“Señora juez, queremos la libertad del ciudadano Álvaro Uribe”, abogado del expresidente

Una primera sorpresa en la audiencia de Álvaro Uribe fue ver entre las partes implicadas al ex fiscal general –antiguo uribista y ahora enemigo del expresidente– Eduardo Montealegre, y a su escudero, el exvicefiscal Jorge Perdomo.

En las últimas semanas ambos cobraron protagonismo al presentarse ante la Corte Suprema para tratar de evitar que el caso por la masacre de El Aro fuera remitido a la Fiscalía. Fracasaron en ese propósito, pues los magistrados decidieron apartarse y enviar el expediente al ente acusador dada la renuncia de Uribe al Senado. Montealegre y Perdomo además presentaron un memorial con el que aseguran que el exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, debe responder bajo el concepto de comisión por omisión en esos hechos.

Pero hasta ahora no se sabía de ningún vínculo de los exfiscales con el caso por presunta manipulación de testigos, que es por el que está detenido Uribe y por el cual se da la audiencia de este miércoles en la que espera lograr recuperar la libertad.

En la diligencia también está presente el senador Iván Cepeda, quien sí está acreditado como víctima de la supuesta manipulación de testigos. Los abogados de Uribe, aunque no están nada cómodos con la sorpresiva presencia de Montealegre y Perdomo, decidieron no desgastarse hoy frente a ello. Por ahora, todos los esfuerzos de la defensa estarán enfocados en que Uribe recupere la libertad. La audiencia entonces arranca con la presencia de los dos principales adversarios del expresidente: Iván Cepeda y Eduardo Montealegre.

La diligencia le correspondió a la jueza 30 de garantías. Se trata de una togada reconocida en la rama judicial por su seriedad y rigurosidad en las diligencias judiciales.

La diligencia, que será a través de teleconferencia, estaba programada para las nueve de la mañana pero se ha dado un retraso de hora y media en detalles técnicos. Así mismo, los abogados han preferido poner a disposición anticipada del despacho varios documentos que usarán en sus intervenciones. La jueza decidió revisar esos documentos y la acreditación de las partes antes de dar inicio formal a la diligencia.

Uribe, desde su casa por cárcel, estará presente en la audiencia. Así mismo, sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana. Está también el senador Iván Cepeda, y su abogado Reinaldo Villalba. También un representante de la Procuraduría y, por supuesto, el fiscal designado Gabriel Jaimes.

10:45 a.m. Habla el abogado de Iván Cepeda El penalista Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda fue el primero en intervenir una vez la audiencia pública arrancó oficialmente. El jurista hizo una recuento de normas para señalar que el caso contra Uribe debía seguir conduciéndose bajo el marco de la Ley 600 (como se venía haciendo cuando el expediente era instruido por la Corte Suprema), y no bajo los parámetros del sistema penal acusatorio o Ley 906.

Villalba aseguró que si bien ahora el asunto debe ser conducido por la Fiscalia, el marco normativo no debe cambiar ni anularse los desarrollos que tuvo el expediente. “Simplemente el caso pasó de la Sala de Instrucción al fiscal delegado, pero el procedimiento debe ser el mismo y los avances se mantienen”, dijo el abogado, quien recalcó que lo actuado en la Corte debe mantenerse.

El abogado de Cepeda arrancó queriendo echar abajo la primera decisión de la Fiscalía, pues cuando esta rechazó la petición de libertad solicitada por el abogado Jaime Granados, dijo que eso era improcedente pues tal decisión le correspondía a un juez de garantías, bajo el entendido de que el caso ahora sería conducido en el marco de la Ley 906. Villalba, al insistir en que el caso se mantenga en la Ley 600 trata de evitar que proceda la libertad de Uribe pues de continuarse en el mismo marco normativo las decisiones previas deberían mantenerse.

Así, el abogado de Cepeda trata de anticiparse a lo que dirá la defensa de Uribe que argumentará que para que haya medida de aseguramiento se requiere una audiencia previa en donde se tome tal determinación, y que en este caso, esa diligencia no ha existido.

11:45 a.m. Montealegre y Perdomo hablan Luego de superarse una falla técnica en la conexión de uno de los intervinientes la diligencia se retomó. La togada le dio el uso de la palabra a Montealegre y a Perdomo señalando que estos se presentaban como víctimas pues aseguraron que los hechos en cuestión los afectaban. Hasta ahora no es claro por qué este caso convierte en víctimas a los exfiscales.

Montealegre y Perdomo intervinieron para respaldar la petición del abogado de Iván Cepeda. Ambos solicitaron a la jueza que mantuviera la Ley 600 como marco normativo “Aquí no ha habido un tránsito de leyes sino que estas han coexistido. Hubo sí un cambio de competencia instructiva, pero no de normas”, señaló Montealegre. Perdomo insistió en ese argumento y agregó que “en el mismo auto de la Fiscalía con que se negó la libertad del exsenador, se manifestó que podría haber dificultades al hacer el tránsito de un sistema a otro”.

12:20 a.m. El debut del fiscal Jaimes Gabriel Jaimes, delegado por el fiscal general para instruir el caso de Álvaro Uribe, argumentó que el proceso debe desarrollarse bajo el sistema penal acusatorio con audiencias públicas en las que se debatan las evidencias. La postura coincide con lo que solicita, de tiempo atrás, la defensa del expresidente.

Jaimes señaló que eso es lo que corresponde en derecho, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema. Pero además, señaló que también la Ley 906 ofrece mayores garantías para todas las partes. “Por garantista, tanto para el procesado como para las víctimas, el caso debe desarrollarse en el marco de la Ley 906”.

Y agregó que también este marco normativo sería el más adecuado dada la connotación del caso: “Un caso como este debe ser claro y a la luz, para que el país conozca todas las pruebas”, aseguró Jaimes.

A su turno, la Procuraduría, representada por María Lourdes Hernández, respaldó la postura del fiscal Jaimes. Es decir, también el Ministerio Público opina que el caso debe ser desarrollado en el marco del sistema penal acusatorio. “El tránsito de una legislación a otra está avalado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”, señaló Hernández.

12:45 a.m. Interviene el abogado de Uribe Jaime Granados, el abogado titular del expresidente, hizo una argumentación que retrocedió en el tiempo al momento anterior a que el caso llegara a la Fiscalía. El jurista señaló que tras la renuncia de Uribe al Senado la Sala de Instrucción acertó al apartarse del caso y remitirlo al ente acusador para lo que este considerara.

Y que la primera actuación de la Fiscalía, al rechazar la recusación de Cepeda, fue señalar “en uso de sus facultades” que el caso se enmarcaba en la Ley 906 entre otras porque los hechos que le endilgan a Uribe ocurrieron en vigencia de esa norma.

Granados también recordó que 22 magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia rechazaron la recusación de Cepeda tanto frente al fiscal general, como al fiscal asignado Gabriel Jaimes, petición en la que ya se pedía mantener la Ley 600 como el marco normativo para el caso. “La Corte ya rechazó eso y tal debe ser la interpretación que mantenga su señoría”, le dijo el abogado a la jueza de garantías. El abogado agregó: “Así que todas las autoridades sin excepción han concluido que para el caso debe operar el régimen ordinario del sistema penal acusatorio”.

Tras la intervención de Granados, que fue concreta y enfocada únicamente al debate de en cuál marco normativo debe llevarse el caso, la jueza sorprendió suspendiendo la diligencia y anunciando que se retomará “en los próximos días”. La togada argumentó que escuchadas todas las partes analizará los argumentos y decidirá si el asunto se lleva en el marco de Ley 600 o en el sistema penal acusatorio (Ley 906).

Ante esto Granados solicitó la palabra y explicó: “Su señoría, con todo respeto, esta audiencia fue solicitada porque queremos la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, entendiendo que usted es quien preside la diligencia le ruego la misma se retome lo antes posible, toda vez que hay una persona privada de la libertad”.

La togada respondió que era totalmente consciente de esas circunstancias, y que la audiencia continuará lo antes posible, pero al mismo tiempo explicó que requería primero decidir el asunto del marco normativo en que se moverán. Luego señaló que privadamente cruzarían agendas con las partes, a fin de establecer la fecha en que la diligencia continuará. La fecha acordada fue el 22 de septiembre, es decir el martes de la semana entrante. Así que la decisión sobre la eventual libertad del expresidente sigue en vilo.