A prisión, cinco militares que habrían participado en homicidio de líder indígena en Valle del Cauca

Un juez penal con función de control de garantías de Bogotá impuso en las últimas horas medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco integrantes del Ejército Nacional, adscritos al Batallón Pichincha de Cali (Valle del Cauca).

A los uniformados se les considera posibles responsables del asesinato del líder Ómar Guasaquillo, de la comunidad indígena Kiwe Nasa, y de lesionar con arma de fuego a Diego Alexis Vega Echavarría, miembro de la población campesina.

“Las investigaciones adelantadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos indicarían que los uniformados al parecer mintieron en la versión sobre el operativo militar en el que perdió la vida Guasaquillo”, señaló la Fiscalía.

Además, el ente acusador indicó que en las supuestas declaraciones de los militares, el 5 de septiembre de 2019, ellos recibieron información de la presencia de ocho miembros de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC en el predio La Quindiana, en Calima (Valle del Cauca), lo que los habría llevado a adelantar la operación militar.

“En su momento, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de homicidio en persona protegida en concurso con tentativa de homicidio en persona protegida y falsedad ideológica en documento público. Los cargos no fueron aceptados por los uniformados”, agregó el ente acusador.

Según la Fiscalía, los militares involucrados en el anterior hecho son:

- Teniente César Andrés Torres Trujillo

- Soldado profesional Daniel Andrés Madrid Maestra

- Soldado profesional Lucio Cortés Santiago

- Soldado profesional John Jairo Luna Enríquez

- Soldado profesional Alexánder Marín Gutiérrez

“Los falsos positivos existen y han llegado casos al sistema interamericano”

En los últimos días se generó una fuerte polémica luego de que, en un foro de los precandidatos a la Presidencia por el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal se despachara contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), específicamente con el tema de los “falsos positivos”, como se les conoce a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por entonces miembros de la fuerza pública.

Cabal aseguró que los “falsos positivos” son una forma de “destruir el honor de la fuerza pública”. Señaló: “Eso enferma (a) la izquierda porque necesita crear una narrativa que destruya el honor de la fuerza pública, por eso se inventan 6.402 falsos positivos. Pero el presidente de la JEP no publica la lista para demostrarle que es falso. ¡Publique la lista, no deshonre más a los hombres que perdieron sus ojos, sus piernas y su vida por este país!”.

No obstante, sobre el tema habló el lunes ante una charla con la JEP la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Antonia Urrejola, quien insistió en que las ejecuciones extrajudiciales “sí existen”.

Aseveró: “Sobre los falsos positivos y la opinión de la Comisión, esta tiene varios casos sobre este tema y hemos llegado hasta la Corte. Por lo tanto, entendemos que los falsos positivos existen y existen casos al respecto que han llegado al sistema interamericano”.

Prueba de ello es que durante las audiencias de judicialización de John Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’, implicado en al menos 14 muertos dentro de casos de falsos positivos, la Fiscalía reveló el testimonio de un sargento que reconoce que para la época de los hechos a ningún comandante del Ejército le servían capturas y que, por el contrario, pedían muertos en combate.

Se trata del testimonio del sargento Rubiel Bustos Escárraga, quien reconoció que sus unidades militares realizaron varias operaciones militares con base en la información que les estregaba Castro Ramírez, quien es acusado por la Fiscalía de ser uno de los reclutadores de jóvenes para que el Ejército los asesinara y los hiciera pasar por subversivos muertos en combate.

“A ningún comandante le iban a servir capturas o algo así, entonces lo que buscaban era bajas en combate”, dijo el sargento durante una audiencia de interrogatorio con la Fiscalía.

De otro lado, la presidenta de la CIDH reconoció que “desde 2016 hemos venido dando seguimiento a los esfuerzos realizados por el Estado tras la firma del Acuerdo de Paz, enfocándose en avances y desafíos que van de la mano del cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado colombiano en la materia”.

Así mismo, señaló que en el país se han logrado varios avances en la implementación del acuerdo y destacó que se ha conocido “información relevante sobre los hechos y conductas relacionadas con el conflicto”.

Sin embargo, manifestó su preocupación con respecto al asesinato de líderes sociales en varios territorios del país, sobre todo en los rurales. Expresó que “la violencia es persistente en diversos territorios del país, donde grupos armados se disputan el control territorial”.

Finalmente, comentó que para que una paz sea verdadera y estable “debe contar con la voz de las personas que han sido afectadas”, aunque reconoció que “el contexto colombiano es complejo con la existencia de grupos armados ilegales, narcotráfico y paramilitares”.