Las 10 papas calientes que deben definir las cortes este año

1. Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia:

Una de las actuaciones judiciales más sonadas de 2019 fue la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe en el marco de la investigación por presunta manipulación de testigos. El caso continuará a comienzos de 2020 con la definición de su situación jurídica, decisión que le corresponde a la recién creada Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Además, en febrero se sabrá si Diego Cadena, el abogado del expresidente, va a la cárcel o no, también por este caso.

Las investigaciones han arrojado hasta ahora que el abogado Cadena desembolsó dineros a favor de varios testigos que participaban en casos contra Iván Cepeda y el llamado grupo paramilitar de los 12 Apóstoles. Se tiene evidencia, por ejemplo, de al menos 7 millones de pesos que se le entregaron al exparamilitar Carlos Enrique Vélez: Cadena dice que era plata para viáticos, Vélez dice que era para testificar que Cepeda lo estaba presionado. Eurídice Cortés, alias Diana, también admitió pagos por 700.000 pesos, que son investigados por las autoridades.   

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2. ¿Doble instancia para el exministro Andrés Felipe Arias?

El caso del exministro Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, sigue estando en el centro del debate político y jurídico en el país. Luego de pasar dos años detenido en los Estados Unidos, en julio de 2019 Arias fue deportado y entregado a las autoridades para que cumpla la condena de 17 años de cárcel que le impuso el máximo tribunal.

La decisión se profirió en 2014 y desde entonces, el nombre de Arias se convirtió en el símbolo de una pelea por abrirle la posibilidad de doble instancia a los aforados constitucionales. Actualmente, el Congreso tramita la llamada "Ley Arias", un proyecto presentado por el Centro Democrático y con el cual se busca que quienes fueron condenados en única instancia, como el exministro, tengan un derecho de revisión de sus procesos. El proyecto de Acto Legislativo alcanzó a superar su primer debate antes de cerrar 2019. Paralelamente, la Corte Constitucional estudiará una tutela que interpuso el exministro y busca el mismo efecto. 

3. Pelea por el el fracking:

El Consejo de Estado tomará una decisión trascendental para el futuro económico del país. Los magistrados del máximo tribunal de lo contencioso administrativo deberán pronunciarse de fondo sobre la posibilidad de realizar o no fracking en Colombia, un método de fracturación hidráulica del subsuelo para la extracción de petróleo que causa alarma entre ambientalistas.

Ha sido tanta la polémica alrededor del tema y tan fuertes los argumentos de uno y otro lado que, en septiembre de 2019, el alto tribunal decidió mantener como medida cautelar la suspensión de los proyectos de fracking en el país mientras toman una decisión de fondo. Los magistrados, sin embargo, le autorizaron al Gobierno nacional la realización de pruebas piloto, con el fin de conocer y evaluar las posibles consecuencias negativas que este método de extracción pueda tener para el medioambiente y las comunidades. Desde diversos sectores alertan porque, de no autorizarse el fracking, se pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal del país.

4. ¿Se despenalizará el aborto? 

Durante los primeros meses del año, los magistrados de la Corte Constitucional podrían tomar una decisión polémica. Actualmente, una mujer puede interrumpir su embarazo si apela a alguna de las tres causales permitidas por los tribunales. No obstante, algunos juristas están contemplando la posibilidad de despenalizar abiertamente el aborto durante las primeras 16 semanas de gestación.

La puerta de entrada para retomar esta espinosa discusión son dos demandas de constitucionalidad presentadas por la abogada Natalia Bernal Cano; con estas, busca que el país regrese a la penalización completa. La ponencia le correspondió a Alejandro Linares, un magistrado de ideas progresistas que fue el primero en abrirle la puerta al aborto sin límite de tiempo dentro de las tres causales.

En contra de la iniciativa, en principio, estarían los magistrados Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero y Cristina Pardo Schlesinger. Los otros seis magistrados podrían terminar apostándole a una decisión menos restrictiva, dado que las barreras de acceso dentro de las causales permitidas siguen ocasionando estragos en la salud de las mujeres gestantes. Para que haya humo blanco en la Corte Constitucional se requieren cinco votos.  

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5. La polémica delimitación de la Línea Negra

Los problemas de interpretación respecto al decreto que delimitó la llamada Línea Negra aún no tienen una respuesta de la Corte Constitucional. Se prevé que los primeros meses de 2020, los magistrados tomen una decisión frente al alcance de dos tutelas que reclaman por primera vez la aplicación de la normativa presidencial firmada en 2018. Diversos sectores han alertado porque la amplitud de los términos en que está redactado el decreto podría poner en jaque el desarrollo de los departamentos de la costa Caribe. 

Las tutelas fueron interpuestas por indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta con el fin de que se les garantice el derecho fundamental a la consulta previa en los territorios que están incluidos dentro del perímetro de la Línea Negra. Dicha demarcación obliga al Estado a una protección especial dado que allí se encuentran 348 sitios sagrados de los pueblos indígenas. La controversia gira alrededor de si la línea debe ser interpretada como puntos aislados o como un área dentro del polígono que se forma después de unirlos.

Lo cierto es que por proteger el perímetro sagrado -el cual incluye resguardos, pueblos y lugares de pagamento- se terminaron incluyendo dentro del área ciudades, parques nacionales, ríos y hasta parte del mar. Algunas voces han alertado porque la aplicación literal del decreto podría paralizar el desarrollo de cualquier obra en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. 

6. Las deudas en caso Odebrecht

En tres años del caso Odebrecht en Colombia, las investigaciones han dejado 91 personas indagadas, de las cuales 18 están privadas de la libertad, 39 indiciadas, 4 personas con imputación de cargos ante jueces, 12 acusados, 8 condenados y 6 en juicio. De este balance persisten pendientes respecto a la judicialización de los ejecutivos de la brasileña Éder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni, Amilton Ideaki y el mismo Yesid Arocha, quien fue abogado de la firma durante años.

También está pendiente de resolverse el futuro de contratos que se presume fueron adquiridos mediante maniobras de corrupción tales como Navelena y Estabilidad Jurídica. En lo que concierne a la participación de Odebrecht en campañas electorales, también deberá al fin realizarse la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento a Esteban Moreno, David Portilla y Andrés Sanmiguel, claves dentro del capítulo de contratos ficticios firmados con la empresa Gistic Soluciones Integrales y su presunto desvío a los partidos del Gobierno Santos: La U, Cambio Radical y Liberal.

7. Reforma Tributaria y Ley del Plan: 

Después del golpe demoledor que dio la Corte Constitucional a la reforma tributaria tramitada por el Gobierno Duque, se aproxima la segunda parte. Para corregir los vicios insalvables de trámite que encontró el alto tribunal, el Ejecutivo tramitó una nueva iniciativa que fue aprobada por el Congreso en diciembre. En este contexto la Corte Constitucional tendrá que continuar revisando las demandas que estaban en curso y darles trámite a nuevos reclamos ciudadanos sobre el articulado. 

Adicionalmente, los magistrados tendrán que comenzar a estudiar el paquete de demandas contra la Ley del Plan de Desarrollo, cuya revisión deberá superar su primera prueba de fuego: los presuntos vicios en el trámite. 

8. Curules de paz para las víctimas:

Antes de cerrar 2019, se desató gran controversia alrededor de un proyecto anunciado por el Gobierno Duque para proveer 16 curules que el acuerdo de paz avaló para las víctimas. Según el primer mandatario, se promoverá una iniciativa para que estos escaños en el Congreso los entreguen los mismos partidos políticos.

Por otra parte, en las altas cortes avanzan demandas que podrían revivir la idea original de estas curules, teniendo en cuenta que el presidente del Senado declaró hundido en 2018 el proyecto de ley que las creaba por falta de votos.

La demanda que va más avanzada es la que interpuso el exministro Guillermo Rivera ante el Consejo de Estado. Los magistrados de la Sección Primera aprobaron darle prioridad y arrancar el debate en enero. La ponencia la tiene el magistrado Roberto Serrato.

En paralelo, la Corte Constitucional admitió una tutela del senador Roy Barreras en donde pide que los magistrados, aplicando su propia jurisprudencia alrededor del quorum mínimo decisorio, declaren aprobado el acto legislativo que da vida a las curules. 

9. Veredicto en caso de Luis Alfredo Ramos: 

Dos magistrados de la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia comenzarán a estudiar en cualquier momento la decisión que tomarán en el caso del exgobernador Luis Alfredo Ramos. El exgobernador de Antioquia fue procesado por parapolítica y se sometió a un juicio que terminó en 2017. El hecho de que la corte hubiera entrado en un proceso de transición hizo que su juzgamiento se dilatara por casi tres años de modo que hasta el momento no se ha proferido un veredicto.

A comienzos de 2018, cuando el magistrado ponente Eyder Patiño presentó su proyecto de fallo a sus compañeros de la Sala de Casación Penal de la Corte, se aprobó en el Congreso un Acto Legislativo que creó la doble instancia para aforados. Esto en plata blanca significó la creación inmediata de dos nuevas salas (una de instrucción y otra de juzgamiento) para estudiar los casos de los aforados. De esta manera, la ponencia de Patiño, que venía en sentido condenatorio, quedó en el aire, ya que el caso pasó a los nuevos juzgadores de primera instancia.

El nuevo proyecto de fallo le correspondió al magistrado Ariel Augusto Torres, quien está puliendo los últimos detalles para repartirlo. Aunque la sala que tome la decisión debería estar conformada por tres magistrados solo serán dos los que firmen. La razón es que en diciembre se retiró de la corte el magistrado Ramiro Alonso Marín Vásquez, de modo que quedaron solo Jorge Caldas y Torres para decidir. 

10. Glifosato continuará...

La Corte Constitucional fue la encargada de abrirle una rendija al Gobierno para que -previo cumplimiento de un listado de requisitos- proceda a reanudar las aspersiones con glifosato. Desde entonces, el Ejecutivo avanza en planes para cumplir con las reglas y establecer controles de riesgo a las comunidades, tal como lo ordenan las decisiones judiciales. El auto de la corte sobre el tema aún no se ha expedido y será de los primeros pronunciamientos que haga el alto tribunal entrando 2020.  

Aunque la decisión está tomada, SEMANA conoció que el auto definitivo se quedó estancado en ajustes técnicos con respecto a qué tan lejos pueden ir los magistrados al condicionar la aspersión al cumplimiento del acuerdo de paz. Para algunos togados, está claro que la corte no puede hacer política pública por medio de una sentencia; sin embargo, el magistrado ponente Alberto Rojas se la juega por una descripción detallada de las medidas que deberá adoptar el Gobierno en materia de control de drogas para cumplirle a la paz. 

Sin conocerse la decisión definitiva, el Gobierno presentó su borrador de decreto en el que acata varias de las órdenes del alto tribunal. Todo el plan del Gobierno para reanudar las aspersiones deberá contar con la bendición del Consejo Nacional de Estupefacientes. Una vez se reanuden las operaciones, se da por descontado que el tema vuelva más temprano que tarde a los estrados judiciales, dado el alto impacto y la polémica que el uso del glifosato genera en las regiones. 

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