¡Aagghh!

Los colombianos sintieron a Alvaro Uribe en el bolsillo muy rápido. No había pasado una semana de gobierno cuando se declaró el estado de conmoción interior y, al amparo de éste, se decretó el impuesto al patrimonio. Este golpe de dos billones de pesos fue incluso bien recibido por la mayoría de los contribuyentes, quienes entendieron que la promesa electoral de recuperar la seguridad no se podría lograr sin plata.

Pero esta era sólo la cuota inicial del sacrificio. Con las medidas que se tomaron en los días siguientes quedó claro que el esfuerzo económico que los colombianos tendrán que hacer en este cuatrienio va mucho más allá: impuestos adicionales, más años de trabajo para la jubilación, menores pensiones y congelación de salarios. Semejante cascada de anuncios en tan poco tiempo ha resultado algo muy difícil de digerir.

Con la decisión presidencial de emprender todas estas reformas simultáneamente Uribe dejó muy claro que su estilo no sería el de hacer las cosas poco a poco sino más bien el de acometerlas de una vez y a fondo. Mientras que Andrés Pastrana tardó tres años en decidirse a presentar al Congreso la reforma pensional, que es políticamente difícil por la oposición de los sindicatos, Uribe no sólo la presentó sino que la acompañó de la reforma laboral, que es igualmente rechazada por las centrales obreras. Tampoco dudó en proponer en el referendo la congelación del gasto público de todo el Estado, lo cual cobija los salarios de los funcionarios, que es una medida bastante impopular.

En el primer mes de gobierno Uribe destapó sus cartas en lo que tiene que ver con el apretón económico. Y decidió jugárselas todas en su primer semestre ante el Congreso, pues en todos los casos se trata de medidas que debe aprobar el Legislativo. Es cierto que algunas de ellas venían de atrás, como la pensional. Desde 1999 se viene hablando en el país de la urgencia de equilibrar financieramente el sistema de forma que haya con qué pagar las mesadas. Esto pasa por cambiar los requisitos para la pensión (semanas cotizadas), aumentar los aportes y eliminar los regímenes privilegiados.

Otras medidas económicas de Uribe no son más que la extensión natural de sus promesas de campaña. Así, la seguridad democrática llevó al impuesto al patrimonio. Y la derrota al Estado burocrático se tradujo en fusión de ministerios, en la propuesta de eliminar contralorías y personerías y en una reestructuración del aparato estatal que implicará la salida de cerca de 10.000 funcionarios en los próximos cuatro años. Las promesas de seguridad y reducción de la burocracia sonaban muy bien en la campaña pero en los primeros días de gobierno se vio que también tenían su costo: impuestos y despidos.

Las restantes reformas de Uribe, en cambio, no se podían anticipar tan claramente desde la campaña. Es el caso de la tributaria y, sobre todo, de la congelación del gasto. Estas se impusieron más bien por la fuerza de los hechos.

'El Titanic'

El 7 de agosto pasado, al mismo tiempo que Uribe asumía la Presidencia y un mortero impactaba la Casa de Nariño, el Fondo Monetario Internacional anunciaba a las carreras un enorme préstamo gigante para rescatar a Brasil del colapso financiero y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacía lo propio con Uruguay.

Estos hechos tuvieron en Colombia una repercusión de la mayor gravedad: al gobierno recién posesionado se le cerraron las fuentes de financiamiento externo, pues los inversionistas ya no querían arriesgar un sólo dólar prestándolo a un país latinoamericano endeudado. Esto disparó la divisa norteamericana y, de carambola, contribuyó al desplome de los títulos de deuda interna del gobierno (TES), que estrenó al equipo económico del nuevo gobierno.

Cuando el director del Departamento Nacional de Planeación, Santiago Montenegro, habló de dar un timonazo para evitar un naufragio estilo Titanic, estaba visiblemente asustado. Pero no tanto porque el déficit fiscal se hubiera agrandado -algo que se sabía desde antes- sino porque no había con qué financiarlo. Fue en ese momento que el tema fiscal se impuso sobre las demás prioridades de la administración Uribe.

El referendo de reforma política se volvió económico con la propuesta de congelar el gasto público. El Presidente y su Ministro de Hacienda fueron a Washington a conseguir recursos para solucionar la crisis de financiamiento -y lo lograron-. Simultáneamente le metieron el acelerador a la reforma tributaria.

Los contribuyentes apenas terminaban de hacer las cuentas de lo que les tocaría pagar por el impuesto al patrimonio cuando se conoció el contenido del proyecto tributario: cárcel para evasores, aplicación del IVA a más productos y una sobretasa temporal del 10 por ciento al impuesto de renta (ver artículo página 72). Estos tributos le sacarán al sector productivo cerca de dos billones de pesos el año entrante, lo cual tendría un impacto recesivo, según han advertido muchos analistas. El propio gobierno admite que se podría frenar un poco la actividad económica, aunque señala en seguida que la situación sería mucho peor si no se ajustan de una vez las finanzas públicas.

Con los nuevos impuestos los colombianos empiezan a sufrir de asfixia tributaria. La sensación generalizada entre los ciudadanos es que en Colombia ya se pagan muchos impuestos. Es una percepción que no se refleja en los datos. Mientras en el país la tributación equivale a 13 por ciento del Producto Interno Bruto, en países con similar grado de desarrollo esta cifra está entre 17 y 19 por ciento. Pero en Colombia el problema no es tanto que se paguen muchos impuestos sino que éstos se distribuyen entre muy pocas personas.

De entrada, la mitad de la población vive en la pobreza y no tiene mayor capacidad de aportar al Estado. Pero entre los que sí la tienen, no todos declaran y aportan lo que debieran. De manera que el mayor esfuerzo siempre termina recayendo sobre las mismas 350.000 personas naturales y 150.000 sociedades que declaran renta. Cuanto más juiciosas sean éstas en sus declaraciones mayor es la carga que tienen que asumir.

Pasados los primeros tres meses de la administración Uribe los colombianos han visto cómo los 100 puntos de su manifiesto democrático se convierten, uno por uno, en recortes y más impuestos. Plata para seguridad, para la revolución educativa, para la salud, para pagar la deuda social? El candidato de la mano dura se convirtió rápidamente en presidente de la mano al dril.