La mayoría del abuso sexual infantil se presenta en la familia

En el 2014, con ocho años de edad, una niña ingresó al programa de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por el maltrato físico de sus padres y por presuntos abusos sexuales. La niña huyó de su casa por cuenta de la violencia que se vivía allí y del alto consumo de alcohol de su familia.
 
Después de valoraciones y entrevistas con psicólogos se constató que le pegaban con frecuencia y que el dueño de la casa donde vivía había abusado de ella. Hoy tiene 10 años y según el ICBF su tratamiento terapéutico fue efectivo y ha superado la situación de abuso. Sin embargo, la Juez 29 de familia recientemente ordenó el reintegro inmediato a su familia. El caso generó polémica e indignó a la entidad para quien regresar a la niña a su entorno familiar sería un atentado contra sus derechos y representaría un riesgo para su integridad.
 
“Las investigaciones penales resultan ser muy complejas cuando el presunto agresor es uno de los padres porque el defensor de familia no puede ordenar el reintegro a la familia, hasta que no se decida sobre la responsabilidad del agresor” señala la directora de protección del ICBF, Ana María Ferguson. La funcionaria, quien día a día atiende múltiples casos similares a este cuenta lo difícil que es en la práctica proteger a los niños del maltrato.
 
En este caso, el ICBF decidió interponer una tutela para evitar cumplir con la orden del juez y está a la espera de cuál será el fallo. La funcionaria explica que no se trata de un caso aislado. Según le dijo el director de Medicina Legal a Semana.com en una reciente entrevista “el 95 % de los agresores de los niños son personas conocidas. Y dentro de ese 95 % los principales agresores son las personas que están en la línea directa del afecto: padres, padrastros, abuelos, hermanos mayores”.
 
Ferguson registra cada semana cientos de estos casos. Pero no deja de sorprenderse e indignarse. El pasado 6 de octubre, por ejemplo, en un operativo conjunto entre el ICBF y la Policía Nacional fue rescatada una bebe de 17 meses víctima de abusos por parte de sus padres y de su abuela paterna quienes la utilizaban para pornografía infantil en una red internacional.
 
Desde ese momento la niña ingresó al programa de protección del ICBF dado su delicado estado de salud. Su madre tiene 17 años y era quien hacía los videos. Por estos hechos hay denuncia penal contra sus padres y la abuela paterna por el delito de abuso sexual y pornografía infantil.
 
Por eso, Ferguson alerta que si Colombia quiere realmente proteger a los niños es necesario actuar en su entorno familiar.
 
La funcionaria explica que cuando sucede un caso de violencia sexual contra un niño, niña o adolescente se debe activar una ruta de atención inmediata por parte del sector salud, ya que estos casos son definidos como un evento de salud pública y una urgencia. Se practican todos los exámenes médicos y se evitan posibles contagios sexuales o embarazos forzados. Después se remiten los resultados al Instituto Nacional de Medicina Legal para que haga parte del dictamen pericial y de las pruebas que se allegarán a la investigación penal.  
 
De esta forma, se adelantan dos procesos paralelos: uno a cargo del ICBF en cabeza de los defensores de familia quienes deben garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se restablezcan y, otro por la Fiscalía referido a la investigaciones de estos crímenes. Si bien uno no depende del otro, en la práctica las deficiencias se dan por la falta de celeridad en las investigaciones, afirma la directora de protección del ICBF.
 
Entre enero 2015 y febrero de 2016 se presentaron 17.118 casos de niños, niñas y adolescentes que ingresaron como víctimas de violencia sexual y que se encuentran en trámite de los defensores de familia para ordenar medidas que restablezcan sus derechos,  dentro de las que están el reintegro familiar o la declaratoria de adoptabilidad.
 
Para el ICBF la cantidad de casos es alarmante, pero es más grave aún si se tiene en cuenta que muchos no denuncian. En muchos sectores de la sociedad estas conductas son permitidas, toleradas o incluso promovidas por las familias.
 
La rapidez en la atención de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es fundamental, por eso el ICBF viene capacitando a los defensores de familia y comprometiendo a otras entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, de Educación, entre otros, para que se articulen y den una respuesta integral durante las primeras 72 horas. También adelantan la campaña ‘Te Protejo’ que invita a que se denuncien los casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes o a través de la línea 141.
 
La articulación de las entidades es necesaria, pero no es suficiente. Se requiere que las familias conozcan que pasa en su interior y que puedan identificar alertas y advertir los riesgos en que se pueden ver los niños para alertar inmediatamente a las autoridades.