Absolvieron al empresario Julio Gerlein en la investigación por delitos electorales

Una importante decisión se conoció en las últimas horas y dejó inocente al empresario Julio Gerlein, en una investigación que adelantó la Fiscalía General por tres delitos relacionados con las elecciones de mayo de 2018 en el departamento del Atlántico, donde se advertía que hubo millonarias entregas de dinero para financiar campañas electorales.

Un juez concluyó, a partir de los elementos probatorios entregados por la defensa de Gerlein que no hubieron las presuntas irregularidades que se advertían en las denuncias, y que fueron asumidas por la Fiscalía a través de una investigación que estuvo en los despachos judiciales por más de 6 años.

Gerlein fue investigado por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al elector y violación de topes electorales. La Fiscalía insistió, luego de escuchar declaraciones, entre otras, de las congresistas Aida Merlano, que era necesario obtener una condena en contra del empresario. Sin embargo, el juez concluyó una situación diferente y lo absolvió tras advertir que no hay pruebas que lo incriminen.

En la etapa de juicio, la excongresista Aida Merlano aseguró que el contratista no tuvo conocimiento de las acciones irregulares que se adelantaron en la ‘Casa Blanca’, como se conocía la sede de campaña ubicada en el centro de Barranquilla.

“Que a mí me conste, él nunca se sentó con ningún líder ni con ninguna de las personas que trabajaron en esa sede para pactar o sugerirles que compraran votos, él no lo hizo. Eso lo hizo un equipo de trabajo que fue designado por la casa Char y fueron empalmados con el equipo de trabajo mío. Se unieron los dos equipos y cada persona era supervisada por un empleado de Cambio Radical para garantizar que el dinero girado por la casa Char no fuera girado a otros destinos sino que fuera a la compra de votos”, aseguró la excongresista en el relato conocido por SEMANA.

Merlano aseguró que pese a que Gerlein si fue uno de los grandes financiadores y apoyos en su carrera política, no se enteró de la compra de votos que se realizó para las elecciones de mayo de 2018, en las cuales quería dar el salto de la Cámara de Representantes al Senado de la República.

En la imputación de cargos hecha el 28 de agosto de 2018, la Fiscalía General aseguró que el contratista había tenido una participación directa en un entramado de corrupción creado con el propósito de alterar el proceso democrático de las elecciones del 2018.

El fiscal del caso aseguró que se creó una organización para favorecer unas candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban a líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas.

Por estos mismos hechos vinculó a un proceso penal a los diputados por el Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén ; a los concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja, y los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.