Superfinanciero, de destituido a suspendido 10 meses

Mientras el caso Interbolsa sigue su curso y la semana pasada fueron enviadas a la cárcel varias de las cabezas de esa firma corredora que tenían vínculos con el defraudado Fondo Premium, el proceso disciplinario en contra de los encargados del Estado para prevenir esa hecatombe tuvo un nuevo desarrollo.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, definió en segunda instancia la situación de varios funcionarios de la Superintendencia Financiera, entre ellos la cabeza de la entidad, Gerardo Hernández.

La sanción de destitución e inhabilidad por 12 años en contra de Hernández se modificó a la sanción de suspensión de 10 meses del ejercicio del cargo, al hallarlo “responsable de falta grave, a título de culpa grave por no adoptar las medidas tendientes a evitar el grave perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público”.

No obstante, a Procuraduría absolvió al superintendente Hernández y a sus delegados Diego Mauricio Herrera (superintendente para Riesgo de mercado e integridad) y Rosita Esther Barrios (superintendente para supervisión de Riesgos y conductas de mercado) de la falta que originó en el fallo de 27 de noviembre del 2013 su destitución e inhabilidad por 12 años.

Esto es la presunta omisión de denuncia ante las autoridades penales de los delitos ocasionados en las operaciones fraudulentas de agentes de Interbolsa, asunto que fue en esta ocasión reevaluado por el Ministerio Público a favor de los implicados.

También se absolvió de toda responsabilidad disciplinaria a Luis Fernando Cuadrado, en su condición de superintendente delegado para Intermediarios de valores y otros agentes.

Argumentos

Según el Ministerio Público, el superintendente conocía desde el 2011 “la posible manipulación del precio de las acciones por parte de la comisionista Interbolsa, liquidada el 7 de noviembre del 2012 por el incumplimiento de sus obligaciones”.

Para la Procuraduría, el “error vencible” del funcionario pudo haber sido superado con un simple “ejercicio juicioso y diligente respecto de los elementos con los que contaba”, para evitar el perjuicio de los inversionistas del mercado de valores y, en especial, de Interbolsa.

Bajo los mismos argumentos, el procurador general impuso sanción disciplinaria de suspensión por el término de ocho meses a Herrera y Barrios.

En cuanto a la presunta omisión de denuncia de los graves hechos que se presentaban en la firma corredora de valores, el Ministerio Público halló que la Superintendencia sí había puesto dicha información en conocimiento de las autoridades una vez se agotó su propio procedimiento administrativo, y no antes, como reclamó en un principio la Procuraduría.