Última hora: abren investigación por amenazas de abogado que prometió “silenciar micrófonos” de periodistas

La Fiscalía General abrió investigación, asignó un fiscal y confirmó que adelanta actos urgentes con respecto a las presuntas amenazas hechas en contra de varios periodistas en el país, en el sentido de “silenciar sus micrófonos” después de las elecciones del 29 de mayo.

Quien hizo la amenaza es un abogado y su trino menciona a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, y a las periodistas Salud Hernández y María Andrea Nieto. De igual manera, a Julio Sánchez (W Radio), Néstor Morales (Blu Radio), Luis Carlos Vélez (La Fm) y Paola Ochoa (Blu Radio).

Hace pocos días, precisamente, organizaciones que luchan por la libertad de prensa emitieron un pronunciamiento público en el que señalan que las vulnerabilidades y los riesgos para el oficio periodístico están llegando a un nivel crítico.

La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la Fundación Gabo, la Fundación Friedrich Ebert (Fescol) en Colombia y Consejo de Redacción (CDR), organizaciones integrantes del Proyecto Antonio Nariño, lanzaron una iniciativa por una mayor transparencia del periodismo en Colombia.

Aseguraron que durante el año 2021 documentaron el mayor número de ataques contra la prensa de la década. “En los últimos cinco años han sido asesinados siete periodistas, por lo que Colombia es considerado internacionalmente el segundo país de América más letal para la prensa, después de México”, alertan.

Estas organizaciones advierten que la falta de respuesta estatal frente a estos ataques es similar a la que se vive en gran parte de la región, que también ha tenido un año lamentable, con récord de periodistas asesinados, encarcelados, medios allanados y legislaciones restrictivas. “Lamentablemente, esta situación de vulnerabilidad se acentúa durante los procesos electorales”, aseguran.

Por otra parte, en la declaratoria destacan que la confianza de la ciudadanía en la prensa se encuentra en un punto muy bajo y existe una atmósfera de creciente escepticismo sobre la veracidad del contenido que reciben las audiencias. “Sin importar cuál es la fuente, cualquier información periodística es susceptible de ser recibida con suspicacia”, recomiendan.

“Somos conscientes de que en Colombia existen y han existido importantes sistemas de defensa de las audiencias. Nuestro empeño será determinar qué otras acciones pueden contribuir a la transparencia y actuación ética del sector, y de esa manera asegurar la permanencia de la función social que cumple el periodismo. También garantizar que exista un mecanismo permanente para pensar y hablar sobre la responsabilidad de los periodistas, que ayude además a prevenir o reducir la injerencia de los gobiernos u otros poderes externos sobre los medios y preservar la independencia editorial”, concluye el comunicado.