Abren indagación previa por presunta contratación irregular en el Fondo Nacional del Ahorro, ¿qué encontró la Procuraduría?

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios a determinar del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), debido a presuntas irregularidades en la contratación de personal para ocupar cargos para los cuales no cumplirían los perfiles profesionales requeridos.

La apertura de esta investigación, de acuerdo con el Ministerio Público, se basa en denuncias recibidas a través de medios de comunicación, en las cuales se señala que en el FNA se habría vinculado a personas cuya formación no se ajustaría a los requisitos establecidos para el ingreso, muchos de ellos presuntamente recomendados por congresistas.

Para el organismo de control, estas contrataciones podrían afectar la gestión del Fondo Nacional del Ahorro.

La Procuraduría también examinará el decreto 155 de 2022, mediante el cual la administración actual amplió la planta de servidores y modificó la forma de contratación, realizando contratos directos en lugar de utilizar el proceso temporal que normalmente emplea la entidad.

Además, el ente de control verificará el número de personas que han salido del FNA, algunos de ellos con varios años de antigüedad, así como los procesos llevados a cabo para tramitar los despidos y aquellos que podrían haber facilitado la entrada de nuevos empleados.

El objetivo de esta actuación disciplinaria de parte de la Procuraduría es determinar la veracidad de las presuntas conductas, establecer si constituyen faltas disciplinarias y determinar si se actuó o no amparado por una causa de exclusión de responsabilidad.

Exvicepresidente del FNA, a responder por contrato

Por otra parte, la Procuraduría General presentó cargos, en febrero pasado, contra el exvicepresidente financiero del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) Jorge Edwin Amarillo Alvarado por supuestas irregularidades en la firma de un contrato para arrendar equipos de administración de datos e información, suscrito por 13.900 millones de pesos.

Según informes conocidos por el Ministerio Público, durante el proceso de selección de la empresa que proporcionaría los equipos, Amarillo Alvarado les habría exigido a los interesados contar con un indicador de liquidez demasiado alto.

Esto habría llevado a que sólo una empresa presentara una oferta. Varias compañías expresaron su preocupación de que este requisito estaba restringiendo la participación de empresas con suficiente experiencia y solvencia financiera.

La Procuraduría destacó que, durante el proceso de selección, varias empresas le manifestaron al FNA que el requisito de un alto indicador de liquidez estaba restringiendo la participación de compañías con experiencia y solvencia financiera, que también podrían cumplir con el contrato.

Sin embargo, Amarillo Alvarado, quien en ese momento ocupaba el cargo de vicepresidente financiero del FNA, habría hecho caso omiso de estas preocupaciones y no corrigió los indicadores financieros que se establecieron en el proceso.

En ese sentido, el organismo de control señaló que Amarillo Alvarado se extralimitó en el ejercicio de sus funciones: “El investigado, en su condición de vicepresidente financiero del FNA, fue quien confeccionó los indicadores financieros exagerados e irregulares que se incorporaron en el proceso selectivo analizado, y teniendo la oportunidad de corregirlos (así se lo habían hecho saber varios interesados) no lo hizo, y peor aún, nunca los justificó en debida forma”.

Cabe recordar que la Procuraduría y la Fiscalía tienen los ojos puestos sobre un millonario fraude realizado en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), luego de que SEMANA reveló una maniobra con la que dos vicepresidentes supuestamente torcieron las normas de contratación para dejar una cartera de 131.433 millones de pesos en 68.435 millones, un valor irrisorio que deja en evidencia una pérdida para el Fondo de cerca de 63.000 millones.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017 y, si no fuera por las pesquisas de la Fiscalía, este oscuro negocio habría pasado desapercibido. Sus autores fabricaron una cortina con apariencia de legalidad en la que incluso modificaron el manual Sarc (Sistema de Administración del Riesgo Crediticio), de tal manera que en la transacción no se notaran las irregularidades.