eficiente, en la que se maneja el Secop II, sumaron 305.364.

Si bien la cantidad de contratos en esta oportunidad es menor a la registrada en 2018, año comparable por ser también de elecciones, en el país se sigue haciendo una fiesta con la contratación antes de empezar a regir la Ley de garantías. En 2018 se registraron 400.295 contratos en enero, pero con la misma tendencia de ahora: un incremento en el ritmo en los últimos días.

Los que definen la Ley de garantías alegan que el aumento en la contratación previo a la aplicación de la norma no se debe a nada distinto que ‘pagar favores a cambio de votos’. Para ello se utiliza la oferta de puestos públicos, lo que explica el relevo que se da en esta temporada.

Y eso que las reglas de juego vigentes indican que, durante la aplicación de la Ley de garantías, no se podrán realizar o extender contratos de prestación de servicios o de apoyo a la gestión.

Entre los que piden desblindar la Ley de garantías en temporada previa a las elecciones y los que defienden su aplicación como un mecanismo de protección frente a la corrupción, hay un hilo delgado. El argumento neutral es que no hay razón para dejar todo lo que se requiere, en cuanto a cambios de personal o nuevas contrataciones, para el final, pues esa situación siempre dará pie a suspicacias.