NACIÓN
Abren investigación a congresista por presuntas irregularidades en el PAE
Los hechos de la investigación se remontan a cuando el representante Erwin Arias Betancur se desempeñó como alcalde de La Dorada (Caldas), entre 2012 y 2015.
Por presuntas irregularidades en la ejecución y supervisión de un convenio para garantizar la atención alimentaria de niños, niñas y adolescentes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Procuraduría General de la Nación abrió investigación a Erwin Arias Betancur, representante a la Cámara de Cambio Radical.
Los hechos de la investigación se remontan a cuando Arias se desempeñó como alcalde de La Dorada (Caldas), entre 2012 y 2015.
La decisión también involucra a Juan Carlos Rozo Tapiero, exdirector administrativo de la división de educación del municipio; Johana Guillén López, exdirectora de la división de bienes; Jorge Iván Sepúlveda Escobar, también exdirector de la división de bienes. Igualmente, cobija a los exsecretarios de Salud, Leandro Augusto Gutiérrez; General y Administrativa, María Zulay León Alzate, y de Hacienda, Giovanny Giraldo Ascanio.
De acuerdo con el ente de control, se investiga si hubo incumplimientos en el desarrollo de un convenio suscrito con la Asociación Juvenil Visión Futura, por 570 millones de pesos.
Así mismo, se busca establecer si los investigados pudieron incurrir en falta disciplinaria por “posibles omisiones” en la entrega de los complementos alimentarios a los alumnos de los colegios El Japón, sede principal; Buena Vista, sede Colegio Oficial Mixto Guarinocito; Guarinocito, sedes Escuela Francisco José de Caldas y Escuela La Bocana, y Nuestra Señora del Carmen, sede Escuela Antonio José de Sucre.
"Al parecer, a una semana de cumplirse los 148 días pactados en el Convenio de Asociación N.° 19031503, del 19 de marzo de 2015 para la entrega de 47.360 desayunos a los estudiantes, solo habrían distribuido 2.560 raciones, y de los 107.744 almuerzos que debían prepararse en las instituciones educativas, solo habrían entregado 5.960”, indicó la Procuraduría.
El ente de control indicó que ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar “la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias, esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, y el posible perjuicio causado a la administración pública”.
