A prisión en Cali dos personas con más de 1.000 millones de pesos que no pudieron justificar

La Fiscalía General de la Nación judicializó a los hermanos Jorge Iván y Gustavo Adolfo Puerta Giraldo, quienes serían los responsables de transportar 1.009 millones de pesos en efectivo, cuyo origen no han podido justificar hasta el momento.

Personal de seguridad de un centro comercial Cali (Valle del Cauca) alertó a las autoridades sobre la presencia de un carro sospechoso de color negro. Unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar para verificar la información; sin embargo, las personas a bordo del vehículo arrancaron y emprendieron la huida. Patrullas de la estación El Caney persiguieron al automotor y lo interceptaron luego de que chocara. En la inspección los uniformados encontraron tres maletines en los que estaba el dinero. El conductor y su hermano fueron capturados en situación de flagrancia.

Un fiscal de la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y los imputó como presuntos responsables del delito de lavado de activos. Los procesados no aceptaron el cargo y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. De otra parte, los 1.009 millones de pesos fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo con fines de comiso.

Recientemente, la Policía Metropolitana de Cali desmanteló una banda delincuencial en la que sus integrantes, disfrazados de domiciliarios, movían millonarias sumas de dinero producto de actividades delictivas. Uno de los casos más representativos es la captura de dos sujetos que transportaban alrededor de 80 millones de pesos. Y pese a que horas después quedaron libres, el caso permitió develar la nueva modalidad del transporte de activos.

Con esta información, la Policía Judicial abrió una investigación que permitió la desarticulación de una estructura dedicada al narcotráfico y el hallazgo de una caleta con 8.700 millones de pesos. Dentro de los diferentes fenómenos delictivos, también se identificó el uso de prendas de empresas domiciliarias para cometer hurtos en la ciudad.

Entre los casos de hurtos más sonados está un robo cometido en el norte de la ciudad, en donde con armas de fuego en una peluquería hurtaron las pertenencias y dinero a clientes y empleados a mediados del año pasado. Por otra parte, se identificó dentro de la nueva estrategia criminal la práctica de homicidios, en especial en época de pandemia, y para justificar su tránsito en la ciudad cuando existieron las restricciones de movilidad, aprovechando esta figura, sicarios en motocicletas llevando consigo distintivos de las diferentes aplicaciones de servicios a domicilio.

Otros hechos en Cali

El 31 de mayo pasado, el fiscal Francisco Barbosa Delgado, desde Cali (Valle del Cauca), dio a conocer nuevos resultados de las acciones adelantadas para esclarecer hechos delictivos y judicializar a los responsables de actos de vandalismo que afectan la seguridad ciudadana y deslegitiman la protesta social.

En ese sentido, se refirió a la medida de internamiento preventivo en Centro de Atención Especial impuesta por el Juzgado Quinto Penal para Adolescentes, con función de control de garantías, contra tres menores de edad, por su presunta coautoría en los delitos de terrorismo agravado en concurso heterogéneo con homicidio en grado de tentativa agravado y fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego, accesorios, partes, y municiones agravado.

Los adolescentes de 15, 16 y 17 años fueron aprehendidos en flagrancia por agentes de la Policía Metropolitana de Cali (Mecal) este 28 de mayo, en horas de la noche, en el barrio El Lido, suroccidente de la ciudad. Al parecer los presuntos infractores hacían parte de un grupo de 30 personas aproximadamente que intentó tomarse las instalaciones de la estación de Policía y el Centro Judicial del Lido, lanzando bombas molotov, papas bomba, y disparando armas de fuego.

De acuerdo con las evidencias y testimonios recopilados en el sitio, los menores habrían lanzado ‘cocteles’ molotov contra la estación para provocar un incendio. Según el pronunciamiento de la juez, “se configura el delito de terrorismo agravado ante el estado de zozobra, de intranquilidad, angustia, desazón que vienen viviendo, en los últimos días y, particularmente, el día de los hechos, donde ponen en peligro tanto la integridad física, la libertad de las personas, y la integridad de las instalaciones de una edificación donde funcionan entidades de la fuerza pública; para lo cual fueron utilizados medios capaces de causar estragos, como en efecto ha ocurrido, con las bombas incendiarias y molotov, teniéndose en cuenta que allí funcionan el Centro de Atención Local, la Casa de Justicia de Siloé, Medicina Legal, la Comisaría de Familia, la Policía Nacional de Auxiliares Bachilleres, el Juzgado Primero y Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Siloé y la Inspección Permanente de Policía”. Los adolescentes no aceptaron los cargos imputados.