NACIÓN
Abuso sexual en colegios: las cifras de la Procuraduría
El número de sanciones proferidas por el Ministerio Público contra docentes, rectores y funcionarios de instituciones educativas, reitera lo que hace unos días se reveló: es preocupante la situación de abusos en las aulas de clase.
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Pocos días después de que la senadora del Partido Verde Gilma Jiménez denunciara que cerca de 450 casos de abusos en las aulas de clase son denunciados cada año ante las autoridades, y que señalara que según datos del Instituto de Medicina Legal en el año 2009 se registraron 399 abusos sexuales en instituciones educativas del país, nuevas cifras resaltan la dramática y silenciosa situación que se vive dentro de los colegios.
Un informe del 9 de noviembre de este año de la Procuraduría General de la Nación sobre las sanciones proferidas a docentes y otros miembros de instituciones educativas demuestran que las cifras van en aumento.
Mientras que en el 2004 un docente fue sancionado por esta razón en todo el país, el año anterior fueron 41. Eso sin contar a rectores, servidores públicos y funcionarios de las instituciones educativas, pues si se suman los abusos cometidos por estos dentro de las instituciones las estadísticas de sanciones por parte del Ministerio Público crecen: en 2009 llegan a 54 casos.
Si se observan años anteriores las cifras sorprenden, son pocas las sanciones. La duda que surge es si eran menos los casos o si definitivamente el abuso en las aulas de clase no son denunciadas y sancionadas en su totalidad.
En el año 2005 sólo se dieron seis sanciones. En el 2009, nueve. En el 2007, quince. Y en el 2008, 78. Lo que resulta poco si se tiene en cuenta que según lo revelado por la senadora Gilma Jiménez, en el 2008 se denunciaron 410 abusos sexuales cometidos en colegios, de los cuales 202 fueron protagonizados por profesores.
Si se observa el 2009 la situación es parecida. De 399 abusos sexuales registrados en instituciones educativas del país, de los cuales 175 profesores están señalados de haber cometido los hechos, sólo hubo 49 sanciones por parte de la Procuraduría, según señala su informe.
La situación entre los años 2004 y 2009 no es diferente. Tan sólo en 18 secretarías de educación departamentales, incluyendo la de Bogotá, sólo hubo conocimiento de 260 casos de abuso, mientras las sanciones por parte del Ministerio Público fueron de 163.
Las estadísticas, reveladas por la senadora del Partido Verde Gilma Jiménez, comparadas con las sanciones no dejan duda de que el abuso a menores sigue siendo un crimen silencioso y aún muy oculto.
