Abren investigación disciplinaria a concejal capturado en EE. UU. por narcotráfico; es señalado de integrar red transnacional de drogas

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra Tulio Peña Enríquez, concejal del municipio de El Charco, Nariño, quien fue capturado en New York, Estados Unidos, supuestamente por nexos con el narcotráfico.

El caso llamó la atención del Ministerio Público, que busca determinar si el funcionario salió del país de manera ilegal o utilizó su posición como concejal para llevar a cabo actividades ilícitas.

La información que motivó la apertura de la investigación disciplinaria indica “una presunta conducta censurable” de parte de un funcionario elegido por voto popular y que fue privado de su libertad en Nueva York. Según el documento de la Procuradora Provincial de Tumaco, Libia Marcela Pai Pantoja, quien tiene jurisdicción sobre esta área, esto “se traduce en una previsible y probable ausencia de las funciones propias del cargo público”.

Ante esta situación, la Procuraduría General solicitó a la presidencia del Concejo Municipal que proporcione información que respalde la ausencia de Peña Enríquez, quien fue elegido para el período 2020-2023, y si su viaje al extranjero estaba relacionado con sus funciones oficiales.

Asimismo, instó a Migración Colombia a entregar documentos que detallen la fecha y hora de salida del país, el estado migratorio, la posible fecha de regreso y el tipo de visa utilizada por el concejal para dicho viaje.

Cabe mencionar que el concejal, junto con otros familiares, está registrado en la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas debido a desplazamiento forzado.

Advierte la procuradora Pai Pantoja en su escrito de apertura de investigación “que la medida de privación de la libertad obedece a la presunta configuración de tipo penal consagrado en la ley como delito, que amerita establecer si este eventualmente tuvo lugar en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando de él”.

Captura del concejal Tulio Peña

En total, 12 personas fueron capturadas en medio de una operación realizada de manera conjunta entre el CTI de la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la agencia estadounidense DEA el pasado 26 de abril.

Los detenidos son señalados de integrar una red narcotraficante a la que se le atribuye la salida de toneladas de clorhidrato de cocaína por las costas del Pacífico colombiano rumbo a países de Centroamérica y Estados Unidos.

Entre los señalados figuran cinco integrantes de una misma familia, quienes fueron requeridos en extradición.

Tres de los notificados del requerimiento internacional fueron ubicados en Tuluá y Cali. Se trata de Aleido, Jhon Ledy y Juan Dionisio Peña Enríquez. Mientras que en Nueva York fueron localizados Jairo y Tulio Peña Enríquez, este último concejal del municipio de El Charco.

En la verificación se estableció que Aleido Peña Enríquez sería el cabecilla de la red ilegal, el encargado de contactar personas que aportaran recursos para financiar el andamiaje criminal, de dirigir el procesamiento de la cocaína y de coordinar la construcción de los semisumergibles.

De acuerdo con la Fiscalía, Aleido fue capturado en 2019 por tráfico de estupefacientes. Posteriormente, se postuló a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y fue aceptado; sin embargo, las autoridades de Estados Unidos tienen indicios, al parecer, de que habría continuado vinculado a las actividades delictivas.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó ante un juez de control de garantía a las otras siete personas que apoyarían las actividades ilícitas de los Peña Enríquez, y les imputó los delitos de: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir agravado; y uso, construcción y/o tenencia de semisumergibles agravado.

Dichos delitos endilgados no fueron aceptados por los procesados. En atención a lo anterior, el ente acusador resolvió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúan las indagaciones correspondientes.

Entre los procesados se encuentra una mujer señalada de financiar la actividad ilegal y seis hombres que, presuntamente, articulaban la logística, la producción de la cocaína y el transporte de los alijos.