¿Quiénes son las once personas que la Corte ordena investigar por el caso Uribe?

La decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la que se dictó la medida de aseguramiento en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, se hizo pública el pasado 4 de agosto. De inmediato, el país reaccionó. Con la efervescencia de la noticia saltaron críticas y celebraciones, pero pocos se percataron de que la providencia en donde se argumentaban las razones detrás de la medida aún no se conocía. Tan solo se sabía que Uribe Vélez estaría recluido en su casa mientras se surte lo que queda del proceso. Pero faltaba tela por cortar.

Días después se difundió el documento de cerca de 1.500 páginas que contenía la polémica decisión. Esto permitió conocer que los magistrados también habían ordenado la compulsa de copias por presuntos delitos a 11 personas que están involucradas en el caso. Un primo del expresidente y miembros de su equipo jurídico forman parte del grupo de destinatarios del traslado que llegará a manos de la Fiscalía General de la Nación para que investigue si se configuraron diferentes delitos en las declaraciones ante la Sala Penal de la Corte Suprema y los demás hechos que rodean la presunta manipulación de testigos.

El exsenador condenado por parapolítica, Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Uribe Vélez, será uno —quizás el más mediático— de los individuos sobre los que el ente acusador posará su lupa. Debido a sus aparentes esfuerzos por conseguir la retractación del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, recluido en la cárcel de Palmira, a cambio de una "posible retribución económica", es que la Sala Especial de Instrucción solicita que se indague sobre la posible existencia de soborno y fraude procesal.

El abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón habría recibido unos dineros por parte de Uribe Escobar y ejercido presión directa sobre Vélez para que echara para atrás su testimonio. Por esto, Sánchez Cañón también será investigado. Vale la pena recordar que no es la primera vez que al jurista se le acusa de sobornar testigos. Ya en 2018 había sido detenido por ofrecer dádivas con el objetivo de torcer declaraciones que favorecieran al líder de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes en Manizales.

Mario Uribe Escobar realizó unos giros de dinero en favor del abogado Sánchez Cañón, tal y como lo reveló Daniel Coronell en una columna.

Tanto Sánchez Cañón como Uribe Escobar fueron incriminados por Vélez en su declaración ante la Corte Suprema de Justicia el 3 de septiembre de 2019.

A Diego Javier Cadena Ramírez, quien era el abogado encargado por Uribe Vélez para recolectar los testimonios de antiguos paramilitares, también se le compulsaron copias. Once meses atrás, en septiembre de 2019, Cadena Ramírez acudió ante la Sala Especial de Instrucción y explicó cómo había abordado a los testigos Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve. Luego de estudiar lo declarado y contrastarlo con las demás pruebas allegadas al proceso, los magistrados consideraron que había suficientes motivos para creer que Cadena Ramírez no había dicho toda la verdad. Por lo tanto, se le dio traslado a la Fiscalía para que investigue la comisión de falso testimonio, fraude procesal y alteración o destrucción de material probatorio. El pasado 6 de agosto, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento al abogado. 

Y en esa misma diligencia, este mismo juez determinó que Juan José Salazar Cruz, socio de Cadena Ramírez, no era merecedor de la privación de su libertad dado que sus acciones se limitaban a las de un "mensajero" al momento de visitar a los exparamilitares en las prisiones. Según el funcionario judicial, Salazar Cruz no tomaba decisiones y era un subalterno de Cadena Ramírez. Sin embargo, la Fiscalía ahora verificará si dio un falso testimonio a la Sala Especial de Instrucción "en lo relacionado con su participación en el proceso de abordaje al interno Carlos Enrique Vélez para el año 2018".

De la misma forma, el testimonio de quien fuera el contacto entre el abogado Cadena Ramírez y el testigo Juan Guillermo Monsalve, Enrique Pardo Hasche, será objeto de investigación. La Fiscalía entrará a indagar después de que la Sala Especial de Instrucción encontrara falta de coherencia en la versión que dio Pardo Hasche sobre su acercamiento a Monsalve y el modo en que lo introdujo al abogado del expresidente Uribe Vélez.

Entre las contradicciones de Pardo Hasche, quien está condenado por secuestro en La Picota, está la afirmación en la que negó haber sido parte de las reuniones entre Monsalve y Cadena Ramírez. Hay cartas en donde se prueba lo contrario. Además, pese a que aseguró que su único interés era ayudar a Monsalve por ser su compañero de reclusión, los magistrados encontraron que sus esfuerzos por conseguir una retractación que favoreciera a Álvaro Uribe Vélez eran constantes. Múltiples llamadas con Cadena Ramírez así lo evidenciaron.

"La conclusión que arrojan las legales interceptaciones no es otra que el pleno conocimiento, conciencia y voluntad de Enrique Pardo Hasche y su interlocutor Diego Cadena de estar desplegando una conducta ilegal para lograr, a cambio de ofrecimientos y presiones, que Monsalve Pineda se retractara", se lee en el auto.

Los testimonios de los exparamilitares Máximo Cuesta Valencia alias Sinaí, Elmo José Mármol Torregrosa alias Poli y Giovanny Cadavid Zapata también están en entredicho. En su momento, aseveraron ante la Corte Suprema que el senador Iván Cepeda les ofreció beneficios e intentó manipularlos en su condición de testigos. Si bien el caso en contra de Cepeda fue archivado en febrero de 2018, sus declaraciones fueron aportadas por el abogado Cadena Ramírez posteriormente y por eso la Alta Corte solicitó que se presentaran a declarar. Acudieron en septiembre de 2019 y sus palabras generaron dudas entre los magistrados.

"Confrontadas las declaraciones de los señores Máximo Cuesta Valencia, Elmo José Mármol Torregrosa y Giovanny Cadavid Zapata, en sí mismas consideradas y con el resto de la prueba testimonial y documental allegada a la actuación, emerge una serie de curiosas situaciones e incongruencias que exponen a las claras que en sus afirmaciones no se ajustan a la verdad".

Otras de las intermediarias entre Cadena Ramírez y Monsalve, Victoria Eugenia Jaramillo, será investigada por posible falso testimonio. Igualmente, Eurídice Cortés Velasco, cercana a Carlos Enrique Vélez, y Carlos Eduardo López, quien por petición del congresista Álvaro Hernán Prada habría presionado a Juan Guillermo Monsalve para que se retractara, también forman parte de las 11 personas a las que se le compulsaron copias.