Aberrante caso de mutilación genital a bebé indígena prendió las alarmas; Procuraduría pidió al Icbf informe de acciones inmediatas

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) un informe sobre las acciones tomadas para restablecer los derechos de una bebé indígena y su madre adolescente, después de que la bebé fuera sometida a una ablación genital (mutilación genital) en el departamento de Risaralda.

De acuerdo con el Ministerio Público, el informe debe incluir las medidas adoptadas por el Icbf para prevenir y combatir la mutilación genital femenina en niñas y adolescentes en todo el país, así como la confirmación de si se han llevado a cabo diálogos o acciones de sensibilización con las autoridades indígenas y las comunidades afectadas por este problema.

La Procuraduría también requirió a la directora General del Icbf, Astrid Cáceres, que informe sobre las medidas adoptadas para restablecer los derechos de otra menor de edad en el caso reportado por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en que una niña de quince días de nacida fue atendida por desnutrición severa, gastroenteritis y mutilación genital traumática. Además, el Icbf debe proporcionar al Ministerio Público el número de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) abiertos desde 2018 hasta la fecha en relación con la mutilación genital femenina en niñas y adolescentes.

El organismo de control considera de gran importancia que el Icbf, como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, “propicie espacios de sensibilización y diálogo con las autoridades indígenas y la comunidad, así como la articulación con otras entidades para prevenir que se vuelvan a presentar estas prácticas que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las adolescentes indígenas”.

Casos de mutilación en Risaralda

En Risaralda hay alerta entre las autoridades tras conocerse el informe del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), que pertenece al Instituto Nacional de Salud, acerca de los nuevos casos de mutilación genital en menores de edad.

De acuerdo con la secretaria de Salud Pública del departamento, Sandra Milena Gómez Giraldo, se ha podido conocer cerca de diez sucesos de esta clase en las últimas dos semanas, de los cuales nueve pertenecen a comunidades indígenas del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda, y otro más al Chocó.

Explicó que ya se solicitó por escrito desde la Gobernación de Risaralda la vinculación al análisis y atención de estos hechos a otras entidades como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría General de la Nación y la Asamblea Departamental.

También destacó que en esta denominada Ruta Fucsia se recibirá apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para dar claridad a los casos en los cuales se haya presentado algún acto ilícito, ya que en uno de los más recientes se sospecha que la menor sometida a mutilación genital fue además abusada sexualmente.

“Con la activación de la Ruta Fucsia se logra garantizar una vía de atención adecuada integral que comprende salud, protección y justicia”, aseguró.

Acerca de la labor que se desempeña desde la Secretaría de Salud Pública, su titular precisó que es fundamental la articulación de esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Social de Risaralda para adelantar un trabajo directo con las mujeres pertenecientes a las comunidades indígenas, el cual está dirigido a la promoción en salud y la prevención de cualquier hecho relacionado con la violencia de género.

Igualmente, en Risaralda se busca el fortalecimiento de la salud mental en las mujeres indígenas y la capacitación para las parteras ancestrales, ya que ellas son las que realizan estos procedimientos a las niñas pequeñas o recién nacidas, como la ablación genital.

El panorama es alarmante, por eso, la Procuraduría Pidió al Icbf el informe con sus acciones inmediatas ante este flagelo.

¿Qué dice el Icbf?

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) aseguró que, en Risaralda y Chocó, por violencia sexua, abrió 12 procesos administrativos de restablecimiento de derechos y se encuentra realizando la verificación de derechos en otros 4 casos, y que está trabajando de la mano con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas para dar asistencia técnica a las Comisarías de Familia de los municipios que tienen a cargo casos de mutilación genital femenina.

“Para nosotros la mutilación genital femenina es una vulneración a los derechos de las niñas indígenas y, por lo tanto, nos vemos en la obligación de protegerlas y abrir los procesos para garantizarles sus derechos. Estamos trabajando con las comisarías de familia y el sector salud para brindarles atención inmediata a las víctimas”, aseguró la subdirectora general del Icbf, Adriana Velásquez.

Y añadió: “El Icbf promueve el diálogo genuino y el trabajo en conjunto con las comunidades indígenas para construir acciones que tengan arraigo cultural pero que vayan en línea del cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes y prevenga este tipo de violencia sexual”.