Abren indagación por posibles irregularidades en manejo del PAE en Cundinamarca

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa a las entidades incursas en el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el departamento de Cundinamarca, por las presuntas irregularidades en la falta de pagos, pagos atrasados y pago por menor valor, sin inclusión de los aportes de prestaciones sociales en los contratos de las manipuladoras de alimentos del PAE.

La situación, denunciada por varios ciudadanos, produjo que el que 18 de octubre de 2022 el personal no se prestara el servicio y se declarara en cese de actividades en los municipios de Bituima, Villa Pinzón, Tausa, Sopó, Pacho y Bojacá, situación que afectó a más de 1.000 niñas, niños y adolescentes beneficiarios de la iniciativa.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca indagará las razones por las que, al parecer, los diferentes actores han incumplido de alguna manera con sus obligaciones dentro del programa, dando origen a este cese de actividades.

La Entidad ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si son constitutivos de falta disciplinaria.

Llamado a nivel nacional

Después de la advertencia que hizo la Procuraduría General de la Nación sobre serias inconsistencias de 36 entidades territoriales, en los reportes de información para el seguimiento y monitoreo de los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el ente de control ha decidido tomar medidas más estrictas.

Como medida preventiva, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado en las últimas horas a los alcaldes y gobernadores del país un informe detallado sobre las condiciones de sanidad y salud en la entrega de las raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), esto con el fin de velar por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El boletín fue emitido por el Ministerio Público en su cuenta de Twitter:

En el documento, el Ministerio Público aseguró que les “requirió a los 32 gobernadores y a los 64 alcaldes inscritos y municipios certificados un informe de sus obligaciones para garantizar la calidad de los alimentos servidos a los beneficiarios del PAE”.

Esta medida adoptada por la Procuraduría tiene el propósito que las entidades territoriales se anticipen a los hechos que afecten el buen funcionamiento y las garantías del programa. Además, piden que se reporten cuáles fueron las actividades de inspección, vigilancia y control al programa durante el año en curso, con el fin de revisar la atención y la prestación de este servicio, así como identificar las falencias en la ejecución del mismo.

“Los mandatarios territoriales deberán precisar el cronograma de visitas de verificación que se adelantarán en lo que resta del año 2022, indicando la fecha tentativa de su realización para coordinar el acompañamiento del Ministerio Público en estas diligencias”, dice el boletín emitido por la Procuraduría General de la Nación.

El panorama es poco alentador. De hecho, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, que es responsabilidad de las administraciones departamentales y municipales, está bajo la lupa por varias razones y hoy es un auténtico desastre que tiene al Ministerio Público preocupado. Pese a ser la alimentación de los niños, es, al mismo tiempo, el botín de los corruptos.

Las cifras son escalofriantes: más de 180.000 niños en Colombia no se están beneficiando con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), siendo el departamento de Magdalena el que más llama la atención por el incumplimiento.