Abren investigación contra ministra de las TIC, Karen Abudinen, por polémico contrato con Centros Poblados

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación formal a la ministra, Karen Abudinen, para determinar responsabilidades disciplinarias por el caso del contrato entre este Ministerio y la UT Centros Poblados.

En el auto, la Procuraduría ordena varias pruebas, entre ellas: “Oficiar al Ministerio de las TIC a fin de que envíen, con destino a este proceso, certificación laboral de Karen Abudinen, indicando en ella salario devengado y última dirección registrada en su hoja de vida”.

Y lo segundo es “practicar inspección al expediente relacionado con el contrato estatal de aporte suscrito entre el fondo único de tecnologías de la información y las comunicaciones, y la unión temporal centros poblados Colombia 2020, para trasladar las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación”.

La Procuraduría indaga precisamente la responsabilidad que tiene la ministra en el caso. El documento señala que se está evaluando si es procedente ordenar o no suspensión provisional de la ministra Abudinen, titular de la cartera TIC, conforme a lo solicitado en la queja presentada por la Red de Veedurías Bien Común”.

Pero no solamente la Procuraduría le puso la lupa al tema. La Contraloría General también anda en busca de cada pieza necesaria para descifrar el entramado alrededor del contrato firmado entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), por un valor de 1,07 billones de pesos, para instalar centros digitales y conectar a más de 14.000 escuelas de zonas apartadas.

En este caso, el ente de control dice que había hecho alertas previas y, ahora, en el curso de las investigaciones que se adelantan, está verificando in situ cada peso invertido luego del desembolso por 70.000 millones de pesos, que ya el MinTIC le hizo al contratista. De igual manera, les siguen la pista a los recursos financieros con los que cuenta la UT, después de que se destapara que hasta las garantías bancarias presentadas para obtener la licitación eran falsas.

El escándalo de la entrega del contrato por más de un billón de pesos a la Unión Temporal Centros Poblados ha estado plagado de dudas. Van desde cambios en las actividades económicas de las empresas a pocos días de ganar la licitación, la participación de recordados protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá y hasta el giro de 70.000 millones de pesos sin las garantías necesarias. Pero lo que nadie se explica es cómo, en medio de tantas dudas, no hubo una vigilancia adecuada de los recursos y cómo se iban a invertir.